Un factor determinante del crecimiento y la consolidación del más reciente proceso migratorio es para Daniel Zarate, de la delegación local de Migraciones, el cúmulo de resoluciones estatales adoptadas a partir de 2003 en lo que a derechos y regulaciones de la inmigración se refiere. En este sentido, destaca la importancia de la nueva ley migratoria argentina: “Es vanguardia en el mundo porque concibe el derecho a migrar como un derecho humano. Es decir, el Estado se guarda el derecho a requerir documentación para identificar a quienes entran, pero no existe tal cosa como el cupo de inmigrantes que hay en Estados Unidos. Desde mi llegada a la delegación en 2007, se han triplicado la cantidad de trámites. Si bien siguen viniendo más extranjeros de los que se vuelven, esto no necesariamente quiere decir que cuantitativamente se haya triplicado la cantidad de inmigrantes, sino que mejoraron cualitativamente su situación, porque se están documentando”.
Uno de los dispositivos estatales para incentivar el afincamiento legal de los inmigrantes es el programa Patria Grande, un plan nacional basado en un concepto latinoamericanista, desarrollado entre 2006 y 2009 para facilitar la regularización de los inmigrantes, principalmente sudamericanos, al cual se adhirieron 750 mil personas del millón que se estimaba que se encontraba en condición irregular. Estas cifras implican que el extranjero que vino a probar suerte se quedó, trajo a su familia y se asentó.
El funcionario valoriza las políticas migratorias argentinas, que contrastan con las de muchos otros países y que persiguen la finalidad de integrar al extranjero como un miembro pleno de la comunidad nacional: “El Estado, en lugar de ejercer ese rol de policía que vemos en otros países para con el inmigrante, lo asiste y ayuda a regularizar su situación.
Es un modelo de Estado totalmente diferente. La idea es incluir, no repeler. Posibilitarle al inmigrante el poder trabajar regularmente, adquirir cobertura de salud de su sindicato o de su gremio, consumir, contribuir con sus impuestos o ejercer sus derechos ciudadanos, por ejemplo”, concluye Daniel Zárate.
