Hasta hace poco, cuando un médico entraba a hacer la residencia en la salud pública de Rosario, se topaba con el síndrome de Mondor desde el primer día. Hoy ver un caso es una rareza. Los recién recibidos escuchan ese nombre en la facultad. Saben por los apuntes que es una complicación típica de un aborto mal hecho y no ignoran que tiene una mortalidad del 80 por ciento. Desde el 2012 ninguna mujer llegó bajo esa condición a los hospitales municipales de la ciudad. El dato responde a una baja en los riesgos que corren las mujeres a la hora de abortar. El año pasado de 550 interrupciones legales de embarazo, solo 169 necesitaron internación. Una década atrás todas eran hospitalizadas. Según el coordinador de Salud Sexual, Daniel Teppaz, el descenso revela una “despenalización institucional” iniciada hace diez años de la mano de la Campaña Nacional Por el Aborto Legal Seguro y Gratuito. Al debate social que trajo la iniciativa del movimiento feminista argentino se suma el crecimiento del uso de anticonceptivos y la incorporación del misoprostol, droga recomendada por la Organización Mundial de la Salud para abortos sin intervención quirúrgica.
La mujer decide
En Argentina desde 1921 el aborto está penado por la ley salvo en dos excepciones. Cuando hubo una violación y cuando está en riesgo la salud de la mujer. La salud se entiende de modo integral por lo que va más allá de lo físico, incluyendo lo psíquico y lo emocional. En cualquiera de las dos circunstancias, la mujer debe dar el consentimiento. “No somos los médicos los que establecemos las causales, sino que siempre debemos interpretar dentro del concepto de salud integral e informar a la mujer todas las opciones. Establecemos los riesgos de continuación de embarazo y la mujer decide cuánto está dispuesta a soportar”, explicó Teppaz a El Ciudadano.
En los cuatro hospitales públicos de Rosario los médicos hacen las interrupciones legales bajo protocolos elaborados a nivel nacional. El primero es de 2007 y el último de 2015. Santa Fe adhirió a los dos. Surgieron a la par de la Campaña Nacional Por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, lanzada en 2007 por organizaciones de mujeres. A diferencia de la legislación actual, pide la despenalización hasta la semana 14, sin causales.
Según Teppaz, la campaña fue fundamental para el proceso de “despenalización institucional” del aborto. Es decir, que la salud pública trabaje desde una perspectiva de derecho. “Las mujeres cuando quieren abortar lo hacen. Consiguen la información, investigan, se ayudan entre ellas. Que la salud pública esté en esas situaciones significa que no arriesguen su vida. Preparamos a los profesionales para generar un espacio de escucha, seguridad y contención. Es una suerte de cambio social en el castigo que sufría la mujer cuando llegaba a consultar”, dijo Teppaz. Esto no significa, aclaró, que todavía no haya médicos que en el interior del consultorio le nieguen a la mujer el derecho a abortar. “Si bien tenemos diez años de debates instalados por las propias mujeres, corremos con casi cien años de desventaja y de información confusa”.
Baja en internaciones
El número de interrupciones legales de embarazo en hospitales municipales de Rosario es estable, con un descenso leve en los últimos años, explicó Teppaz. Entre 1991 y 2002 se hicieron un promedio de 650 abortos anuales. Todos requirieron internación y la mayoría fueron mujeres que llegaban con una complicación por una intervención hecha en la clandestinidad. Muchas de ellas padecían síndrome de Mondor y morían. Otras quedaban con secuelas.
A partir de 2007 los índices bajaron. El año pasado 550 mujeres llegaron a la salud pública municipal e interrumpieron su embarazo. La diferencia con 2002 fue que sólo 169 tuvieron que ser internadas y no hubo ninguna muerte. La edad mínima fue una niña de 13 años, la máxima de 37 y el promedio general fue de 25.
Según Teppaz, detrás del descenso hay varios factores. Desde el 2002 subió el uso de métodos anticonceptivos. La provisión en efectores públicos no sólo fue mayor, sino que no se discontinuó. En 2012 la Municipalidad empezó con la compra de misoprostol y las internaciones bajaron un 50 por ciento. La droga –que también se vende bajo receta en farmacias– incorporó el método del aborto medicamentoso, recomendado por la OMS como práctica que puede hacer la mujer en la casa porque no implica intervención quirúrgica. De todos modos, el año pasado los hospitales incorporaron la opción de la aspiración. Desde septiembre hubo cien atenciones de este tipo. Teppaz aclaró que no todas las consultas terminan en abortos, pero la mayoría que llega a preguntar ya tiene tomada la decisión de interrumpir el embarazo.
El funcionario agregó que si bien disminuyeron las muertes por aborto, en todo el país aumentó la mortalidad por causas obstétricas indirectas. “Cuando una mujer tiene una enfermedad previa y el embarazo pone en riesgo su salud, el médico tiene que informárselo. Los profesionales no estamos practicando bien esta «transparencia activa»”, expresó.
Por el derecho a decidir
Este año, la Campaña Nacional por el Aborto Legal y Gratuito cumple una década. Se trata de una iniciativa de organizaciones de mujeres de todo el país y tiene su origen en los debates generados en las ediciones anuales del Encuentro Nacional de Mujeres (ENM).
Bajo la consigna “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, el pedido al gobierno nacional es la despenalización hasta la semana 14 y la eliminación de las causales. Hoy cuenta con la adhesión de 305 grupos, organizaciones y personalidades vinculadas a organismos de derechos humanos, ámbitos académicos y científicos, trabajadores de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, sindicatos y movimientos sociales y culturales.
El 30 de junio de 2016 la campaña presentó por sexta vez consecutiva el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) a la Cámara de Diputados. En ninguna ocasión llegó al recinto.
