¿Servirá la alerta roja de los científicos para que los gobiernos pongan manos a la obra? Unos 200 países tratarán a partir del domingo en Polonia de dar un espaldarazo al Acuerdo de París, pero el resultado se perfila insuficiente ante la urgencia climática.
El acuerdo suscripto en 2015 tiene como objetivo contener el calentamiento mundial por debajo de 2º C, idealmente 1,5º C, respecto a la era preindustrial.
Pero los compromisos actuales de los Estados para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero conducirían a un aumento de 3º C de aquí a fines de siglo.
El planeta ya ganó un grado, después de que los cuatro últimos años fueran los más calurosos jamás registrados, según anunció este jueves la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
Para ajustarse al techo de 1,5º C, las transformaciones deben ser rápidas y sin precedentes, advirtieron en octubre los científicos de la ONU. Esta semana, un informe del organismo aseguró que los esfuerzos deberían quintuplicarse respecto a las promesas incluidas en el Acuerdo de París para 2030.
Pero los observadores temen que las advertencias científicas no basten para dar un nuevo impulso a la lucha contra el cambio climático durante la 24ª Conferencia de la ONU sobre el Clima (COP24) que se celebrará en Katowice, Polonia, desde el 3 al 14 de diciembre.
Mientras arde Roma
«Esto nos evoca Nerón tocando música mientras mira cómo arde Roma. La falta de ritmo y de ambiciones es simplemente inaceptable», comentó Andrew Steer, experto del World Resources Institute.
Según el calendario establecido por la COP21 en París, los Estados están invitados a presentar sus compromisos revisados. Katowice debería permitir esbozar esas nuevas ambiciones en el marco de un diálogo político llamado «Talanoa».
Solo unos pocos jefes de Estado o de gobierno confirmaron hasta ahora su presencia en la cumbre de Katowice, entre ellos los jefes del ejecutivo español, francés y holandés.
Y «los grandes países no concretarán nada», a la espera de otra cumbre organizada por el secretario general de la ONU en septiembre de 2019 en Nueva York, prevé Alden Meyer, veterano observador de las negociaciones del clima.
Incertidumbre sobre Brasil
Es incierta además la posición de Brasil, cuyo presidente electo Jair Bolsonaro cuestionó el Acuerdo de París y cuyo próximo canciller, Ernesto Araújo, juzgó el contexto actual de «alarmismo climático». Además, el gobierno anunció esta semana que desistía de acoger el año que viene la COP25.
Donald Trump, que retiró a su país del Acuerdo, dijo esta semana que «no se cree» un informe de su propia administración sobre los efectos desastrosos de los desarreglos climáticos en la economía estadounidense.
En cuanto a Polonia, país anfitrión de la reunión muy apegado a su industria de carbón, su prioridad no es tanto la cuestión de la ambición sino la adopción de las reglas de aplicación del acuerdo.
«Sin Katowice, no hay (Acuerdo de) París», dijo recientemente el polaco Michal Kurtyka, presidente de la COP24.
Este manual contiene en particular las reglas de transparencia, es decir, la forma en que los Estados rinden cuentas de sus acciones, financiamientos y resultados. Así como el grado de flexibilidad acordado a los países más pobres.
Transición justa para los trabajadores
En cuanto a las naciones más pobres, recordarán sin duda a los países del Norte su promesa de elevar a 100.000 millones de euros anuales de aquí a 2020 las contribuciones financieras a las políticas climáticas del Sur.
«Katowice deberá avanzar en el tema de la financiación o nos encaminaremos hacia la catástrofe», indicó a la AFP Amjad Abdulá, negociador del grupo de los Estados insulares.
El Acuerdo de París aboga además porque los flujos financieros sean «compatibles» con la lucha contra el cambio climático, es decir, con una economía con bajas emisiones.
«Estamos hablando de 5 billones de dólares» que habría que desviar de las energías contaminantes a las limpias, subrayó Benoit Leguet, director del Think Tank I4CE (Instituto para el Cambio Climático).
Otro asunto sobre la mesa promovido por Polonia, la llamada «transición justa» para apoyar a los trabajadores de los sectores más afectados por la transición ecológica, como su industria de carbón.
