El ex fiscal Gustavo Ponce Asahad declaró este viernes en la causa en la que se lo investiga por cobrarle coimas a Leonardo Peiti, un hombre vinculado con el juego clandestino y por la que está preso. El acusado declaró durante 4 horas, reconoció los delitos que le atribuyen e involucró a «personas de otros estamentos del Estado», por lo que los investigadores enviarán copia a la Legislatura y a la Corte para informar sobre sus nuevos dichos. Además, los fiscales del caso aseguraron que Ponce Asahad no estará detenido de ahora en más en la órbita del Servicio Penitenciario, ya que fue víctima de episodios de amedrentamiento que están siendo investigados.
La causa la llevan adelante los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. Ambos brindaron una conferencia de prensa este viernes a las 17.30 tras la nueva declaración imputativa de Ponce Asahad. Y si bien no dijeron el nombre de la persona a la que apuntó el ex fiscal como uno de los integrantes de la asociación ilícita para hacerse con dinero del juego clandestino, la afirmación de que ese testimonio será remitido a la Corte Suprema y a la Legislatura hace suponer que se trata de algún integrante del cuerpo legislativo.
La misma sugerencia que realizó el ministro Marcelo Sain en el mediodía de este viernes al anunciar el pedido de renuncia del jefe de Policía de la Unidad Regional II Daniel Acosta, por recibir en su despacho a dos «operadores políticos» vinculados con personas de la Legislatura santafesina que tendrían como objetivo la desestabilización de su cartera. “El ex fiscal nombra a políticos, por eso reenvían la declaración a la Legislatura”, sostuvo una fuente de la pesquisa por juego clandestino y extorsión.
Y agregó este vocero: “Los fiscales no detallaron las nuevas acusaciones y tampoco dieron nombres, un dato que permite adelantar algo del peso de lo ocurrido este viernes por la tarde: la jueza Eleonora Verón ordenó remitir una copia de la declaración a la Legislatura y la Corte Suprema provincial”.
Edery explicó que Ponce Asahad pidió declarar, pero que no lo hizo baja la figura del arrepentido, una versión que circulaba este viernes junto con los nombres de posibles afectados. “Se lo re imputó por los hechos anteriormente achacados y se le agregó integrar una asociación ilícita. Él reconoció haber recibido dinero de Peiti”, añadió. Además detalló la función del ex fiscal Regional de Rosario también preso, Patricio Serjal, dentro de la organización y habló de otras personas vinculadas con el Estado y las funciones que cumplían.
En esta nueva imputación a Ponce Asahad se le agregó la acusación de haber conformado una asociación ilícita integrada además por, al menos, Serjal, Peiti (que apenas apuntó contra los funcionarios salió en libertad), el empleado del MPA Nelson Ugolini (los tres ya fueron imputados), David Perona (quien falleció en Rafaela) y el comisario retirado Alejandro «Pipi» Torrisi (condenado a 3 años de prisión condicional en juicio abreviado).
Para la Fiscalía, el objeto de esta asociación fue usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal o apuestas efectuadas por medios electrónicos, todos ellos sin contar con la autorización de la autoridad competente. Para ello los integrantes de la asociación ilícita con sus diversos aportes y roles, organizaron, explotaron y administraron juegos de azar ilegal.
La organización, dice la pesquisa, se desplegó en el ámbito de la provincia de Santa Fe, concretamente en las localidades de Rosario, Villa Gobernador Gálvez, ciudad de Gálvez y Rafaela; siendo el asiento principal de los negocios y la residencia de los organizadores se encuentra en Rosario, agregaron.
Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) dijeron que los organizadores de esta asociación fueron Leonardo Peiti y Patricio Serjal mientras que el resto de las personas antes nombradas participaban en carácter de integrantes y conforme el rol que se asigna a cada uno de ellos.
Schiappa Pietra, en tanto, sostuvo en conferencia de prensa que están avanzando en la investigación y que la declaración del ex fiscal fue muy larga y mencionó a muchas personas. “Vamos a revisar toda esa información, pero ahora preferimos resguardar algunas de esas cuestiones”, explicó.
Ambos fiscales dijeron que deben analizar la declaración de Ponce Asahad, pero van a ser más las personas imputadas en los próximos días, precisaron.
Por su parte, la jueza Verón hizo lugar al pedido de traslado del detenido a un espacio que no esté bajo el control del Servicio Penitenciario provincial, que depende del Ministerio de Gobierno y Justicia, en el marco de diferentes situaciones de amenazas de las que fue víctima el ex fiscal.
La causa
La pesquisa por juego clandestino comenzó con la investigación a una banda de extorsionadores, por la que está detenido como líder un lugarteniente de Ariel «Guille» Cantero, Maximiliano “Cachete” Díaz, dedicada cometer balaceras y amenazas para cobrar por “seguridad”.
El 11 de enero pasado una balacera contra los balcones de Moreno al 6400 del Casino City Center terminó con el asesinato del gerente de la sucursal del banco Nación de Las Parejas, Enrique Encino. Por ese crimen fue detenido Cachete y parte su gavilla, vinculada con Los Monos.
A partir de allí se conocieron otros blancos de aprietes, entre ellos el empresario del juego legal y también sindicado en otras causa por actividades ilegales Leonardo Peiti, que finalmente se presentó a finales de julio pasado en la Justicia y declaró como arrepentido.
Peiti dijo que le pagaba coimas al entonces fiscal Regional Patricio Serjal, al ex fiscal que investigaba casos de infracción a los decretos que prohibían la circulación en el marco del Covid 19, Ponce Asahad, y a su empleado Néstor Ugolini. Los tres están imputados por llevaron adelante un plan criminal donde cobraron al empresario arrepentido entre 4 y 5 mil dólares mensuales a cambio de brindarle información que lo ayudara a lograr impunidad.
Serjal estaba a cargo de 79 fiscales que trabajaban no sólo en el departamento Rosario sino también en Casilda y Cañada de Gómez donde Peiti tenía investigaciones por juego ilegal. Además, el empresario tiene abierta una causa en Melincué que pertenece a la Tercera Circunscripción que conduce el fiscal Regional Alejandro Sinópoli, regional asentada en Venado Tuerto.
Según la acusación, Serjal junto a su entonces fiscal Ponce Asahad y su empleado Ugolini diseñaron y ejecutaron un plan cuyo objeto fue recibir dinero desde diciembre de 2018 de Peiti y a cambio se comprometían a transmitir información reservada, no investigar hechos que podrían constituir delitos, interferir en las investigaciones en curso, retardar u omitir dictámenes propios de su competencia o de otras, todo con el objeto de que no prosperen imputaciones contra Peiti.
Por eso acusaron al trío de obstaculizar la investigación penal por juego clandestino a cargo del fiscal de Melincué Matías Merlo, quien tenía a Peiti en la mira, al informarle sobre la existencia de una investigación en su contra y de allanamientos que se iban a realizar. La filtración de esa información frustró las medidas en curso. Sin embargo la declaración de Ponche Asahad, en la que nombró a políticos, transformó la causa en una asociación ilícita que agravaría la pena y promete un desfile de “personas de otros estamentos del Estado” en los Tribunales.
La pesquisa contra Peiti también dejó al descubierto locales de apuesta ilegal en Villa Gobernador Gálvez y Rafaela, de donde había sido sindicado como el organizador el sindicado Zar del Juego Clandestino David Perona, quien falleció a los 42 años hace 15 días tras contraer coronavirus.
En esta última causa, interviene junto a los fiscales de Rosario, su par Martín Castellano y donde también quedó en evidencia la red de complicidad policial que abarcó a altos jefes como: Juan Pablo Bengoechea, de 48 años, quien fue jefe de la Unidad Regional V (URV del departamento Castellanos y con asiento en la Perla del Oeste) y también jefe de la URII de Rosario en 2019; José Pérez, de 51 años, quien fue subjefe de la Policía de Santa Fe en 2016; Fabián Forni, de 57, ex titular de la URV, de la URIX de Reconquista y que pidió su retiro en diciembre de 2019; y Javier Gorosito, de 52, ex jefe de Orden Público de la URV.
A estos imputados se le sumó el único policía en actividad; se trata de Favio Aranda, de 39 años, quien fue titular de la Agrupación Cuerpos en la misma época que Bengoechea era el jefe de la Regional V.
Esta semana, los fiscales Schiappa Pietra y Edery buscaron documentación sobre las causas de juego clandestino de Peiti y su entorno en un estudio contable de Corrientes y Córdoba del microcentro rosarino, en un domicilio relacionado con este mismo empresario y en la casa del empleado del MPA Ugolini, junto a otras viviendas relacionadas a su entorno.
