El fiscal Gustavo Ponce Asahad brindó una conferencia de prensa luego de que su departamento céntrico fuera allanado en la mañana de este viernes por efectivos de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) a pedido de la Fiscalía de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos. “Esta es una investigación en la que, la verdad, me sorprende que me asocien con una causa vinculada con los Monos”, apuntó el funcionario del Ministerio Público de la Acusación, cuyo celular y computadora fueron incautados y serán peritados. Sobre Ponce Asahad, que catalogó el procedimiento como “impecable” aunque definiendo las sospechas sobre él como una “barbaridad”, no pesa orden de detención. La pesquisa lo vincula con una filtración de información sensible dentro de una investigación en curso, y con la figura de incumpliendo de los deberes de funcionario público.
“Soy respetuoso de la investigación que llevan otros fiscales y estoy sometido voluntariamente al proceso”, aclaró Ponce Asahad, y agregó que solicitó por escrito su suspensión provisoria como fiscal “hasta que esta investigación llegue a hasta las últimas instancias”.
Ponce Asahad está sospechado, junto con un empleado de la Unidad Fiscal que comanda, Nelson Ugolini, de haber filtrado información en enero a Leonardo Peiti, un hombre que hasta este jueves estuvo prófugo en una causa por asociación ilícita que tiene bajo la lupa a un grupo dedicado a extorsionar y regentear casinos ilegales. Según los fiscales Matías Edery, Luis Schiappa Pietra y Gisela Paolicelli, el grupo invocaba el nombre de Guille Cantero –cabecilla de los Monos– para sembrar miedo y asegurarse pagos a cambio de protección.
Uno de los hechos de violencia que se presumen son para reforzar las extorsiones es la balacera contra el Casino City Center, que dejó un saldo fatal. La investigación del crimen de Enrique José Encino, que había salido a fumar a un balcón del complejo de juegos en zona sur y recibió un tiro mortal fue el puntapié de la investigación que ahora salpica a Ponce Asahad. Los fiscales del caso imputaron a cinco personas el jueves 23 de julio. Una de ellas es el comisario retirado Alejandro «Pipi» Torrisi». Otra, la pareja de Maximiliano «Cachete» Díaz, Flavia Broin.
“No tengo la causa yo, pero dejame ver como metemos un comentario ahí”. Ese mensaje estaba en una captura de pantalla recobrada del celular que fue incautado a “Cachete” Díaz, sindicado como cabecilla de la organización y preso desde enero. La imagen de pantalla –según la imputación– se la había enviado el integrante del grupo delictivo Peiti como prueba de la gestión que intentó concretar con un funcionario del MPA para aliviar la situación judicial de dos miembros de la banda detenidos con un auto robado y armas el pasado 8 de enero.
Esos dos apresados son Hernán “Chema” Quinteros y Claudio Humberto “Cadi” Ricaldes, quienes terminaron imputados por portación de arma y encubrimiento. En ese momento se les dictó una prisión preventiva por 30 días. Tras cumplir ese plazo, fueron declarados prófugos en el marco de la nueva investigación.
Los mensajes expuestos en la audiencia revelaron el afán del presunto líder de la banda Cachete por aliviar la situación judicial de Chema y Cadi, por lo que contactó al ex comisario Alejandro “Pipi” Torrisi y a Peiti. Éste último adujo tener contactos en la Fiscalía: “Lo que pueda hacer, contá conmigo”, le respondió Peiti a Cachete.
Ponce Asahad afirmó que es ajeno al entramado que se investiga. “Sé que no filtré información. Ni siquiera estuve en el sistema. No puedo estar expuesto a semejante barbaridad siendo funcionario”, se quejó en el hall del edificio que habita, en Oroño al 1200.
El funcionario, que ganó exposición mediática al ser designado en la Unidad Fiscal que vela por el cumplimiento del aislamiento social en el marco de la pandemia, arremetió contra un portal de noticias porque, argumentó, estuvo presente desde el inicio del procedimiento en su vivienda gracias a lo que calificó como una filtración a periodistas.
“¿Cómo es que desde el MPA la información sale a determinados periodistas? No voy a hacer especulaciones. Voy a rendir cuentas desde el ámbito judicial. Yo no sé si hay una operación o no, el tiempo lo dilucidará”, planteó Ponce Asahad. Y agregó: “Esta película se ha vivido”. La referencia implícita de esos dichos son los procedimientos judiciales de alta cobertura mediática durante el gobierno de Mauricio Macri.
«La auditora de gestión habló de la reserva de investigaciones y de que el círculo se cierra en ocho o diez personas y mientras estaba transcurriendo el procedimiento yo vi desde uno de los teléfonos de los efectivos la nota con lujo de detalles por parte de ciertos periodistas», insistió.
El fiscal adelantó que designó a dos abogados para supervisar el peritaje a su celular y computadoras, y demás elementos electrónicos.
