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«Poné que la encontramos en el techo y listo»: la discusión de los cuatro policías imputados por plantar un arma y otros delitos

El cuarteto de uniformados también fue acusado por dos allanamientos ilegales, lesiones, amenazas y robo de pertenencias, saga que se produjo el sábado 7 de diciembre y que comenzó con la identificación de un motociclista en barrio República de la Sexta. La jueza aceptó la imputación este jueves y les dictó seis meses de prisión efectiva

Cuatro policías de la Brigada Motorizada quedaron imputados este jueves por cometer una seguidilla de delitos que incluyen dos allanamientos ilegales, robo de pertenencias, lesiones, amenazas y hasta haber planteado un arma que comenzaron a principios de este mes con la identificación de un motociclista, en barrio República de la Sexta. Tras la acusación del fiscal Pablo Socca, la jueza Paula Álvarez les dictó la prisión preventiva efectiva por 6 meses. 

Se trata de los uniformados Lucas Brest, de 33 años; Matías Ovando, de 29; Julia Márquez, de 27, y Bernardino Fernández, de 25, quienes quedaron acusados formalmente como coautores de los delitos de privación abusiva de la libertad, falsedad ideológica de instrumento público, allanamiento ilegal-violación de domicilio, robo agravado por ser cometido por funcionario publico, privación ilegal de la libertad, portación de arma de fuego de guerra, incumplimiento de los deberes de funcionario público, amenazas coactivas y lesiones leves calificadas.

El operativo trucho 

El fiscal Socca reconstruyó en la audiencia que se llevó a cabo este jueves por la mañana que todo comenzó pasadas las 9 del sábado 7 de diciembre último cuando los policías de la Brigada Motorizada pararon a un motociclista para identificarlo en Esmeralda e Ituzaingó. El joven les dijo que no llevaba ni el DNI ni los papeles de su Yamaha YBR color negra, pero les aclaró que tenía todo en una vivienda que estaba a unos metros. 

Los uniformados se quedaron con el celular del motociclista y accedieron a acompañarlo. Sin embargo, apenas llegaron irrumpieron en el domicilio sin haber solicitado la autorización judicial, es decir que no consultaron con el fiscal ni con un juez como se debe hacer para los delitos en el que existe una sospecha de que se está cometiendo un ilícito, continuó Socca.

Dos allanamientos ilegales 

Desde ese momento todo se torna aún más oscuro, según expuso el fiscal en su acusación. El cuarteto de policías amenazaron al motociclista y un familiar, quien estaba filmando todo. También le sacaron ese teléfono junto a 70 mil pesos. 

La víctima escapó de la casa, lo que generó una persecución frenética hasta que lo detuvieron en el domicilio de otra allegada, que queda a unos metros. En esa casa también irrumpieron sin orden judicial. 

Los indicios recolectados en la investigación de la Fiscalía dieron cuenta que los policías robaron unos 20 mil pesos junto a elementos que eran utilizados en centros de estética y un parlante nuevo en su caja. Uno de los celulares y la caja del parlante, fueron secuestrados por el personal de la División Asuntos Internos en la casa del uniformado Bernardino Fernández. 

El arma plantada 

Otro de los delitos que le atribuyó el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) fue que plantaron un revólver calibre 38, el cual atribuyeron haber encontrado en la persecución del motociclista. Lo obsceno de todo este accionar fue que uno de los uniformados le comentó a un testigo el hallazgo del arma de fuego y en paralelo sus compañeros discutían lo que pondrían en el acta de procedimiento: «Si no, poné que la encontramos en el techo y listo», dijo uno mientras que otro le contestó «si no, le pegamos un tiro y ponemos que se nos escapó», describió la imputación. 

La pesadilla del motociclista siguió en la comisaría 2ª donde fue amenazado y golpeado en distintas partes del cuerpo para que entregara la contraseña del teléfono con el que el familiar había filmado todo el accionar. El objetivo era obvio, borrar el material que tenía el celular,  aparato que fue hallado en la casa del policía Matías Ovando tras el allanamiento del personal de Asuntos Internos. 

El joven estuvo preso hasta el 11 de diciembre cuando fue imputado por el fiscal Socca y quedó en libertad mientras comenzó la pesquisa por estos hechos denunciados en ese momento. La pesquisa se conoció el domingo pasado tras la detención de los policías y los allanamientos a sus viviendas, ubicadas en Crespo al 5200, Piedras 1500 y 2700, De la Cierva la 2600 y Belgrano al 600 de Coronel Domínguez, a 18 kilómetros de Rosario.  

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