Por Carina Ortiz / Agustín Aranda
“Lo único que te pido es que te lleves a la nena para que no vea a su padre en un charco de sangre”, le escribió Mauro al teléfono de su ex pareja y madre de su hija de 4 años. Eran las 10 de la noche del 1º de febrero y a la promesa de suicidio por Whatsapp le siguieron otras amenazas. Ella no le contestaba las llamadas. “Te voy a matar. Te voy pegar un tiro como a un perro. Acá tengo la pistola y las municiones. Te vas a arrepentir. Ya vas a ver”, siguió el hombre.
Horas más tarde, él tocó la puerta de una casa en Navarro al 8100. Había tomado. Adentro una pareja que cuidaba a su hija le pidió que se vaya. “Los voy a matar a ustedes también”, respondió. El por entonces agente de la Policía de Santa Fe logró abrir la puerta y le apuntó con su arma reglamentaria a la pareja. Disparó, le erró y el arma se trabó. Después se subió a una moto y escapó hasta Ambrosetti al 300. La Policía lo atrapó.
Mauro, ya separado de la fuerza de seguridad, consiguió este viernes salir libre del Centro de Justicia Penal. A través de un proceso abreviado, la Justicia lo condenó a tres años en suspenso y, entre las condiciones para que no sea efectiva, debe ir al dispositivo de rehabilitación para hombres violentos del Instituto de la Mujer.
La fiscal María Teresa Granato de la Oficina de Violencia contra la Mujer imputó al ex policía de 33 años por amenazas coactivas calificadas por el uso de arma de fuego, amenazas simples en dos hechos y abuso de arma de fuego. Como pruebas ofrecieron las entrevistas, los informes balísticos de la Policía de Investigaciones (PDI), las pericias sobre el teléfono del policía y la orden de no acercamiento que había pedido la ex novia a la Fiscalía. Entre los agravantes, la fiscal destacó la posición del hombre como parte de la fuerza de seguridad santafesina. Como atenuante, que no tenía antecedentes penales.
Acordado con la abogada defensora, Patricia Guzmán, el juez de Primera Instancia Pablo Pinto homologó el abreviado. Además de la condena de prisión en suspenso –que puede volverse efectiva si incumple las reglas de conducta–, la Justicia ordenó que Mauro fije residencia, no abuse de sustancias psicoactivas ni alcohol, y no se acerque a su hija, ex novia y la pareja que cuidaba a la menor ese día.
También definió que empiece un tratamiento psicológico o psiquiátrico y se sume a los hombres que asisten al Instituto de la Mujer para revisar sus conductas violentas contra las mujeres. El espacio se llama Dispositivo Público Grupal con Varones que Ejercen Violencia contra la Mujer y desde 2015 tiene como objetivo que los hombres reconozcan en qué formas fueron violentos para prevenir que vuelvan a hacerlo.
En dos años ya pasaron 124 hombres de entre 18 y 70 años que golpearon, insultaron, manipularon o amenazaron a sus parejas. Dos de cada tres llegaron por orden judicial y después de varias denuncias. El resto entró al dispositivo porque quiso. El trabajo dura dos años y los psicólogos charlan de forma individual y grupal con los hombres. Cerca de la mitad terminó el tratamiento en el edificio del Instituto de la Mujer y no volvió a ser denunciado. El resto fue derivado a otros espacios o dejó.
Los psicólogos trabajan en dos niveles: uno individual y otro grupal. En la entrevista personal apuntan a conocer la historia y los vínculos del hombre para identificar los actos de violencia y que los reconozca. Cuando los asume y puede angustiarse los psicólogos evalúan si está listo para las rondas grupales. En esa instancia el objetivo es desnaturalizar los estereotipos machistas diarios. Los niveles se intercalan por semana. Si no cumplen los dos años de tratamiento los psicólogos informan al juez, que los cita de nuevo. El espacio trabaja con otras áreas de la Municipalidad de Rosario.
