La ciudadanía uruguaya otorgó este domingo un muy ajustado triunfo al Gobierno nacional en un referendo a favor de mantener vigentes decenas de artículos de una amplia ley de reformas impulsadas por el presidente Luis Lacalle Pou, quien cerca de la medianoche, en su primera aparición pública tras los resultados, consideró la consulta como «una etapa superada, una ley que queda firme».
La opción SÍ, a favor de derogar varios artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), alcanzó el 48,8% de los votos válidos, mientras que la papeleta del NO, para mantener la ley intacta, alcanzó el 49,9%, según números de la Corte Electoral con el 99% de las mesas escrutadas. En números brutos, son alrededor de 20.000 votos de diferencia.
En concreto, la postura oficial recibía además 1,32% de votos en blanco, que según las normas del referendo, al no apoyar la derogación implícitamente se pronunciaban por la vigencia de la ley. Con estos números, el NO superaba 51% del total de los sufragios.
«Una etapa superada, una ley que queda firme», dijo Lacalle Pou cerca de la medianoche del domingo en conferencia de prensa, reseñó la agencia de noticias AFP.
El mandatario saludó el resultado y aseguró que «puede haber dos visiones políticas distintas, pero no hay dos Uruguay».
Al conocerse esos guarismos, cientos de partidarios del oficialismo salieron a las calles de Montevideo a celebrarlos y a concentrarse en la plaza Independencia, según los diarios montevideanos El Observador y El País.
El presidente del Frente Amplio -FA, opositor de izquierda-, Fernando Pereira, se negó en principio a reconocer la derrota y advirtió que «a esta hora no pueden decir que ganó el No», al pronunciar un discurso ante sus simpatizantes en la explanada de la intendencia de la capital.
«Con todo el poder, con todos los medios, con toda la estructura a su favor les hicimos un partido parejo y con 15 minutos más, seguro se lo ganamos», agregó Pereira.
Poco antes, el presidente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) y dirigente de la Comisión por el Sí, José Olivera, dijo que los resultados mostraban un «mensaje político» para el gobierno y sostuvo que «no se puede seguir dando la espalda a la mitad de la población».
Votó el 85% de las más de 2,6 millones de personas que estaban habilitadas, informó la Corte Electoral.
El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, aseguró al Canal 5 de televisión que no se registraron incidentes y calificó la jornada como «ejemplar».
En la consulta se votó a favor de derogar o ratificar 135 de los 476 artículos de la LUC, que fue sancionada en 2020 y generó reformas en varias áreas, incluyendo educación, seguridad, trabajo, administración pública y finanzas.
El politólogo Ignacio Zuasnábar consideró en charla con el canal 10 de televisión que «el SÍ tiene motivos para festejar, porque tuvo una votación muy buena».
«Para un Frente Amplio y una izquierda en proceso de renovación de liderazgo y reconstrucción de figuras, es un resultado significativo», afirmó.
En tanto, la analista Mariana Pomiés opinó en canal 12 que si, a pesar de haber sido derrotada, la oposición logra capitalizar la elección, saldrá «fortalecida».
Durante varios meses, las consultoras de opinión daban una holgada diferencia a favor de la opción por mantener el paquete legislativo de Lacalle Pou, quien ostenta un alta aprobación a dos años de iniciada su gestión.
El referendo había sido impulsado por organizaciones sociales, la central sindical PIT-CNT y el FA, que recolectaron muy por encima de las 672.000 firmas necesarias, equivalentes al 25% del padrón electoral, para hacerlo realidad.
Dada la heterogeneidad y complejidad de asuntos tratados, la elección se terminó transformando en una suerte de plebiscito sobre la gestión de Lacalle Pou. Entre otros aspectos, los artículos cuestionados limitan el derecho de huelga, declara ilegítimas las manifestaciones en la vía pública, establece la figura de la «apariencia delictiva», elimina la obligación de la educación inicial, evita el modelo cooperativo de construcción de viviendas y establece el desalojo exprés de viviendas alquiladas.
También aumenta el límite de transacciones en efectivo hasta 100.000 dólares, lo que algunos sectores consideran que habilita el lavado de dinero y permite la evasión de impuestos, y da vía libra al cierre y/o la privatización de áreas estratégicas de la petrolera estatal Ancap.
