El gobierno pondrá un cepo a la creación de nuevos sindicatos luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que esta semana puso en cabeza de esas organizaciones la facultad de convocar a huelgas. En el Ministerio de Trabajo ya había mayores restricciones al reconocimiento de organizaciones gremiales, pero en esa cartera admitieron que habrá más limitaciones a partir de la reciente jurisprudencia del máximo tribunal.
La llegada de Mauricio Macri a la Rosada y de Jorge Triaca a Trabajo puso en el congelador una dinámica creciente en los años anteriores. En la Dirección de Asociaciones Sindicales de la cartera laboral dijeron que durante el gobierno anterior se otorgaron unas 1.500 inscripciones gremiales, el trámite previo al reconocimiento pleno de un sindicato. Si bien es cierto que, con ese papel, una organización tiene facultades limitadas y menores a las de los sindicatos con personería, en los últimos años otros fallos de la propia Corte achicaron esa distancia.
Disgusto de todos
En la resolución de este martes, el máximo tribunal de Justicia dictaminó que no tienen facultades para llamar a una huelga las organizaciones informales o las cooperativas, ni tampoco otros grupos de trabajadores sino sólo los sindicatos, tanto los que ostentan el reconocimiento pleno de la personería como los que tienen la parcial a través de la inscripción. El fallo molestó al gobierno, por entender que sólo propenderá a mayor conflictividad. Pero también enfadó a las CGT, que ven equiparados gremios de menor rango que los suyos, e incluso las CTA, por entender que la Justicia implanta una restricción que antes no existía.
Reducir a los que protestan
En cualquier caso, el papel de la denominada “simple inscripción” pasó a tener más relevancia por constituirse en una suerte de salvoconducto para la implantación de medidas de fuerza con amparo legal. Se trata de un instrumento formal que Trabajo debe otorgar en teoría sin poner mayores obstáculos en cumplimiento del mandato constitucional que garantiza la libre formación de asociaciones sindicales. Su entrega cobró mayor dinamismo al calor de la reactivación económica de los primeros años del kirchnerismo y del surgimiento de líneas internas en los sindicatos, y sobre todo hacia el final del mandato de Cristina de Kirchner.
No se anota más
Los responsables del área de Asociaciones Sindicales calcularon en más de un millar las inscripciones otorgadas en la década pasada, a razón de una decena mensual. Con la asunción de Triaca y del abogado Horacio Pitrau en el área, esas entregas se redujeron a entre una y dos por mes. El ritmo se redujo a partir de la implantación de nuevos controles sobre el cumplimiento de formalidades mínimas, como las firmas con avales que deben acompañar cada pedido de inscripción oficial.
De hecho, en la cartera laboral se quejaron de una aparente laxitud por parte de las autoridades anteriores en la concesión de esos trámites, con casos en los que dijeron haber detectado varias firmas hechas por la misma persona y escasa concordancia entre el titular del aval y el lugar de trabajo que se pretende representar con el gremio en formación. A las limitaciones que habían resuelto aplicar con el cambio de gobierno, los nuevos funcionarios confirmaron que sumarán un mayor celo antes de entregar personerías en vista de las repercusiones por el fallo de la Corte.
De los grandes y de los otros
Según la ley de Asociaciones Sindicales –varios de cuyos artículos son inconstitucionales para la Corte y hasta para la Organización Internacional del Trabajo–, sólo los gremios con personería tienen facultades para representar a trabajadores en negociaciones colectivas o en conflicto, y también para recaudar cuotas de afiliación y darles fueros de protección a sus delegados.
En los últimos años, el máximo tribunal de la Nación equiparó en varios de esos aspectos a los gremios con personería respecto de los sólo inscriptos: por caso, extendió los fueros, les dio margen para representación en conflictos, y esta semana las habilitó formalmente a llamar a huelgas.
