A principios de noviembre, personal del Hospital Centenario quiso tramitar el servicio fúnebre gratuito para un indigente, pero desde el Servicio Integrado de Emergencia Sanitarias (Sies) les dijeron que estaba cortado por falta de pago del municipio. Ambas partes lograron un nuevo acuerdo económico que duró poco, ya que ante la semana pasada, ante un nuevo atraso por parte del ejecutivo, desde la Asociación de Servicios Fúnebres, volvieron a suspender el servicio.
Autoridades de la entidad explicaron que no pudieron afrontar los costos. Las solicitudes aumentaron un 20 por ciento desde 2018 y, según dijeron, la Municipalidad aporta sólo el 62 por ciento del total y los pagos ingresan con un atraso de al menos tres meses. Desde el municipio solicitaron el restablecimiento del servicio ya que consideraron que las funerarias “están incumpliendo con garantías básicas “por tratarse de una prestación esencial. En paralelo, la concejala Fernanda Gigliani pidió que el Ejecutivo revise el criterio para concederlo.
El servicio
El acceso a este beneficio para personas de escasos recursos quedó definido a partir del artículo 32 de la ordenanza 6.484. Establece que los “fallecidos pobres de solemnidad“ pueden acceder a un velatorio y entierro gratuito presentando el certificado correspondiente tramitado en tribunales provinciales.
La puesta en marcha fue a partir de un acuerdo entre la Municipalidad de Rosario y la Asociación de Empresas Fúnebres. Pero desde la entidad cuestionaron que el servicio no es totalmente solventado por el Estado local. “Las empresas recibimos un subsidio del 62 por ciento del gasto total. Además nos deben el pago de junio, julio y los retroactivos de abril y mayo. Por eso, resolvimos cortar la prestación de los servicios gratuitos“, dijo el presidente de la Asociación, Rubén de Lorenzo.
El titular contó que el municipio se comunicó con ellos el jueves cuando les hicieron un ofrecimiento que consideraron insuficiente. “Nos ofrecen un cuarto de lo que están adeudando. Lo único que reclamamos es que nos paguen esos meses que tendrían que haberse pagado antes que termine noviembre según el acta acuerdo firmado“, explicó.
Mayor demanda
De Lorenzo señaló que las solicitudes de servicios gratuitos aumentaron un 20 por ciento desde 2018. Y contabilizó cerca de 120 por mes. “Este servicio es para los indigentes, pero desgraciadamente hay muchos abusos en el medio y se están haciendo demasiados servicios gratuitos que han superado la cantidad habitual. En medio de la crisis económica, a las empresas les cuesta muchísimo absorber los costos y además la cobertura por parte del Estado no es total “, explicó.
Revisar criterios
La concejala Fernanda Gigliani dijo que el municipio se enteró de la suspensión del servicio cuando fue a solicitarlo por la muerte de un indigente a principios de noviembre. A partir de esta situación, llevaron adelante un pedido de informe sobre la asistencia. “Había una deuda de casi dos millones y medio de pesos por servicios que se prestaron desde junio“, explicó la edila.
Ante la creciente cantidad de servicios garantizados por el municipio y las funerarias, la concejala autorreferenciada en el bloque PJ, consideró que el tema de fondo es el criterio a la hora de asignarlo. “No se trata de restringirlo pero sí de redefinir los requisitos para el acceso sin afectar el servicio“, señaló.
“Los que tienen alguna cobertura o servicio de sepelio no deberían solicitarlo porque está pensado para quienes no tienen absolutamente nada“, dijo Gigliani y planteó como una alternativa la posibilidad de anclarlo al sistema de Ansés para cualquier tipo de trámite.
El proyecto está sin tratarse hace un año al igual que las salas velatorias (ver aparte). También pidieron una reunión con los funcionarios a cargo del área de medio ambiente y directivos de La Piedad para tratar la escasez de tierras para la inhumación de cuerpos, otros de los servivios estipulados por ordenanza. “Este año quedaron catorce cuerpos en depósito. Son personas que fueron veladas y cuando son inhumadas no tienen lugar para ser enterradas “, señaló Gigliani.
La respuesta de Medio Ambiente
Desde la secretaría de Medio Ambiente hicieron presentación formal ante el corte del servicio y el rechazo de las funerarias a la propuesta de pago municipal. En el escrito consideraron “ilegítimo el corte abrupto del servicio, en virtud del carácter esencial, básico, y obligatorio que reviste”.
Manifestaron que en caso de no reestablecerse la prestación procederán con un amparo y agregaron que, de persistir la conducta, se verán “obligados a analizar la aplicación de las sanciones pertinentes”. Con respecto al pedido de mayor rigurosidad para la entrega de certificados, allegados a la secretaría reconocieron que evalúan la posibilidad de cambiar el criterio para asignarlos.
“La idea es hacer algún tipo de verificación para ver si la persona que lo pide tiene algún servicio social, ya sea prepaga u obra social, y en ese caso debería hacerse cargo del servicio fúnebre. La verificación de datos sería por medio del sistema de Anses. Tomamos el compromiso de avanzar en ese sentido pero no es sencillo”, explicaron desde el entorno de Marina Borgatello, encargada de la cartera. De todos modos, aclararon que hasta entonces “la legislación vigente te obliga a prestar el servicio por un tema que excede al ejecutivo”.
Caída para las privadas
Mientras la demanda por el acceso al servicio público registró un fuerte aumento, la contratación por parte de particulares cayó al ritmo de la crisis. “De 2018 a 2019 muchos de los que utilizaban el servicio privado se trasladaron al gratuito. Las contrataciones particulares retrocedieron un 25 por ciento “, expresó Luis Pinilla, integrante de la Asociación de empresas fúnebres a nivel local.
Otra de las circunstancias que tuvo que afrontar el sector tiene que ver con la devaluación y los constantes aumentos. En ese sentido agregó: “Los costos aumentaron un 55% y no pudimos trasladarlo a nuestro servicio “.
