La lucha por mayor “igualdad real” que consolide el respeto social ganado para la diversidad sexual y un Estado laico convocó ayer a organizaciones de la Federación argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGTB) a la XXIII Marcha del Orgullo, desde Plaza de Mayo porteño hasta Congreso Nacional.
“La ley antidiscriminatoria actual se aprobó en 1988 y prácticamente está obsoleta, con algunas categorías de las que se habla en la ley también caducas, como la palabra «raza», pero además porque los mecanismos procesales que establece no funcionan al momento de denunciar una discriminación”, dijo Julieta Calderón, de la secretaría de Juventud de la Federación.
La activista afirmó que “se necesita a través de una nueva ley antidiscriminatoria transformar los mecanismos procesales para que se pueda erradicar de forma fehaciente la discriminación”.
Calderón refirió la discriminación que persiste en el “ámbito laboral, la vivienda, la escolarización, las instituciones de salud y otros ámbitos en los que también hay violencia”.
“La Federación viene trabajando en todo el país con las organizaciones que representa, hemos presentado un proyecto de ley y es muy difícil iniciar el debate parlamentario, aunque no sea algo que pueda traer muchas diferencias políticas”, contó.
El proyecto presentado por la Federación, “además de agregar la orientación sexual y la identidad de género como categorías referidas a la diversidad, también incluye discapacidad, que no está en la ley antidiscriminatoria y sabemos que son muchas las personas discriminadas en el país”.
“Nuestra temática es transversal, abarca todas las identidades y los ámbitos, y creemos que hace falta darle espacio a los jóvenes para construir y consolidar todas las conquistas que vamos teniendo y hace falta sostener”, planteó.
La convocatoria “Por más igualdad real: ley antidiscriminatoria y Estado laico” reunió en una colorida feria de puestos y escenario musical en Plaza de Mayo a miles de personas que marcharon y expresaron los reclamos a través de un documento.
La marcha se concretó así después de la controversia con el gobierno porteño que delegó la seguridad de la movilización en los organizadores.
La semana pasada, la comisión organizadora cuestionó al gobierno porteño por lo que representaba un “peligroso condicionamiento a la libertad de expresión”. Los organizadores calificaron de “amedrentador” un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que convalidó una “delegación indebida del deber de seguridad, sentenciando a la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) a cubrir daños por 470.000 pesos a un transeúnte, por un delito común ocurrido en la plaza donde se desarrollaba un acto”, recordó.
María Rachid, una de las organizadoras de la Marcha y fundadora de la Federación Argentina de LGTB dijo, que “este año fue un gran logro”.
“Como todos los años que se vienen realizando, cada vez participa más gente y por eso celebramos todo lo que se ha logrado hasta ahora y seguimos reclamando por todo lo que nos falta”, señaló Rachid.
La referente del Frente Nacional por la Igualdad del Movimiento Evita, megáfono en mano, dirigió la marcha que comenzó alrededor de las 19 en Plaza de Mayo y se dirigió hacia el Congreso Nacional.