Juan Aguzzi
La crisis causada por la pandemia del covid-19 tuvo como consecuencia la pérdida de millones de empleos. Por supuesto, la destrucción del empleo fue mucho más contundente entre los sectores más vulnerables, sobre todo en los trabajadores informales y en los cuentapropistas y ni hablar de aquellos que viven de changas. La mayor parte de los trabajos que pudieron sostenerse en el marco de la crisis económica causada por la pandemia fueron aquellos ligados al empleo asalariado registrado ya que se encuentran alcanzados por la normativa y por los convenios colectivos de trabajo.
Las políticas de emergencia ligadas a la protección del empleo asalariado impulsadas por el Gobierno Nacional fueron bastante efectivas pero no suficientes y fueron mermando en su alcance. También a partir de la posibilidad de la firma del acuerdo con el FMI, que finalmente se hizo efectiva, los programas de ayuda comenzaron a escasear anticipadamente. Los jóvenes y las mujeres fueron los más afectados por la desocupación, ya que las cifras duplicaron a la de la población adulta y dentro de cada grupo etario, las mujeres se encontraron en peores condiciones que los varones.
La distribución de ingresos se hace cada vez más inequitativa generando una desigualdad record en la historia nacional. Salvo las de algunos gremios ligados a actividades imprescindibles, las paritarias apenas empujan la posibilidad de llegar a fin de mes de los asalariados, y muchísimos ni eso logran. La espiral inflacionaria deglute cualquier mejora en el bolsillo de los asalariados y los trabajadores “colgados” del sistema no encuentran oportunidades laborales debido al escaso dinero circulante.
La pobreza y la indigencia treparon a límites intolerables, lo que ha hecho que la brecha entre el sector más rico y los más necesitados resulte escandalosa. La ambición desmedida del poder económico concentrado está dispuesta a defender sus privilegios de casta y va por hacer crecer eso que ahora llaman renta inesperada (extraordinaria por cuantiosa, le va mejor). A través de los aumentos de precios, principalmente de los alimentos, tienen en jaque al gobierno nacional en una clara maniobra desestabilizadora e imponen como interlocutores a brazos políticos como la UIA (Unión Industrial Argentina), amén de los buitres de la oposición que en su vuelo carroñero siguen amagando con reforma laboral y previsional si volviesen a gobernar.
La perla de este entramado son los sectores del campo más recalcitrantes que hoy la juntan con pala por los precios internacionales de los commodities y por la guerra en Ucrania. Son los que salen a la calle para advertir al gobierno por si se le ocurre aumentar las retenciones y cuando dicen que sin el campo Argentina no come, es decir, reafirmando su credo de un país solo para elites.
La CGT manifestó su “especial preocupación” ante el avance de la inflación, la desocupación y los elevados índices de pobreza, pero se opone a un bono para los trabajadores, propone paritarias libres según las actividades y sostiene que los formadores de precios en el país “son pocos”. Piden al gobierno nacional un seguimiento estricto de la cadena de distribución y adelantamiento de paritarias. La CTA planteó que si la inflación de 2022 fuese del 52,8 % la recomposición salarial deberá ser de al menos el 45 por ciento, 5 puntos más arriba de lo anunciado por el Ministerio de Trabajo nacional que habló de un 40 %; el mismo Secretario General, Hugo Yasky, señaló que el salario mínimo debe subir por lo menos 50 % para posicionarlo por arriba del proceso inflacionario y contar con revisión bimestral.
Todos piden señales al gobierno nacional de que no serán los trabajadores quienes paguen las consecuencias del cogobierno con el FMI que ya empezó a funcionar con la suba de tarifas. Pero lo cierto es que nada es suficiente y el tan mentado crecimiento de la economía macro lejos está de traducirse en una distribución más justa. ¿Y el trabajador?, de casa al trabajo y del trabajo a casa, sin poder detenerse por un sándwich en el camino porque los billetes que tiene en el bolsillo –si los tiene– no le alcanzan.
Por eso en este 1ero. de mayo de 2022 se haría deseable –sin duda una utopía para algunos– que las organizaciones representativas del movimiento obrero comiencen a pensar en salvar diferencias y llamen a movilizar a los trabajadores y a las mismas organizaciones sociales para resistir una concentración económica impúdica que amenaza seriamente al sistema democrático. La movilización y lucha no será contra el gobierno nacional pese a su carácter equivocadamente contemporizador y a su ¿ceguera?, sino contra los grupos concentrados, quienes van por todo en su intento de destruir los derechos laborales y condenar a la miseria y exclusión a las clases populares. Como en otros 1ero de mayo del pasado, se impone articular políticas de lucha para resistir el avasallamiento neoliberal.
