Por Mariángeles Guerrero
El gobierno de Javier Milei anunció esta semana el cierre definitivo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Desde la cartera de Justicia alegaron que dicha institución fue “creada y utilizada por la administración anterior con fines político-partidarios”. Sin embargo, el organismo cuenta con una tradición de casi cuatro décadas que responde a los compromisos asumidos por Argentina en el ámbito internacional —vía leyes sancionadas en el Congreso— para erradicar la violencia de género. El cierre pone en alerta a los mecanismos de cumplimiento de los tratados internacionales, respecto al accionar que tendrá el país de ahora en más respecto a esta problemática.
En 1985 Argentina adhirió a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). Este tratado, sancionado por las Naciones Unidas en 1979, establece que los Estados que lo ratifiquen deben incorporar la perspectiva de género en todas sus instituciones, políticas y acciones para mejorar la situación de las mujeres y erradicar la discriminación. Desde 1994, tiene jerarquía constitucional en nuestro país.
Fue por la adhesión a esa convención, que mediante el decreto 280 de 1987, el gobierno de Raúl Alfonsín creó el primer organismo específico destinado a la agenda de género: la Subsecretaría Nacional de la Mujer, dependiente de la entonces Secretaría de Desarrollo Humano y Familia. Contó con estructura y presupuesto propios y operó sobre seis áreas prioritarias: educación, salud, trabajo, vida cotidiana y familia, legislación y medios de comunicación social.
Con ese antecedente, en 1991 se creó el Consejo Coordinador de Políticas Públicas para la Mujer, que dependía directamente del Poder Ejecutivo Nacional. Al año siguiente este Consejo fue reemplazado por el Consejo Nacional de la Mujer (CNM) mediante el Decreto 1426/92 con rango de Subsecretaría. En 1993, el CNM fue jerarquizado adquiriendo el rango de Secretaría de Estado, con la misión específica de desarrollar políticas para la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones.
El decreto, firmado por Carlos Menem, reconocía entonces el compromiso asumido por el “Estado argentino al ratificar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”. También mencionaba que “la máxima participación de la mujer en todas las esferas es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país”.
En 1996 se aprobó la Ley 24.632, mediante la cual Argentina suscribió a un segundo tratado internacional referente a los derechos de las mujeres: la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belem do Pará.
En 2009 el Congreso sancionó la Ley 26.485, de protección integral, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y estableció que el organismo que se encargaría de su cumplimiento sería el Consejo de la Mujer. Un año después, Cristina Kirchner le cambió el nombre por Consejo Nacional de las Mujeres. Y, en 2017, el gobierno de Mauricio Macri convirtió al consejo en el Instituto Nacional de las Mujeres, dependiente del Poder Ejecutivo.
Fue a partir de ese proceso de más de 30 años que, en 2019, el gobierno de Alberto Fernández brindó mayor estructura al organismo, creando el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Hasta 2023, esa cartera había atendido de manera directa a más de 1.600.000 personas en situación de violencia de género o vulneración de sus derechos.
El Programa Acompañar, llevado a cabo por el ex ministerio, permitió a más de 300.000 mujeres y LGBTI+ salir de situaciones de violencia por motivos de género a través de apoyo económico y psicosocial. También se acompañó económica y técnicamente más de 304 proyectos productivos y más de 100 proyectos comunitarios en el marco de los programas Producir, Articular y de Escuelas Populares de Género y Diversidad. Por otro lado, la Línea telefónica gratuita 144 brindó información a más de 1 millón de mujeres y LGBTI+ de todo el país.
En el marco de la Ley 27.636 Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins”, más de 700 personas trans y travestis ingresaron a trabajar por primera vez al Estado Nacional.
Desde la sanción de la Ley Micaela en 2018 hasta agosto de 2023, el Ministerio capacitó a 232.997 autoridades y agentes de los tres poderes del Estado. Son las “charlas” a las que alude el actual gobierno, realizadas para cumplir la norma sancionada por el Congreso que busca evitar que la falta de conocimiento y perspectiva de género redunde en otro femicidio como el de Micaela García. La joven fue abusada sexualmente y asesinada en 2017; su femicida tenía antecedentes de abuso sexual pero fue liberado por un juez que carecía de capacitación en la materia.
El ex ministerio contaba con una planta de 650 trabajadoras y trabajadores. Debido al cierre, 11 provincias quedaron sin equipos territoriales para los acompañamientos. Aún no hay información sobre cómo se continuarán implementando políticas como la Línea 144, el Programa Acompañar o las capacitaciones de la Ley Micaela.
Degradación, cierre y alerta
Tras su asunción, Javier Milei resolvió bajar el rango administrativo del ministerio y convertirlo en una subsecretaría dependiente del Ministerio de Capital Humano, de Sandra Pettovello. Como subsecretaria asumió, en febrero, la ex fiscal Claudia Barcia. Entre diciembre y febrero, pese a seguir contando con presupuesto ministerial, las acciones del organismo estuvieron frenadas.
“Estuvimos dos meses sin algún referente que nos indique cuáles iban a ser los ejes de la política pública. No hubo una decisión política de continuar con los acompañamientos a personas en situaciones de violencia por motivos de género, como se venía haciendo”, cuenta Fernanda Fuentealba, trabajadora del ex ministerio de las Mujeres y delegada general de la junta interna de ATE. Pero las cosas no cambiaron con la llegada de Barcia. “No contamos con determinaciones ni ejes claros para continuar con los programas”, agrega la entrevistada.
El pasado 23 de mayo se publicó en el Boletín Oficial el traspaso de la Subsecretaría desde Capital Humano —implicado en el escándalo del secuestro de los alimentos— hacia la cartera de Justicia. El martes pasado, tras la movilización de Ni Una Menos, Barcia convocó a una reunión de directivos y anunció una reducción del 80% de la planta del personal. En los hechos, era dejar a 500 personas sin trabajo. Pero este jueves, se conoció la decisión de eliminar definitivamente el organismo. Primero trascendió la renuncia de Barcia; más tarde, el ministerio de Justicia lo informó mediante sus redes sociales.
Los y las trabajadoras del ex ministerio están en pie de lucha. El próximo martes habrá una asamblea abierta frente a la explanada del Congreso de la Nación desde las 15:30. También se pidió una reunión a la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados de la Nación para exponer esta situación.
“Al no existir este organismo, se deja de cumplir con las normas y las leyes internacionales y con los acuerdos internacionales con los que se comprometió el Estado nacional”, subraya Fuentealba.
En el mismo sentido se expresó el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Mesecvi). Este comité de expertas, que vela por el cumplimiento de la Convención de Belem do Pará, expresó a través de la red social X su “profunda preocupación por los retrocesos en la institucionalidad de las mujeres en el país”.
Y agregó que, de concretarse dicho cierre, “impactaría directamente sobre unas capacidades estatales ya afectadas por anteriores recortes, comprometiendo seriamente la obligación del Estado de proteger a las mujeres”.
Para Fuentealba, “la decisión en este contexto es continuar atacando a los feminismos y a los transfeminismos”. Y añade: “Javier Milei busca desmerecer nuestras luchas y nuestros derechos conquistados. Sin trabajadores y trabajadoras estatales no hay políticas públicas ni posibilidades de una sociedad que sea acompañada por un Estado presente”.
