La causa conocida como Las Brigadas, que investigó los crímenes cometidos contra 605 personas en cuatro centros clandestinos de detención de Buenos Aires, condenó este martes a diez represores a cadena perpetua, uno a 25 años de prisión y solo uno fue absuelto.
Aparte de haber investigado los crímenes cometidos en La Noche de los Lápices en septiembre del 76 y diez apropiaciones de bebés (siete de los cuales recuperaron su identidad) la sentencia tiene otro aspecto a resaltar: por primera vez un Tribunal en Argentina sentenció que los crímenes cometidos contra mujeres trans durante la última dictadura son de lesa humanidad, es decir que no prescriben.
Son ocho sobrevivientes trans: Valeria del Mar Ramírez, Carla Fabiana “La Cañito” Gutiérrez, Paola Leonor Alagastino, Julieta Alejandra “Trachyn” González, Analia Velázquez, Marcela Viegas Pedro, Judith y Claudia, todas detenidas en el Pozo de Banfield. Las últimas dos fallecieron durante el proceso judicial.
Las obligaron a lavar los autos que usaban para los secuestros, cocinar y limpiar los centros clandestinos de detención.
Ninguna hizo la denuncia en los ochenta ni en los noventa: llevó tiempo que se dieran cuenta que fueron perseguidas por los militares. Es que siempre hubo persecución, detenciones arbitrarias y violencia cometida contra mujeres de la comunidad travesti trans, antes, durante y después de la dictadura. Pero las ocho víctimas fueron llevadas a centros clandestinos de detención y es la primera vez que el Estado reconoce que fueron blanco de los militares.
Los delitos por los que fueron condenados los acusados, como en las demás causas de lesa humanidad, incluyen privación ilegítima de la libertad, abuso sexual y tormentos. Esta vez se consideró también el crimen por reducción a la servidumbre contra tres travestis: las obligaron a lavar los autos que usaban para los secuestros, cocinar y limpiar los centros clandestinos de detención.
48 años después: perpetua para los represores de La Noche de los Lápices
La causa Las Brigadas investigó los crímenes cometidos en cuatro campos de concentración: Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, El Infierno de Avellaneda y la Brigada de San Justo.
“Es la primera vez que hay una condena de esta magnitud en todo el país y también en el mundo, nunca hubo condena por actos de terrorismo de Estado hacia personas trans. Es la primera vez que ocurre y también considerando al colectivo que fue víctima, no solo como individuos” explica a El Ciudadano Ana Oberlin, auxiliar fiscal, abogada especializada en Derechos Humanos, Género y Derecho Penal y doctoranda en Derecho y Ciencias Sociales.
Todavía no se conocen los fundamentos de la sentencia, pero lo crucial para Oberlin es que hayan declarado el carácter de lesa humanidad de estos crímenes.
“Además, esta sentencia demuestra que Argentina sigue siendo un lugar donde el proceso de justicia es fuerte por la cantidad de víctimas, por cantidad de juicios y por la solidez de estos procesos incluso en un contexto donde hay autoridades que avalan la ocurrencia de estos delitos”, señaló.
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El juicio duró casi cuatro años y testimoniaron más de 500 personas. En abril de 2023 declaró como testigo especialista Marlene Wayar, conocida académica y activista por los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Dio contexto para explicar la persecución que sufrió a través de las décadas este colectivo de personas, refirió a un “sistema sexogenérico” donde las travestis configuran específicamente un blanco de ataque.
En otras entrevistas con El Ciudadano, Oberlin explicó la importancia de reconocer estas violencias específicas porque dan cuenta de que el modelo económico, social y cultural impuesto por las Fuerzas Armadas incluyó también “un modelo sexo genérico donde quienes estuvieran por fuera de la cis heteronormatividad eran reprimidos con un especial ensañamiento”. Refiere a gays, lesbianas y travestis.
“Existió como objetivo deliberado la persecución a personas fuera de la cis heteronormatividad en general durante esos años, una persecución estatal que ya existía y siguió existiendo después pero que en esos años se intensificó”, explicó.
Las más expuestas eran las mujeres trans, tanto por cómo se manifestaban en su forma de vestirse, de hablar, de andar, como por el hecho de que la mayoría eran trabajadoras sexuales y eran detenidas arbitrariamente en la calle.
En Santa Fe, específicamente en Rosario, hay una investigación en curso donde ya se terminó la etapa de tomarles testimonio a las víctimas. Son 19 mujeres trans que en 2018 fueron reconocidas como víctimas de la dictadura a través de la reparación histórica contemplada en una ley provincial. Fue un reconocimiento inédito en el país, por contemplarlas como presas políticas. Ahora la Justicia por primera vez falló en este sentido, se espera que esta condena influya de alguna manera en acelerar este proceso. Por lo pronto desde Fiscalía esperan realizar pronto una inspección en la ex jefatura de policía.
