Una víctima del franquismo testificará este viernes, por primera vez en España, en una causa abierta por torturas durante la dictadura de Francisco Franco, en lo que marcará un hito en la historia española, ya que nunca antes un tribunal de ese país había recibido querellas por crímenes de lesa humanidad.
Julio Pacheco Yepes espera que su declaración, cuando se convierta en la primera víctima en testificar ante un juez español en una causa abierta por torturas durante la dictadura franquista, sirva para hacer «una grieta en el muro de impunidad» vigente en España.
El testimonio es posible gracias a la sanción de la Ley de Memoria Democrática, en octubre de 2022, una iniciativa insignia del gobierno de coalición progresista del presidente Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero de España (PSOE), para resarcir a las víctimas del franquismo.
Esta declaración testimonial «puede abrir una grieta en el muro de impunidad que hemos sufrido durante tanto tiempo» las víctimas de la dictadura (1939-1975), estimó a la agencia de noticias AFP este jubilado de 67 años en la sala de su casa en un popular barrio del sureste de Madrid.
«Es un hito importante. Ten en cuenta que hace (casi) 50 años que pasó todo esto. Hasta ahora nadie, ningún juez, nos ha admitido una querella, ni una declaración en sede judicial, y esta es la primera», se congratuló.
Su testimonio, que se desarrollará el próximo viernes por la mañana en un tribunal madrileño, marcará un antes y un después: el anterior centenar de querellas por crímenes cometidos durante la dictadura que recibieron los tribunales españoles no fueron siquiera admitidas, según organizaciones de víctimas.
La situación judicial
Hasta ahora, los crímenes del franquismo solo habían sido juzgados en la Argentina en 2010, cuando la jueza María Servini de Cubría tomó testimonio a familiares de víctimas de la dictadura de Franco, basándose en el principio de la jurisdicción universal.
Según las organizaciones, los tribunales alegaban que la Ley de Amnistía, aprobada en octubre de 1977 en la transición hacia la democracia, decretó la imposibilidad de perseguir delitos cometidos por los opositores políticos, pero también «por los funcionarios y agentes del orden público».
Originalmente, esta declaración iba a ser en julio pasado, pero se atrasó porque hubo un cambio de juez, quien había dicho que quería «revisar» el caso, lo que provocó airadas quejas de asociaciones y familiares de víctimas.
En esta ocasión, la jueza Ana María Iguacel admitió la querella al constatar «la posible existencia» de delitos de «crímenes de lesa humanidad y torturas», según el expediente.
Las víctimas siempre sostuvieron que la tortura, en cuanto delito de lesa humanidad, no prescribe, tal y como lo establece la jurisprudencia internacional.
En España, «lo que se impuso fue ese pacto de silencio y ha costado muchísimos años» romperlo, afirmó la esposa de Pacheco Yepes, Rosa María García Alcón, presidenta de la asociación de víctimas La Comuna y quien intentó en 2018 una querella, inadmitida, contra uno de los policías que la torturó en 1975.
Las torturas hacia él y su pareja
La mujer, de 66 años, declarará como testigo, ya que como parte de las torturas a su entonces novio, su marido desde hace más de 45 años, le enseñaban cómo la torturaban a ella, cuenta García Alcón.
Ambos fueron detenidos en agosto de 1975 por integrar una organización estudiantil universitaria que pertenecía al Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), que luchaba contra la dictadura.
Fueron llevados a la temida Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol madrileña, donde los torturaron por días varios policías, antes de ser llevados a sendas cárceles, acusados de terrorismo. Un mes después de morir el dictador Francisco Franco, en diciembre de 1975, salieron en libertad bajo fianza. Meses después, fueron indultados.
Pacheco Yepes querelló a sus cuatro torturadores, entre ellos, según la denuncia, José Manuel Villarejo, una oscura figura implicada en numerosos escándalos relacionados con la élite económica y política, condenado en junio a 19 años de cárcel por espionaje en un primer juicio.
El madrileño dijo que, aunque desea ver a sus torturadores «sentados en el banquillo de los acusados», ya le satisfizo el hecho de que su caso recuerde «lo que fue el franquismo», más aún cuando en España ha ganado cuotas de poder la extrema derecha de Vox, crítica del afán de la izquierda por visibilizar a las víctimas del franquismo.
«Ahora tenemos aquí a Vox, tenemos una corriente muy fuerte que quiere volver a aquella época y (…) yo creo que la única forma de contrarrestarlo» es «mostrar el atraso político» que implicó la dictadura, afirmó.
«La única forma de cerrar las heridas es con la verdad (…) Si no, están siempre sangrando», apuntó Pacheco Yepes.
