José Calero/Noticias Argentinas
A menos de un mes de asumir el nuevo gobierno, siguen surgiendo datos para el asombro sobre la administración de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa.
Cuando los nuevos funcionarios empezaron a ocupar sus cargos y a conocer a la gente que trabaja en cada área, chocaron contra un realidad que los impactó. Muchos estatales cobran sueldos de hambre. Y aquellos que redondean un salario para “pucherear” los treinta días del mes, es porque cumplen, o hacen figurar al menos, un sinnúmero de horas extras y adicionales.
Así, se detectó que si alguno gana por encima de canasta básica es porque se incluyen distintos “adicionales”, que en mucho casos equivalen, o superan, al salario básico. Es un escenario anárquico, enmarcado en la revelación de edificios públicos históricos, como la propia Casa Rosada, donde en las escaleras sucias había carteles insólitos en los que se rogaba: «Por favor no orinar acá”.
Esta realidad era bien conocida por los gremios, como ATE y UPCN, pero fue tolerada durante el kirchnerismo, donde casi no hubo reclamos. En los gremios intentan dar la siguiente “explicación”: “Al menos los compañeros podían llegar a fin de mes. Ahora Milei les quiere cortar los adicionales. Esos sí serán sueldos de hambre”.
En esferas sindicales reconocen que los trabajadores aceptaban esa condición a cambio de recibir en el recibo una cantidad de horas extras, compensaciones varias, vales de comida, y otros, con los cuales redondeaban una cifra que podía ir desde los 200.000 hasta los 400.000 pesos. Muchos de esos estatales trabajan en la órbita de la Plaza de Mayo (Casa Rosada, ministerios varios, Side, Afip y otros) y viajan desde el conurbano bonaerense, es decir tienen entre unas dos y tres horas de viaje diarios, ida y vuelta. Claro que hasta hace unos días nada más muchos seguían trabajando en forma remota, una ventaja de los nuevos tiempos pospandemia que, en el caso del Estado argentino fue mal utilizada y se destinó a tapar la gran cantidad de ñoquis al servicio de la política que ahora quedaron al descubierto.
Entre las dependencias con mejores salarios se anotan la Afip e YPF, donde existe una capa de altos cargos jerárquicos que perciben entre 2 millones y hasta 10 millones mensuales. En YPF, por ejemplo, es un secreto a voces que una alta funcionaria vinculada a Máximo Kirchner y La Cámpora aún mantiene una disputa porque está aferrada al cargo y se niega a firmar la renuncia, como sí hizo el resto de sus “compañeros”. La señora en cuestión cobra 10 millones de pesos por mes. Demasiado jugoso para dejarlo pasar, aunque haya que “traicionar” a los compañeros.
En la Aduana, por ejemplo, su titular, el entrerriano Guillermo Michel, evaluó hasta último momento junto al propio Sergio Massa la conveniencia o no de dejar ese lugar vacío, luego de que un enviado del nuevo gobierno le insinuara la posibilidad de continuar en el cargo. Ahora, según pudo saber NA, Michel y Carlos Castagneto -muy cercano a Cristina Kirchner- se convertirán en las principales espadas de Massa para encarar la etapa que viene: el ex ministro de Economía empieza una sorda disputa con el gobernador bonaerense Axel Kicillof para ver quién liderará al kirchnerismo/peronismo en los convulsionados tiempos que vienen.
Dicen que Massa cuenta con “muchos recursos” para hacerlo, y con un grupo sólido de empresarios amigos para “bancar” semejante parada, que costará -claro- decenas de millones de pesos.
Qué pasó con el empleo en la última década
En 2011 había 17,5 millones de trabajadores en la Argentina, mientras que ahora son casi 21 millones, según datos oficiales del Ministerio de Trabajo y del Indec.
¿Dónde se crearon los 3,5 millones de nuevos empleos en estos doce años?
* Informales (en negro): 1.160.000 (33,6%)
* Monotributistas: 1.170.000 (33,9%)
* Asalariados Públicos: 830.000 (25,3%)
* Asalariados Privados: 250.000 (7,2%)
Dos de cada tres empleos generados corresponde a personas que trabajan en la informalidad o (en su gran mayoría falsamente) como “independientes” (incluye monotributo y monotributo social).
“Si sumamos a los empleados públicos llegamos al 92,8%. Esta economía sólo genera empleo precario y de baja o nula productividad. Eso explica por qué el salario real no para de caer”, explica el economista Esteban Domecq.
Del otro lado, solo el 7,2% de los nuevos puestos de trabajo se crearon en el sector privado asalariado registrado, que es empleo formal de alta productividad. Son apenas 250.000 empleos en 12 años. Entre el 2003 y el 2008 se habían generado 2,2 millones en cinco años.
Domecq, director de la consultora Invecq, explicó a NA que “el mercado laboral argentino ya está flexibilizado de hecho, ajustando con informalidad, precariedad laboral y con caída del salario real”.
Y sostuvo que “los grandes perjudicados con la actual legislación laboral son, como siempre, los trabajadores”.
Quienes vienen haciendo estos análisis, y en especial el gobierno, advierte que toda oposición a la reforma laboral (CGT, CTA, sindicalistas, justicia.) sólo busca defender sus propios intereses, y le apuntan a “la industria del juicio y a los gremialistas millonarios en gremios con trabajadores empobrecidos”.
Alertan, además, que sostener este esquema es “ir en contra de los trabajadores, condenando a millones de personas a la informalidad, a la precariedad laboral y a la pobreza, incluidos los jubilados y pensionados, porque esta dinámica del mercado laboral lleva al sistema previsional a la quiebra total en muy pocos años”.
Con esos y otros argumentos, se espera que el gobierno profundice la presión sobre los legisladores en los próximos días.
La advertencia del ministro del Interior
Guillermo Francos no sólo es el ministro del Interior. Es el hombre fuerte en el Gabinete armado por Javier Milei, quien lo conoció en el sector privado, cuando ambos coincidieron en el holding de Eduardo Eurnekian, donde también abrevaron el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y otros cerebros claves del actual gobierno.
«Así no invierte nadie en la Argentina», lanzó este domingo, con su énfasis habitual, el ministro del Interior. Fue para presionar a los diputados y senadores que plantean sus dudas y críticas a la Ley Ómnibus que el Ejecutivo envió al Congreso para debatir en sesiones extraordinarias.
“No tenemos tiempo, si nos ponemos a discutir una ley que nos lleve todo el año, no entra un peso más a la Argentina, no invierte nadie, y tenemos necesidad de inversiones, si no, se para todo”, disparó Francos.
El funcionario también cuestionó el paro general dispuesto por la CGT para repudiar las primeras medidas del gobierno libertario, y sostuvo: “Hay necesidad y urgencia, hay que sacar la norma rápido, que permita influir en la economía argentina, que se den señales claras de que estamos cambiando”.
“Esta es la oportunidad de cambio, dejen gobernar al presidente Milei, que ha ganado legítimamente una elección; todavía no cumplió un mes en el gobierno y ya tiene un paro, y quieren demorarle una ley”, enfatizó Francos.
El ministro del Interior sostuvo que el gobierno está haciendo un esfuerzo por «tener la ley con media sanción en enero”.
La denominada ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” incluye 664 artículos, más 6 anexos, que implicarían profundos cambios en materia económica, impositiva, financiera, energética, sanitaria, administrativa, electoral, previsional, social, educativa, y de seguridad.
Abarca desde una ambiciosa reforma política y una nueva modalidad de establecer la movilidad jubilatoria, hasta modificaciones en materia tributaria y en las retenciones agropecuarias, un blanqueo impositivo y la privatización de empresas públicas.
También se refiere a distintos aspectos de la vida de los ciudadanos que van desde cambios en la interpretación de la legítima defensa y el divorcio simplificado, hasta la ley de salud mental y el juicio por jurados, entre muchas otras áreas.
