En una carta abierta a los diputados y diputadas nacionales que debaten en la Cámara baja el proyecto de ley ómnibus enviado por el Ejecutivo, el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (Caje) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) les comunicó las razones por las cuales espresan su «rechazo categórico» a la versión modificada (al cabo de negociaciones con un sector no ofcialista) de la iniciativa, que comenzó a circular este lunes. «Consideramos que este dictamen, aún con las modificaciones propuestas, sigue representando una clara regresión ambiental y una amenaza seria para el estado democrático de derecho y los principios fundamentales de justicia republicana que son parte», señalan en el texto.
«Habiendo realizado un análisis detallado del borrador circulante, queremos destacar como especialistas en materia socioambiental que las modificaciones introducidas son altamente preocupantes, inadmisibles por lo profundamente regresivas respecto de la legislación de protección ambiental vigente y los estándares internacionales», enfatiza el documento.
La carta abierta detalla las amenazas ambientales que, lejos de siquiera aminorarse, se mantienen en la nueva redacción negociada con la «oposición dialoguista», con objeciones básicamente referidas a reducir daños de algunos sectores productivos y arcas provinciales.
- Ley de Glaciares
Glaciares y ambientes periglaciares, ahora protegidos, ya no lo estarán y podrían ser destruidos, de aprobarse el texto del dictamen. Las modificaciones propuestas allí para cambiar las definiciones de glaciar y ambiente periglaciar tienen un claro objetivo de reducir notoriamente el área protegida. Esta regresión de proyección ambiental será utilizada para avanzar con actividades extractivistas (megaminería fundamentalmente) sobre estos ecosistemas.
- Ley de Bosques
A pesar de las modificaciones respecto de la redacción original, la desfinanciación de la ley y otros cambios impuestos siguen representando una amenaza significativa a la preservación de nuestros bosques, comprometiendo la biodiversidad y la sostenibilidad de nuestros ecosistemas.
- Ley de Manejo del Fuego
Se derogan las prohibiciones de cambio de uso del suelo después de un incendio, lo cual representa una clara regresión en la protección de los ecosistemas, promoviendo actividades que se dicen “productivas” pero que pueden tener consecuencias ambientales devastadoras. Los humedales, pastizales y bosques serán los principales perjudicados que, además, fueron los protagonistas de los últimos grandes incendios intencionales para cambios de uso de suelos.
- Autorización de Quema
Aumento de 30 a 90 días para la autorización de quema. Esto representa, de manera tácita, la aprobación y la desregulación de las quemas en todo el territorio nacional. Este cambio sigue siendo erróneo ya que nunca debiera haber una actividad de quema sin autorización expresa de autoridad competente. La necesidad de controlar actividades que perjudican la salud de la población, que tienen un impacto ambiental significativo y que pueden desencadenar megaincendios (como ya es habitual en el contexto de agravamiento de la crisis climática), afectan de manera directa a las economías regionales y el entramado social.
«En definitiva, la combinación del DNU 70/23, la derogación de la Ley de Tierras Rurales y este proyecto de Ley Ómnibus constituyen una amenaza inminente y concreta sobre la totalidad de los bosques, glaciares y humedales«, destacan los colectivos en la interpelación a los legisladores. Y agregan lo que consideran «otras agresiones ambientales» que se mantienen en la nueva versión y deben ser objeto de un rechazo sin medias tintas.
El Paraná y la energía, una hipoteca del futuro
Si bien Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y Nucleoeléctrica ya no aparecen como empresas públicas sujetas a privatización en este proyecto, señalan, «la privatización de las empresas públicas del sector energético, tanto nacionales como provinciales, intensificará y profundizará la dependencia en materia energética, en todas las etapas». Sobre este punto, destacan que no solamente tiene un impacto social debido al valor de la tarifa energética, generando mayor pobreza energética, sino que también ocasiona desbalances macroeconómicos al afectar la balanza de pagos. Lo anterior, concluyen, «posterga y demora innecesariamente el inicio de una transición energética, a la cual el mundo se dirige inexorablemente y que Argentina precisa poner en su propia esfera, como un ámbito estratégico».
Otro apartado cuestionado es el que propone la privatización de la Administración General de Puertos (AGP), «consolidándose las políticas hacia la privatización de los ríos, en particular, el Paraná, imposibilitando aún más el control nacional y provincial sobre nuestra principal vía de exportación y negando la gestión pública, en el contexto del federalismo de concertación, negando la titularidad de las provincias de sus bienes naturales.
Agregan como otro de los «hechos altamente preocupantes» la creciente «desregulación del sector minero y la profunda desregulación sobre la propiedad de las semillas», que comprometerían la soberanía nacional y la salud de nuestras comunidades.
«Décadas de experiencia acumulada como Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial nos llevan a concluir que este proyecto, en su forma actual, constituye un claro retroceso y debe ser rechazado en su conjunto«, afirman los autores de la carta abierta.
La trampa: las facultades delegadas para evadir al Poder Legislativo
«Queremos manifestar expresamente nuestro rechazo a la propuesta de Declaración de Emergencia Pública y Delegación de Facultades sobre al menos 11 materias diferentes –sea cual sea el plazo fijado para el otorgamiento de esas facultades delegadas– puesto que colocarían al Poder Ejecutivo Nacional en la situación de volver a imponer –ya sin la intervención del Congreso de la Nación– las reformas regresivas que pretendió impulsar inicialmente, no solo en materia ambiental, sino en todos los demás asuntos y materias comprendidas en el proyecto de ley (Salud, Educación, Cultura, Jubilaciones, Consumidores, Privatizaciones, Retenciones, Impuestos y muchas otras)», señalan los ambientalistas respecto de la reducción de tiempos (de dos a un año con prórroga de dos a un año) que en la práctica no atenúan el grave riesgo de que el Gobierno pueda decidir sin contrapesos institucionales sobre cualquier asunto.
En ese sentido, advierten que «las Facultades Delegadas –expresamente prohibidas por la Constitución Nacional– provocarán un avasallamiento de la democracia constitucional argentina, configurándose con ello el supuesto en donde el presidente –por decisión del Parlamento– adquiere facultades extraordinarias y la suma del poder público, con poder y discrecionalidad que lo habilitan a imponer sumisiones y ejercer supremacías bajo la forma de únicato decisionista, convirtiendo nuestro estado en autocrático, de excepción e inconstitucional».
Y recuerdan que incluso «el artículo 29 de la Constitución originaria de 1853, advirtió que …actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.
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Grave en el contenido, grave en las formas
«No podemos pasar por alto las groseras deficiencias y vicios democráticos que tiene este proceso en cuanto a la falta de deliberación, transparencia, publicidad, participación y sobre todo, tiempo razonable para debatir abiertamente», enfatiza el documento respecto del proceso de debate, virado en los últimos días del plenario de comisiones a despachos privados e incluso dependencias fuera del Congreso.
«Todos sabemos, tanto la sociedad como los miembros del Congreso, que los funcionarios de gobierno que participaron en las audiencias públicas no fueron los que elaboraron el proyecto de Ley Ómnibus. Por el contrario, quienes lo elaboraron ni siquiera son parte del gobierno o del Estado. El mejor ejemplo de la inconducencia de estas audiencias es que el nuevo dictamen oficial es tan regresivo en materia ambiental como el original. Evidentemente, los sectores que se beneficiarán con estas reformas encontraron una oportunidad de hacer una política pública, escribiendo sin ningún escrutinio público ni pudor, leyes para beneficio propio«, añaden los ambientalistas sobre lo que incluso reconocieron los propios funcionarios ante la consulta de los legisladores: ninguno atinó a identificar a los redactores del mega proyecto.
Sobre el contexto en el que las medidas propuestas por el Gobierno de Javier Milei pretende tener aprobadas, la carta abierta destaca la abierta contradicción de los cambios y derogaciones con uun paradigma global que, aunque más no sea por instinto de supervivencia, construye regulaciones para promove actividades sustentables: «La humanidad es cada vez más consciente de la emergencia climática y socioambiental que atraviesa nuestro planeta. Temperaturas cada vez más extremas y variables, eventos cada vez más frecuentes como los tornados, incendios, inundaciones y sequías, azotan nuestro país e interpelan de modo directo los modelos de desarrollo hegemónico. Para hacer sostenible la vida, se hace cada vez más necesario pensar una economía adaptada a la crisis climática y a la defensa del planeta. Más que nunca debemos fortalecer las legislaciones e institucionalidades ambientales, en lugar de debilitarlas. Sin embargo, en vez de preguntarnos por políticas públicas integrales que asuman desde una perspectiva a la vez nacional y global, los grandes desafíos del siglo XXI (protección de los bienes comunes, transición energética y ecosocial justa, adaptación y mitigación al cambio climático), la Argentina se instala a contramano, aislándose con posicionamientos negacionistas y retrocediendo con políticas públicas privatistas, corporativas y neocoloniales de corte devastador, propias de lo peor de los siglos XIX y XX».
La carta abierta, luego de enumerar los peligros que se mantienen en la nueva redacción de la llamada ley ómnibus, llaman a los diputados y diputadas «a considerar la gravedad de las implicancias de este proyecto y a votar en contra del mismo». Y señalan que «cada voto en contra de estas iniciativas debe ser un acto de defensa de la soberanía, de la salud de nuestras comunidades y de respeto al ambiente y la naturaleza».
