Manuel Parola
Del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) se desprende que la casi totalidad (98%) de los 120 mil rosarinos que viven en ellos no acceden al agua potable de manera formal en sus casas. En los mapas tanto digitales como impresos de Rosario, los llamados polígonos del Registro Nacional de Barrios Populares aparecen como áreas grises donde los pasillos no tienen forma ni dimensión: no existen.
Aguas Santafesinas SA es la encargada de llevar el servicio de agua a aquellas zonas determinadas como “áreas servidas”, pero debido a una ley previa a la privatización de la empresa, en 1995, las villas no son tenidas en cuenta en esa calificación. Por ello, la empresa no tiene la obligación de llevar las instalaciones de agua a estos barrios desposeídos, explicaron desde la firma estatal. Las autoridades de Assa advierten que, de no cambiarse la normativa, cuya vigencia alcanza y rige el funcionamiento actual, están imposibilitados de actuar. La ley, claro está, puso en línea las obligaciones que tenía la entonces Dirección Provincial de Obras Sanitarias con los intereses de la futura concesionaria, fuera cual fuera: le restó compromisos de inversión.
Pasado el tiempo, la privatizada tampoco cumplió con las inversiones obligadas que le habían quedado para hacer, y el servicio fue reestatizado. Pero la cuestión permanece. Sobre esta sensible problemática, hay un proyecto de ley presentado hace un mes que aún no fue tratado en la comisión de Servicios Públicos de Diputados.
La ley 11.220 es la norma que determina el funcionamiento de la empresa prestadora del servicio de agua potable de la provincia de Santa Fe. Fue sancionada el 27 de octubre de 1994, en el marco de la privatización del servicio que ocurriría un año después, y limita a la empresa a denominar las áreas servidas según una serie de características del espacio donde se busque llevar adelante la instalación. Assa puede nombrar área servida a otras áreas, de acuerdo con un criterio de posible instalación de la boca de expendio, pero hay un escollo cuando se trata de barrios populares, según afirman desde la empresa.
“En pleno siglo XXI, en el año 2022, tenemos muchísimos rosarinos que al día de hoy acarrean agua”, dijo a El Ciudadano el titular de la Oficina de Defensa al Consumidor, que depende del Concejo Municipal, Antonio Salinas.
“Cuando hablamos de acarrear agua es esto, ir a buscarlo a un punto de suministro como por ejemplo un tanque comunitario, o en muchos barrios ir a lugares antigravedad, que es un eufemismo para decirle a la zanja, donde uno puede bajar un poco la manguera y vencer la presión y llenar un balde y volver caminando a la casa”, afirmó.
Según Salinas, las instalaciones informales de suministro y acarreo de agua tienen una pérdida del 40% del recurso.
Conocer los barrios populares: cada vez son más, en los márgenes de las ciudades y de los derechos
Salinas advierte que ley privatizadora, la 11.220, exime de la responsabilidad de llevar el servicio a los barrios populares: “La empresa sólo está obligada a hacer operativos en las áreas servidas, que es básicamente donde ellos tienen cañerías. En las áreas no servidas, al considerarse como tal, la empresa no está obligada a brindar el servicio”.
Al ser consultados sobre este asunto, desde Aguas Santafesinas afirman que tienen la potestad para poder redefinir un área no servida en área servida, pero “con los barrios populares no se pueden aplicar los mismos criterios” y, por lo tanto, se analiza caso a caso.
“Si hay factibilidad técnica, se pasa a área servida”, declaró Guillermo Lanfranco, gerente de Prensa y Relaciones Institucionales de Assa. Según el funcionario, desde 2020 la empresa cambió por completo la visión sobre la disposición del servicio a las villas y asentamientos.
Ser o no ser (área servida)
Lanfranco explicó que existen dos condicionantes, con respecto a los barrios populares, para poder acceder a la calificación de área servida: la titularidad del inmueble y la capacidad técnica de poder colocar las cañerías en las calles o pasillos del barrio.
“Las áreas servidas están determinadas por la posibilidad de tender una cañería formal”. Para habilitar una expansión del servicio, se lleva adelante un estudio de “factibilidad técnica y comercial”, lo cual se refiere a la revisión de titularidad del inmueble que se pretende agregar a la red de servicio de agua.
“En los barrios populares no podés aplicar los mismos criterios que en un barrio común, por los pasillos y por la situación de propiedad del inmueble. Hoy hay nuevos elementos como el certificado de vivienda familiar. El asunto es que siempre chocás con cómo llegar con el servicio a esa zona”, dijo Lanfranco a El Ciudadano.
“En los barrios populares, por las cuestiones de titularidad y por la cuestión técnica eso hoy no es posible. Si se avanza en alguna legislación y si esa legislación está asociada a cambios en la ley 11.220, habrá que estudiarlo”, advirtió.
La norma actual establece la obligación de servicio a la empresa en las áreas servidas del territorio santafesino, pero en las áreas no servidas la empresa no está obligada a prestar el servicio, aunque “en la medida de lo posible, las hemos empezado a asumir de igual manera según la capacidad técnica que se tenga para llevar el servicio”.
Programa de Agua Social Santafesina
Hace poco más de un mes, las diputadas Lucila De Ponti, del Frente de Todos, y Dámaris Pacchiotti, de Ciudad Futura, presentaron un proyecto cuya autoría es del titular de la oficina de Defensa al Consumidor, Antonio Salinas, que busca confeccionar un programa específico para ampliar las incumbencias de Assa, cuyo único fin es el diseño y la ejecución, en articulación con los municipios y comunas y las prestatarias del servicio, de un plan de acción quinquenal para dotar de agua potable a las vecinas y vecinos de los 408 barrios populares registrados por el Renabap.
“Es un programa de acción específica para la empresa Assa en los barrios populares, ya que actualmente la empresa no tiene la competencia para poder darle agua a áreas no servidas”, dijo a El Ciudadano la diputada De Ponti.
“El programa crea la figura de usuario Renabap o usuario social del agua, para otorgarle el acceso al agua y facilitar una serie de acciones, pedir infraestructura, plata de la Secretaría de Integración Socio Urbana (Sisu), pero después el vecino recibe en su domicilio una factura con un número de cliente que puede ser una tarifa plana, subsidiada, lo que sea, pero vos lo transformaste en ciudadano, es decir, lo incorporaste a la ciudad”, explica Salinas, autor de la iniciativa.
“Ese agua que vos tenés es la misma agua que tiene el vecino del centro, vos tenés un número de cliente al igual que tiene el vecino del otro barrio más tradicional y tenés los mismos derechos”, define.
El programa nace a partir de una audiencia pública llevada adelante en agosto de este año entre los diferentes actores involucrados en la acción de llevar un servicio a las villas: los vecinos, las organizaciones sociales, los trabajadores nucleados en el gremio de obras sanitarias, la propia empresa estatal Assa, y la Legislatura y el Ejecutivo provinciales. De la exposición conjunta de las necesidades y escollos para la incorporación de los barrios populares al servicio público de agua corriente nacieron un sinfín de informes de situación en la provincia, y las bases para este programa.
Si bien el proyecto fue enviado a las comisiones correspondientes, actualmente se encuentra sin movimiento en la comisión de Obras Públicas de la Legislatura. El pliego está conformado por 12 artículos que pretenden crear el programa en la órbita del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat provincial, dirigido por la ministra Silvina Frana, quien ya ha creado una comisión especial para poder llevar adelante estos trabajos de ampliación del servicio de agua potable. A su vez, el proyecto pretende establecer un régimen especial tarifario para los usuarios del Programa Agua Social Santafesina.
Los barrios populares, secos y sin electricidad: cuando el corte de luz y de agua es todos los días
Entre los fundamentos, las legisladoras Pacchiotti y De Ponti piden que “se encomienda a las empresas prestatarias y al ENRESS adecuar los reglamentos y disposiciones internas a los fines de poder desarrollar el presente programa priorizando la prestación del servicio desde la perspectiva del derecho humano básico y elemental”.
Según la legisladora del Movimiento Evita, no hay mala predisposición de parte de sus colegas de la Cámara Baja, aunque desconfía del recibimiento que tenga en la Cámara de Senadores: “Falta que alguien se lo ponga al hombro en las comisiones”.
Comentarios