El martes pasado tres hombres fueron detenidos en el marco del operativo “Aliados por la Infancia III” donde se investiga la participación de adultos en la distribución de material pornográfico infantil. Uno de ellos es un hombre de 46 años que trabaja en el área de mantenimiento del Hospital de Niños Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe. El tercero fue detenido en Rosario. El trío fue imputado el viernes, dos de ellos en la la ciudad de Santa Fe y el otro en Rosario. Los dos primeros recuperaron la libertad, por lo que el empleado del hospital no tuvo restricciones para volver a trabajar aunque desde el hospital iniciaron un sumario y resolvieron suspender provisoriamente al sospechoso.
La investigación internacional abarca varios países y en Argentina fue impulsada por el Ministerio Público Fiscal de CABA. La pesquisa derivó en diversos pedidos de allanamientos en 13 provincias, una de ellas es Santa Fe.
Santa Fe
El martes, se llevaron adelante dos procedimientos y detuvieron a dos personas. El empleado del hospital, Matías J. fue arrestado en su departamento del macrocentro donde se secuestró material de interés para la causa que incluyó dispositivos electrónicos. El otro detenido fue Leandro P., de 38 años, detenido en San José al 2000.
La fiscal Luciana Escobar Cello imputó a ambos por distribución de pornografía infantil. Pero la jueza Celeste Minniti entendió que la evidencia no es suficiente ya que faltan las pericias de los dispositivos electrónicos secuestrados. La magistrada dispuso la libertad de ambos con algunas restricciones, ninguna de ellas está vinculada a la imposibilidad del empleado del hospital a asistir a su lugar de trabajo.
Según trascendió desde el hospital iniciaron un sumario administrativo que derivó en la suspensión provisoria mientras avanza la pesquisa.
Rosario
Otro de los procedimientos tuvo lugar en Rosario, donde fue arrestado Cristián Antonio R. El fiscal Diego Meinero de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual lo imputó el viernes y contó que tenía al menos 539 archivos con material de explotación sexual infantil descargados a través de una red p2p, y los facilitó al menos en 259 oportunidades de forma total o parcial, a través de una carpeta que dejó a disposición para su descarga entre diciembre del 2022 y febrero del 2024, usando para ello distintas IP que impactaron en su domicilio.
Le achacó los delitos de facilitamiento de pornografía infantil agravado por tratarse de representaciones de niños menores de 13 años y tenencia de pornografía infantil con fines inequívocos de distribución agravada por ser dichas representaciones de menores de 13 años.
El juez Pablo Pinto dispuso una medida cautelar en su contra por el plazo de ley, es decir que estará dos años preso en forma preventiva mientras avanza la investigación.
