“No salimos del asombro cuando leemos la cantidad de pagos por servicios inexistentes que se hicieron. Por montos millonarios”, se indignó el dirigente del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos Marcelo Vergara. Miembro de una lista opositora en el intervenido gremio, Vergara se refirió así a la confirmación, días atrás por parte de la Cámara Federal, del procesamiento a Herme Juárez, histórico jefe del Supa y de la Cooperativa de Servicios Portuarios de Puerto San Martín. Y en ese marco redobló el reclamo por la normalización del gremio en manos de sus trabajadores: “Hemos tomado la decisión de declarar el estado de alerta y movilización si no nos dan respuestas concretas, con fecha precisa de regularización de la cooperativa y del sindicato”, advirtió el estibador.
Vergara barajó una posible medida de fuerza de los portuarios del Cordón Industrial si no se establece un cronograma de elección de nuevas autoridades y cese de la intervención. La seccional del Supa, que abarca Puerto San Martín, Bella Vista, Timbúes y Puerto Gaboto, está intervenida desde noviembre de 2019, con la gestión macrista, y continúa así a nueve meses de iniciada la gestión del presidente Alberto Fernández.
“No es nuestra intención perjudicar a nadie, pero vemos que los interventores se renuevan y no tienen ninguna voluntad de solucionar el problema. Al contrario, hacen todo lo posible para quedarse más tiempo. No sabemos con qué nos encontraremos cuando se vayan”, marcó Vergara, al frente de la lista Azul y Blanca, que busca ser la próxima conducción del gremio. Enfrentado sin cuartel con el veterano Juárez, conocido como Vino Caliente, se refirió al fallo de la Cámara Federal de San Martín: “Se despejan las dudas que podían tener algunos acerca de los graves perjuicios que este señor ha provocado en la Cooperativa”.
Otro de los integrantes del espacio opositor, el estibador Juan Santa Cruz, coincidió:“Acá los únicos perjudicados somos los socios de la Cooperativa, porque esto no se podría haber hecho sin los ingresos que generamos los trabajadores, que no fueron distribuidos sino que se destinaron a negocios en beneficio de Juárez y su grupo familiar. Sólo así se explica el enriquecimiento patrimonial que alcanzaron”.
La resolución de Cámara, oficializada el pasado 26 de agosto, ratificó también los procesamientos de las hijas de Herme Juárez, Paola y Mariana, de su hijo Oscar y del ex gerente de la Cooperativa Daniel Badía. En todos los casos por el delito de lavado de dinero.
“Se estimó que no se distribuyeron dividendos a los socios por más de 439.000.000 de pesos y que podrían ser aún mayores los montos”, apuntaron los propios socios de la entidad, fundada en la década de 1960. “Parece una burla que luego de semejante pronunciamiento judicial, pretenda volver a la Cooperativa como si nada hubiera pasado”, descargó Vergara, apuntando a Juárez.
Por su parte, Federico Jolly, uno de los abogados de los estibadores, consideró que el fallo de Cámara mensuró “el perjuicio cometido contra la Cooperativa” y además puso en manifiesto “la modalidad que se implementó al no repartir los dividendos entre los socios, y sacar el dinero en forma fraudulenta en provecho de sus directivos”.
En esa línea, el letrado acusó que “Juárez, es el responsable de que el gremio este intervenido”, pero sostuvo que esa situación debe terminar: “Tenemos serias sospechas de que los interventores están excediéndose en su tarea, y perjudicando los intereses de la Cooperativa. Por eso estamos preparando una presentación judicial contra los interventores para frenar este desmanejo”, sostuvo.
