El inicio del juicio contra cuatro militantes del partido neonazi Bandera Vecinal de la ciudad de Santa Fe, acusados de atacar y agredir a activistas feministas durante un pañuelazo por el aborto legal –el 7 de agosto de 2018–, fue pospuesto debido a la renuncia del abogado defensor de los acusados.
La audiencia preliminar se iba a realizar este martes por la mañana en los Tribunales de Santa Fe. Pero los acusados –dos hombres y dos mujeres– no se presentaron y tampoco su abogado, que renunció días atrás. Por ese motivo, se resolvió un cuarto intermedio a la espera de que designen un nuevo representante legal; si eso no ocurre, se les asignará el defensor público.
Los hechos investigados ocurrieron en agosto de 2018 durante una manifestación a favor del aborto legal realizada en la Plaza 25 de Mayo, frente a la Catedral de Santa Fe. Durante ese pañuelazo, al menos tres militantes feministas fueron atacadas por un grupo de personas identificadas con el partido de extrema derecha Bandera Vecinal (hoy llamado Frente Patriótico).
Cuatro de las personas que atacaron a las feministas fueron identificadas y están acusadas por los delitos de lesiones leves y agresiones en la vía pública: dos hombres y dos mujeres. La fiscal del caso, Jorgelina Moser Ferro, explicó en diálogo con El Ciudadano que va a pedir para ellos la pena máxima, aunque se trata de delitos de cumplimiento condicional, por lo cual no irán presos.
El cuarto intermedio se prolongará, en principio, hasta el viernes. Ese día, el Tribunal deberá fijar la fecha de la audiencia preliminar en la cual se les informarán los cargos a los dos hombres y a las dos mujeres investigadas.
En principio, la fiscal había planteado la posibilidad de una probation (suspensión del juicio a prueba, que en este caso se resolvería con un pedido público de disculpas por parte de los acusados y un curso sobre perspectiva de género) ya que no tenían antecedentes al momento de los hechos. Pero las víctimas –entre ellas dos militantes del MST– se opusieron a esa idea y entonces se acordó un juicio abreviado.
Fernanda Gutiérrez, del MST, explicó que la organización a la que pertenece –que había convocado hace dos años al pañuelazo– se opone a la probation porque pretenden que queden asentadas las agresiones como un antecedente penal para que esas personas no puedan presentarse a elecciones como candidatos de la fuerza que lidera a nivel nacional el dirigente neonazi Alejandro Biondini.
Gutiérrez opinó que después de aquellas agresiones “estos personajes siniestros la siguieron con amenazas telefónicas, con acciones intimidatorias, pegando calcomanías alusivas a la dictadura en las casas de numerosas activistas feministas de nuestra ciudad”. Y le envió un mensaje a los simpatizantes de la extrema derecha: “Que sepa Biondini y todos los antiderechos que no van a amedrentarnos; miles de mujeres estamos por el aborto legal y así vamos a seguir, con pañuelazos, marchas y denunciando a quienes pretenden tapar con violencia, la fuerza de la ola verde. No vamos a permitir que la Justicia no les aplique un castigo”.
Su compañera del MST, Jimena Sosa, sostuvo que “a dos años de los ataques brutales de este grupo organizado de ultraderecha queremos que la Justicia los castigue como corresponde, por eso iniciamos este juicio. Exigimos castigo a los culpables de estos ataques para que haya justicia y que no se habilite, con impunidad, a que otros antiderechos sigan golpeando a las chicas. Y además decimos que no pueden ser legales los partidos nazis que actúan contra los derechos de las mujeres y de la población”.