El juez federal Marcelo Bailaque iba a indagar este jueves a Ariel «Guille» Cantero y a Emanuel Chamorro en el marco de una causa en la que investiga al sindicalista Marcelo Balcedo, detenido en Uruguay en enero pasado, por evasión fiscal y lavado de dinero. Buscan establecer si existe una conexión entre la organización narcocriminal condenada hace un mes por asociación ilícita y el gremialista que supo ser el dueño del diario El Día de La Plata.
Sin embargo la medida se suspendió porque el abogado de los acusados Fausto Yrure no pudo acompañar a sus clientes. Después que declaren Guille y Ema se espera la indagatoria a Mauricio Yebra, uno de los más cercanos colaboradores de Balcedo. Una de las sospechas es que Yebra podría haber funcionado como testaferro del grupo. La banda estaba siendo investigada por lavado en una causa que tiene a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante.
Bailaque investiga posibles nexos económicos entre el Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), que dirigía Balcedo, y la banda de Los Monos. El expediente iniciado en 2015 investiga la compra que hizo Yebra de 15 autos que terminaron en manos del clan Cantero ya que sus miembros circulaban con tarjetas azules. Yebra era la mano derecha de Balcedo, su secretario privado y está detenido, procesado y embargado por 200 millones de pesos.
La Justicia busca determinar si con la ayuda de Yebra y del sindicato que manejaba Balcedo se realizaron maniobras para ingresar dinero de la banda en el circuito legal. Yebra podría haber actuado como testaferro de “Los Monos”. La Afip alertó que Soeme depositó 53.532.221 pesos desde fines de 2012 y durante un año en una cuenta del banco Columbia Los cheques estaban endosados a nombre de Yebra, que fue retirando el dinero por ventanilla.
Parte de esa millonaria suma se utilizó en los emprendimientos periodísticos que manejaba Balcedo, mientras que otra porción se destinó a adquirir autos de alta gama que terminaron en manos de la banda narco. Entre las compras figuran BMW, Mini Cooper o Toyota Hilux, parte de una flota de 15 automóviles registrados a nombre de Yebra. Un comercio de La Plata dedicado a la compra y venta de automóviles, con el nombre de fantasía El Chaqueñito, podría haber sido el lugar elegido para las operaciones.
La causa de narcolavado
En 2015, la Unidad de Información Financiera (UIF) de la Nación se presentó como querellante en la Justicia federal en tres causas de lavado de activos que involucran a la banda de Los Monos, a David Delfín Zacarías y personas cercanas al asesinado en 2013, en el acceso sur, Luis Medina. La investigación se direccionó a familiares y allegados a los tres grupos. Cada uno con sus particularidades exhibían un patrimonio importante. Por ejemplo, en el caso de Medina, que figuraba en la Ansés sin ingresos, hay cuatro sociedades investigadas, una de ellas una agencia de autos. Además son cuatro las personas de su entorno que están bajo sospecha.
En el caso Zacarías, se trata unas 15 personas investigadas y un patrimonio compuesto por 52 autos, 30 inmuebles y dos sociedades comerciales.
Por su parte, en la banda de Los Monos, la investigación recae sobre 23 personas que tienen 46 autos, unas pocas propiedades y ninguna sociedad comercial.
Según fuentes de la UIF la investigación lleva mucho tiempo y lo que persigue es que los acusados sean condenados, pero además que los activos que generaron en forma ilícita sean recuperados para el Estado. “Es insultante para el grueso de la gente que estas personas vayan presas y que su familia siga disfrutando de sus bienes, o que recuperen la libertad siendo millonarios”, destacó la fuente.
Patrón de la pesquisa
Para abordar el problema, los investigadores toman los perfiles patrimoniales y los someten a tres ejes de análisis. Por un lado hay una exteriorización patrimonial a través de la compra de autos, inmuebles, sociedades. Después los pesquisas observan ausencia o insuficiencia de actividades legales que justifiquen el patrimonio. Y por último establecen la vinculación de las investigaciones con actividades delictivas.
Con base en esos ejes, a lo largo de la investigación confeccionan los dossiers patrimoniales.
Dijo un vocero del caso: “Desde la UIF entendemos que hay lavado. Entonces lo enviamos a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que lo analiza y lo envía a la Justicia federal de Rosario. En el caso de Delfín Zacarías, la denuncia se radicó en el mismo expediente que ya estaba en curso. En el caso de las bandas de Los Monos y de Luis Medinas se radicó una denuncia que dio lugar a un expediente nuevo”. En esas causas, la UIF se presentó como querellante y en ese marco reclamaron treinta medidas que incluyen pericias contables y medidas cautelares para salvaguardar los bienes. “Una vez que esto esté garantizado comenzamos a trabajar en la producción de pruebas y en el análisis y entrecruzamiento. Y una vez que esté todo, estaríamos en condiciones de acusar y elevar la causa a juicio”, explicaron desde la UIF.
Los Monos
La Banda de los Monos se estructura para la UIF como una asociación ilícita destinada al tráfico de estupefacientes, homicidios, cohechos y delitos varios, efectuando asimismo operaciones tendientes a reciclar sus ganancias provenientes de ilícitos, por medio de mecanismos tendientes a legitimar esos capitales espurios.
El elemento principal sobre el cual comenzó la pesquisa del tipo penal de lavado de activos, previsto en el artículo 303 del Código Penal, surge de la llamada megacausa Monos, que el mes paso obtuvo la condena de buena parte del clan. El lavado de activos, entiende la Unidad de Información Financiera, resultó posible a través de los vínculos parentales, conyugales y aquellos otros que mantenían los imputados relacionados con personas conectadas con el delito precedente.
En este contexto, las modalidades delictivas con las que operaban los imputados consistía en: adquirir bienes (muebles e inmuebles) registrables y derechos económicos sobre jugadores de fútbol a nombre de terceras personas, constitución de plazos fijos, compra de moneda extranjera y acreditaciones de cheques de terceros con retiros en efectivo. La pesquisa de la UFI contabilizó un total de 46 automóviles, 4 motocicletas y por lo menos 9 inmuebles como resultado de las operatorias referidas.
Estos movimientos económicos habrían logrado dar apariencia de origen lícito a sus activos, mediante la administración, transferencia, venta y disimulación de los bienes citados, lesionando el orden económico y financiero, bien jurídico tutelado por la norma penal. Estas operaciones fueron detectadas por la Unidad de Información Financiera, la que oportunamente puso en conocimiento del Ministerio Público Fiscal la existencia de las mismas.
