El concejal del Partido Demócrata Progresista, Aldo Pedro Poy, presentó en el Concejo Municipal de Rosario un proyecto para dotar a las nuevas edificaciones en altura con suministro alternativo de energía.
El concejal considera que “las interrupciones en el suministro de energía eléctrica en la ciudad de Rosario obligan a plantear sistemas alternativos y transitorios para el abastecimiento energético domiciliario con finalidad ocasional y temporal”.
De esta manera, se obligará a las empresas desarrolladoras y constructoras que presenten nuevos proyectos de edificación que prevean la instalación de generadores de energía o grupos electrógenos con la finalidad de cubrir las necesidades esenciales de los edificios con carácter temporal y ocasional: iluminación de espacios comunes, ascensores, portones de cocheras, bombas de agua.
“Este proyecto fue pensado para contribuir al bienestar de los rosarinos; buscamos evitar el proceso traumático que padecen los ciudadanos en los momentos de cortes del suministro eléctrico”, argumentó Poy.
El escrito establece también que la Empresa Provincial de la Energía anunció un plan de inversión en busca de mejorar la eficiencia en el abastecimiento energético en todo el territorio provincial, y que el mismo demandará un lapso de al menos 5 años, escenario que obliga a buscar modelos alternativos para el abastecimiento energético en caso de cortes o interrupciones en el suministro con carácter ocasional, alternativo y temporal.
Además, el concejal asegura que en ciudades como Córdoba, que cuenta con similares niveles de densidad habitacional a la ciudad de Rosario, que evidenciaron inconvenientes en el suministro energético, y en dónde ya se avanzó con la modificación del Código de Edificación en pos de obligar a la instalación de sistemas que permitan suministrar energía eléctrica necesaria para las funciones básicas.
“El grado de cortes reiterados en diferentes sectores de la ciudad de Rosario y la frecuencia de los mismos, perjudican seriamente el desempeño cotidiano de los ciudadanos en su ámbito privado residencial, especialmente a aquellos que tienen dificultades de movilidad y/o habitan en torres en altura o pisos elevados”, denuncia en el proyecto.