Julio Alak sorprendió el miércoles pasado con una visita sorpresa a la Cámara de Diputados, donde mantuvo una hermética y extensa reunión a puertas cerradas con el titular de la casa, el peronista Julián Domínguez. El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, acompañado por su vice, Julián Álvarez, sobrevoló junto a Domínguez el anteproyecto de reforma al Código Penal que una comisión de expertos encabezada por el supremo Raúl Zaffaroni presentó hace dos semanas ante Cristina de Kirchner. También se abordaron de manera informal las implicancias legales que tendría la aprobación de un proyecto de ley para crear una Secretaría Nacional de Granos que dote al Ministerio de Economía de Axel Kicillof o al Ministerio de Agricultura de Carlos Casamiquela de facultades para ejercer el control sobre el comercio de granos e intervenir así en la formación de la cadenas de precios de productos alimenticios básicos.
En la Cámara de Diputados, el Frente para la Victoria avanza en las negociaciones con la Unión Cívica Radical de Mario Negri para canjear la presidencia de una comisión “premium” a cambio de la jefatura de Defensa del Consumidor, que hasta el año pasado ejercía el radical cobista Mario Barbieri.
En el Senado, el panorama es distinto y anticipa una batalla legislativa en torno al programa Precios Cuidados del gobierno nacional. El proyecto del senador oficialista Aníbal Fernández para modificar las leyes de Lealtad Comercial y de Defensa del Consumidor fue girado a la Comisión de Derechos y Garantías que, también hasta el año pasado, presidía el radical correntino Eugenio Nito Artaza. Sin embargo, desde la comandancia del bloque UCR, a cargo de Gerardo Morales, anticiparon que ese cuerpo no será negociado con el Frente para la Victoria y que seguirá en manos del principal partido opositor.
El miércoles pasado, Jorge Capitanich confirmó que la Casa Rosada impulsará en el Congreso una “revisión legislativa” de las cadenas de valor que determinan la formación de los precios. Y citó como ejemplo los proyectos de Fernández para eliminar el efecto suspensivo de los recursos interpuestos contra los actos administrativos que disponen sanciones a supermercados que no cumplan con Precios Cuidados.
Para que los proyectos presentados por Aníbal Fernández avancen deberán entonces someterse en la Cámara alta a la agenda y los tiempos que determine la UCR.
Los radicales ya anticiparon que se tomarán su tiempo y que convocarán a una audiencia pública con asociaciones de consumidores, empresarios, supermercadistas y hasta jueces del fuero contencioso administrativo y tributario, y también del fuero comercial. De hecho, Artaza no perdió el tiempo y ayer presentó un proyecto de ley para que los supermercados dispongan de góndolas específicas para los 194 productos de Precios Cuidados incluidos en la lista difundida por la Secretaría de Comercio Interior de Augusto Costa.
En la Cámara de Diputados también hay vida y Domínguez recibió a Alak y a su viceministro a mediados de la semana pasada. El peronista riojano Jorge Yoma dejó vacante la estratégica Comisión de Justicia y en el Frente para la Victoria ya le buscan reemplazante. Una de las mejor posicionadas es la abogada Anabel Fernández Sagasti, que podría marcar el debut de la agrupación La Cámpora al frente de una comisión. El caso podría replicarse en la comisión de Defensa del Consumidor que dejó vacante el radical Barbieri y que podría pasar al kirchnerismo siempre y cuando la UCR recibiera a cambio la presidencia de otra comisión que este bajo la órbita del FpV.
A Julio Cobos y a Mario Barletta les interesa Educación. Legislación General sería un precio demasiado caro de pagar para el kirchnerismo a pesar de que es pretendida por la UCR a través de negociaciones que mantiene el radical Ricardo Buryaile con la cristinista María Teresa García.
Hubo hermetismo y tensión también en una reunión del bloque de Diputados que por ahora preside la bonaerense Juliana Di Tullio. Al terminar ese encuentro, la diputada se encerró a solas por casi una hora en el despacho de la presidencia de la Cámara junto a Domínguez. El salteño Pablo Kosiner, que aspira a reemplazar a Di Tullio, se mostró entusiasmado después del encierro aunque admitió que hubo una orden estricta de no hacer comentarios sobre lo sucedido puertas adentro de la oficina del tercer piso del bloque FpV. Fue luego de la arenga del Secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, quien reiteró ante los legisladores que Cristina de Kirchner está en la mira de un presunto golpe financiero de los mercados. Y exigió unidad y lealtad de todos sus diputados.
Más temprano, en su conferencia de prensa matinal en Casa Rosada, Capitanich no especificó a que se refería con la “revisión legislativa” para frenar “el ejercicio de posiciones dominantes” de distintos actores económicos que “generan aumentos desmesurados” y afectan “el poder adquisitivo” de los trabajadores. Pero explicó que “tenemos que administrar esa cadena de valor y tiene que ver con la tasa de rentabilidad”, al tiempo que admitió que de parte del Estado existe “una regulación laxa” en ese sentido. “Estamos trabajando en la revisión de toda la estructura de carácter legislativo, porque observamos el ejercicio de posición dominante de algunos sectores”, afirmó Capitanich. El jefe de Gabinete apuntó a las “estructuras monopólicas u oligopólicas que generan distorsión, se apropian del excedente y generan aumentos desmesurados de precios”. Y agregó que esto afecta “el comportamiento de la economía y sobre todo perjudican el poder adquisitivo de los consumidores y los trabajadores”. “La rentabilidad forma parte del análisis de la cadena de valor”, concluyó Capitanich.
