Una investigación periodística del portal de noticias Nuestras Voces reveló que la Agencia Nacional de Discapacidad evalúa recortar las pensiones por discapacidad de niñas, niños y adolescentes y de personas con cáncer, síndrome de Down, HIV, Epoc y Parkinson, entre otras. Según la publicación, el recorte llegó de la mano de un documento interno que pide separar los expedientes de 20 mil personas de todo el país. Desde el organismo estatal que depende del Gobierno Nacional desmintieron la baja de las pensiones y dijeron que están en una etapa de evaluación de más de 72 mil expedientes. La directora de Discapacidad de Rosario, Adriana Ciarlantini, dijo a El Ciudadano que, de ser cierto, la medida perjudicaría a entre 400 y 700 personas en la ciudad. Y explicó que la mayor preocupación está no sólo en perder la pensión sino también la cubertura médica, que hoy está atada al beneficio social. Maximiliano Marc, director del área provincial y vicepresidente del Consejo Federal de Discapacidad, sostuvo que ante la noticia se comunicó con la agencia dependiente del gobierno Nacional, desde donde desmintieron el origen del documento. El director de la Anses Litoral Sebastián Mastropaolo, salió al cruce de las denuncias y dijo que evalúan las pensiones en base a un nuevo procedimiento, tras detectar irregularidades por parte de personas que recibían el beneficio y no tenían ningún tipo de discapacidad.
La noticia llegó con el antecedente de junio del año pasado de la baja de 170 mil pensiones por discapacidad por parte del Ministerio de Desarrollo Social. La repercusión pública y el rechazo a la medida terminaron con la marcha atrás a través de un fallo judicial. En este caso, la investigación periodística de Nuestras Voces dio a conocer un documento interno de la Agencia Nacional de Discapacidad, que depende de la Secretaría General de la Presidencia y fue creada después del escándalo del recorte del año pasado, sacando la administración de las pensiones a la ministra Carolina Stanley.
Según el informe, la circular ordena separar los expedientes de menores de edad que tendrían que cobrar pensiones. Según señaló una fuente de la Agencia al portal, el criterio para frenar las pensiones a niños y niñas con discapacidad es que “no tienen incapacidad laboral”. El mismo instructivo pone mayores condiciones para personas con cáncer, con síndrome de Down, HIV, Epoc, Parkinson, entre otros. También pide revisar sus bienes. Según la denuncia de los delegados de ATE, al frenar los expedientes se quedarán si cobrar sus pensiones que ya estaban por ser otorgadas a unas 20 mil personas.
Oficialmente, la Agencia salió a desmentir que evalúen dar de baja las pensiones, aunque reconoció que están en evaluación 72 mil expedientes. “Se han detectado que sobre el total de la población de menores pensionados, habría 72 mil de ellos que no tienen certificada su discapacidad, y por esta razón se está trabajando para que no sean privados de otros derechos de los que son sujetos”.
Retrógrado y perverso
La directora de Discapacidad de Rosario dijo que no recibieron comunicación oficial al respecto y que hay preocupación por la medida. De ser cierta, explicó, afectaría a entre 400 y 700 personas de la ciudad. “La posición es similar a lo que pasó el año pasado en el primer recorte masivo hacia las pensiones. En ese momento no pudimos obtener datos oficiales pero habíamos hecho un cálculo de que en Rosario podían ser 2 mil los afectados”, explicó.
Para Ciarlantini el gobierno se basa en las condiciones técnicas del decreto de pensiones nacionales que fue creado para personas con incapacidad laboral. “Obviamente que los menores de edad no entran pero el gobierno kirchernerista había minimizado el requisito y ortogó beneficio a niños, niñas y adolescentes sin dificultad. Este gobierno vuelve a tomar la letra dura y en vez de modificar el decreto para que puedan recibir el beneficio se los quita. Antes de hacer un recorte tiene que haber una compensación para resolver la situación”, opinó.
Para la funcionaria lo más preocupante es que los niñas, niñas y adolescentes no sólo perderían la pensión. La cobertura social de las prestaciones de salud está ligada a este beneficio social a través del programa Incluir Salud. “Hoy se estarían quedando sin esa cobertura que garantiza rehabilitación, educación especializada, etc. La pensión se puede tramitar a través de la Asignación Universal por Hijo con discapacidad pero queda sin cobertura médica”, agregó.
“Vemos una falta de políticas concretas y claras en relación a la discapacidad. Lo único que se ha hecho es recortar reparticiones. No hay acciones positivas hacia las personas con discapacidad para que puedan acceder cada vez más a la salud, el trabajo y la educación”, concluyó.
Irregularidades
El director regional de la Ansés, Sebastián Mastropaolo, salió a defender al gobierno Nacional y dijo que evalúan las pensiones en base a un nuevo procedimiento. “Esto está en etapa de estudio. Tenemos una Agencia Nacional de Discapacidad que se está encargando de supervisar y chequear que este tipo de beneficios estén otorgados como corresponden”, explicó Mastropaolo en declaraciones radiales. Si bien aclaró que esto no quiere decir que se ha dado de baja a las pensiones, reveló que la medida fue adoptada tras haber detectado varias irregularidades.
