Por Alfonso de Villalobos / Nota de diario Tiempo Argentino
No le duró mucho al gobierno nacional la bocanada de estabilidad que pretendió ostentar como resultado del rol protagónico en la cumbre del G20.
El mismo día en que Unicef publicó su informe sobre «Pobreza Monetaria y Privaciones no Monetarias en la Argentina», que reveló que el 48% de los niños vive en situación de pobreza, un abrumador operativo protagonizado por la infantería de la Policía de la Ciudad intentó impedir el acampe que pretendían realizar unos 15 mil desocupados organizados en una veintena de organizaciones sociales, en las puertas del Ministerio de Desarrollo Social. La medida se replicó en 19 provincias del país.
La disputa frente a la cartera liderada por Carolina Stanley empalmó con la resolución del Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, tendiente a flexibilizar las atribuciones de los agentes policiales para el uso de armas de fuego. Toda una orientación de reforzamiento del aparato represivo que el gobierno apuesta a capitalizar en el plano electoral pero que no alcanza para ocultar la profundidad de la crisis social.
Por eso el acampe se instaló de cualquier manera y las organizaciones se retiraron 20 horas después, una vez que funcionarios sugirieron la posibilidad de tratar alguno de los puntos exigidos en una reunión para la semana que viene y confesaron la intención de disponer de un bono de $ 4000 para los beneficiarios de los planes.
Esas organizaciones sociales, lideradas por el Polo Obrero y una de las fracciones en las que se escindió Barrios de Pie, exigen la ampliación en el número y la universalización de los planes sociales, además del bono de fin de año para los actuales beneficiarios. Los referentes de los desocupados coinciden en el diagnóstico: tanto en la demanda de alimentos en los comedores que gestionan como a la hora de convocar movilizaciones, la pobreza se hace cada vez más palpable. Reconocen un crecimiento explosivo de las personas que se encuentran en una situación desesperante en las barriadas y una profunda tendencia a salir a la lucha para solventar las necesidades elementales de sus familias. «A pesar del amedrentamiento de la infantería la gente no se quería ir con las manos vacías, simplemente no podían volver a sus barrios sin nada», explicó a Tiempo Eduardo «Chiquito» Belliboni, dirigente nacional del Polo Obrero. «Fue un operativo monstruoso y carísimo con el propósito de amedrentar a las organizaciones. Votamos un plan de lucha sin fecha para que el gobierno abra una mesa de negociación sin la excusa de la extorsión», explicó el dirigente social.
Daniel Menéndez, líder del ahora «Somos Barrio de Pie», confirmó que «hay una posibilidad concreta de que anuncien un bono de $ 4000 tal como nos adelantaron en forma privada, más el aumento de los planes que llegarán a $ 6000». Con todo, señaló que «el año ha sido tan malo que todo eso es insuficiente para recomponer el poder adquisitivo. Existen condiciones materiales concretas para un estallido social pero la situación es gravísima de por sí, no hace falta un escenario de estallido social para que reclamemos paliativos».
Belliboni por su parte, explicó que «no lo van a parar con una política de seguridad. Hay más de un 30% de pobres, 6 millones de chicos debajo de la línea de pobreza, miles de despidos. En los comedores, que se duplicaron en los últimos seis meses, receptamos los heridos de esa crisis. Vienen los que perdieron el laburo hace tres meses».
Matías Kelly, secretario de Economía Social, explicó que la estrategia de la cartera apunta a «una formación que vincule a estas personas con el mundo del trabajo». Para eso se creó el Plan Empalme que, sin embargo y según datos oficiales, en el contexto recesivo de 2018 sólo logró insertar en la producción hasta septiembre de este año a 4626 de los 400 mil potenciales beneficiarios.
Funcionarios de Desarrollo Social reconocieron a Tiempo que el otorgamiento del bono ya es un hecho aunque no se haya oficializado aún. Todavía no está claro cuál será la fuente de financiamiento toda vez que los mismos funcionarios descartaron que en el presente ejercicio se haga uso de la cláusula contenida en el memorando de entendimiento con el FMI que contempla el uso de $ 13.500 millones para emergencia social. «
Ingresos y presupuesto en caída libre
Los sectores más vulnerables son los más golpeados por la carestía.
La Canasta Básica Total, que establece la línea de pobreza, llegó a $ 24.417 en octubre de este año y acumuló una suba del 45,4% mientras la inflación general en el mismo período llegó hasta un 39,4 por ciento. Durante ese lapso, el haber mínimo se elevó desde $ 8860 hasta $ 10.700 que llegarán a $ 11.300 en diciembre. El salario social complementario (los planes sociales) representan un 50% de ese valor que se actualizó un 20,7% y llegará a un 27,5% en diciembre.
El presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social que debería dar respuesta a una mayor vulnerabilidad, sin embargo, lejos de incrementarse ha sufrido un fuerte retroceso.
Según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la cartera liderada por Carolina Stanley ejecutó hasta octubre de este año $ 42.530 millones que representan el 81,3% del presupuesto asignado, pero un 60,7% menos de lo ejecutado a octubre del año anterior. Los gastos generales de la administración pública ejecutados hasta octubre se incrementaron un 28,8% y los servicios de deuda un 340 por ciento.
Para 2019, el presupuesto para la cartera se incrementará un 24,1 por ciento.
