El miércoles 24 de junio Natalia Figueredo salió de la celda en la que está detenida en la Unidad 5 de la Cárcel de Mujeres de Rosario y se sentó frente a una computadora en una salita del penal. En la pantalla y a través de la plataforma virtual Zoom, la esperaba la jueza de Cámara Bibiana Alonso, el fiscal Enrique Paz y el defensor público Martín Riccardi. Siguió atenta la audiencia en la que su abogado pidió revocar la prisión preventiva que pesa sobre ella hace un mes. Natalia es una mujer trans de 26 años y está presa por romper la cuarentena. Lo hizo dos veces, el 9 y 28 de mayo, cuando salió a la calle a ejercer el trabajo sexual porque no tenía para comer. Cuando en la audiencia le tocó el turno de hablar, Natalia contó su vida llorando: es de Rosario, no tiene casa ni trabajo fijo, vive en Barrio Acindar en lo de una amiga que le da refugio y su única salida laboral es la prostitución. Después de escucharla, la jueza decidió no hacer lugar a la apelación y que continúe detenida. Este viernes vence el plazo de 30 días de prisión preventiva y la Justicia deberá decidir si sigue presa.
La prisión preventiva por el delito de “violación de medidas para impedir propagación de epidemia” no es usual. La mayoría de las causas que se abrieron en la provincia de Santa Fe fueron en las primeras semanas del aislamiento social, preventivo y obligatorio (Aspo) en su fase más estricta. Entre el 20 y el 27 de marzo hubo 9 mil causas, pero el número no es comparable con las detenciones: fueron 170 y todas domiciliarias.
Sólo por poner dos ejemplos que tomaron estado público, no quedó detenido el empresario y dueño de Vicentín Gustavo Nardelli, cuando fue encontrado por Prefectura navegando en un yate en el río Paraná el 23 de marzo, día cuatro del Aspo. Nardelli y su esposa habían salido en el “Champagne” del Rosario Rowing Club un día antes de que se decretara el aislamiento, pese a la recomendación que les dieron de no hacerlo. El juez Marcelo Bailaque ordenó el secuestro del barco y mandó al empresario y a su pareja a cumplir la cuarentena en su casa. Tampoco quedó preso el empresario gastronómico rosarino Roberto Dutra, quien fue acusado por violar el Aspo 15 veces. Pagó una fianza de un millón de pesos y quedó en libertad en pocas horas.
Natalia fue detenida el 28 de mayo, en la fase 4 del aislamiento cuando en la provincia ya estaban habilitadas las salidas recreativas. El argumento para que esté presa desde hace 30 días que dieron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) es que la joven trans tiene tres antecedentes penales por amenaza y tentativa de robo, dos delitos menores en el Código Penal. Según explicó su defensor Martín Riccardi, las tres causas prescribieron porque son de años atrás y en ninguna fue imputada.
Pero si de delitos anteriores se trata, no pesó en Nardelli para dejarlo detenido la imputación que tiene desde febrero por las irregularidades en los préstamos millonarios que el Banco Nación le dio a Vicentin, causa en la que también están acusados el empresario y ex presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Alberto Padoán, y el ex titular del Banco Central, Javier González Fraga. Tampoco pesaron en Dutra las denuncias que por la comida en mal estado que entregó con su servicio de catering al Hospital Centenario. En las viandas profesionales de la salud encontraron en gusanos, insectos y hasta colillas de cigarrillo.
La diferencia entre Natalia y los empresarios Nardelli, Dutra y el resto de las personas de clase media o alta que rompieron la cuarentena es que ella es pobre, trans y trabajadora sexual.
La causa
Natalia fue detenida el 28 de mayo en la localidad de Alvear por romper la cuarentena. El 9 de mayo había caído presa por lo mismo en Rosario. La causa quedó en manos del fiscal Carlos Covani que el 30 de ese mes pidió la imputación por el delito de “violación de medidas para impedir propagación de epidemia” y la prisión preventiva por 30 días. En una audiencia virtual, el juez a cargo le dio la razón.
El defensor Martín Riccardi apeló la prisión preventiva bajo el argumento de que Natalia es una persona que por su identidad de género y su condición de trabajadora sexual es muy vulnerable. “Nos llamó la atención la medida y por eso apelamos. Natalia es trabajadora sexual con un margen de vulnerabilidad muy grande. No tiene documento ni una casa donde vivir. Cuando la detuvieron estaba parando en lo de una amiga. Ha intentado buscar otras salidas laborales, hizo un curso de peluquería y otras capacitaciones, pero el trabajo sexual es su sustento. Sale a buscar el mango todos los días y eso la obliga a estar fuera de su casa. Que haya quedado detenida por violación de cuarentena es absurdo porque no ha habido detenciones solamente por este hecho. Muchas personas han logrado probation o ni siquiera fueron imputados”, explicó Riccardi a El Ciudadano.
La audiencia de apelación fue fijada para el 24 de junio y estuvo a cargo de la jueza de Cámara Bibiana Alonso. En vez de Covani, por el MPA participó el fiscal Enrique Paz. Al igual que la imputación, fue a través de la plataforma Zoom y Natalia participó desde la Cárcel de Mujeres en la que está hace un mes.
En la audiencia, la Fiscalía justificó la detención en los antecedentes de Natalia. “Pusieron como argumento causas anteriores de amenazas simples, que prescribieron porque cuando ocurrieron los fiscales a cargo no las trabajaron y ella no fue imputada. Además, ahora no rige más un aislamiento social, hay distanciamiento, por lo que estas causas carecen de fuerza”, explicó Riccardi.
En la instancia judicial virtual, Natalia le habló a la jueza y pidió la libertad. “Ella está mal en la cárcel. Llora en todas las audiencias porque nunca estuvo tanto tiempo presa. La han demorado por ser trabajadora sexual y trans, algo que no debería pasar, pero nunca estuvo en una situación así. Al hablar, contó que cuando sale a trabajar muchas personas la insultan y le tienen bronca, pero que ella nunca cometió un delito importante y que siempre trata de portarse bien”, agregó el defensor.
Para Riccardi se trata de un claro caso de discriminación: “Cuando pasan estas cosas uno piensa que fue seleccionada por el sistema judicial por su condición de trabajadora sexual y por su identidad de género, más que por el delito que cometió”. Este viernes vencen los 30 días de prisión preventiva. La Justicia fijó una audiencia para revisar la medida y determinar si Natalia seguirá presa o saldrá en libertad.
Vulnerabilidad trans en números
Uno de los grupos sociales más vulnerables en la Argentina son las personas travestis y trans, que tienen un promedio de vida de entre 35 y 40 años por la discriminación y violencia de las que son blanco desde la infancia. Según un informe elaborado en 2015 por la Federación de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans, el 90 por ciento no accede a un empleo formal. Para el 95 por ciento, el trabajo sexual es o fue la única salida laboral.
En Santa Fe la población asciende a 1.200 personas, según la Encuesta Provincial de Vulnerabilidad de la Población Trans elaborada en 2019 por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) y la ex Subsecretaría de Diversidad Sexual de Santa Fe. Se trató del primer y único estudio de este tipo de Argentina y Latinoamérica y arrojó datos sobre un tercio de la población travesti-trans de la provincia. De acuerdo con el estudio, sólo el 5 por ciento accedió a un estudio terciario o universitario. El 75 por ciento sufrió violencia de algún tipo en su vida como burlas, insultos, maltratos y las han llamado por el nombre o género que no es el autopercibido. El 47 por ciento fue víctima de maltratos por parte de la Policía. Como consecuencia de la violencia y la discriminación el 65 por ciento dijo que se había autolesionado, 75 por ciento tuvo problemas de consumo de alcohol, el 77 de otras sustancias y el 78,6 sufrió patologías alimentarias.
Esta vulnerabilidad aumentó durante la crisis por la pandemia del coronavirus porque, al estar en la economía informal, se quedaron sin ningún tipo de ingreso. La situación llevó a los gobiernos a tomar medidas concretas. A nivel nacional, 3.500 travestis y trans entraron en el programa Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social, que da asistencia económica y alimentaria. En Santa Fe y en Rosario, provincia, municipio y distintas organizaciones sociales llegan a esta población con bolsones de alimentos.
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