La Cámara de Apelaciónen lo Penal de Rafaela revocó el fallo que condenaba al chofer del micro que el 9 de octubre de 2006 transportaba a alumnos del colegio porteño Ecos de Villa Crespo y chocó contra un camión en la localidad de Margarita (Santa Fe) –provocando la muerte de nueve chicos y una docente–, al dictar el sobreseimiento del imputado por prescripción de la causa. Se trata del chofer Oscar Eduardo Atamañuk, quien en julio pasado fue condenado por la Justicia de Reconquista a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para conducir vehículos por el término de cinco años tras hallarlo culpable de los delitos de “homicidio culposo múltiple agravado y lesiones culposas agravadas en concurso ideal”.
La Cámara rafaelina revocó el fallo y sobreseyó a Atamañuk “por haberse operado la extinción de la acción penal por prescripción” en el aspecto penal, aunque confirmó “la sentencia en su faz civil, modificando la distribución de responsabilidades en un 70 por ciento para la (parte) actora y un 30 por ciento para la demandada”, e impuso las costas del proceso judicial en iguales porcentajes.
Sergio Levin, padre de una de las víctimas y fundador de la ONG “Conduciendo conciencia”, dijo sentir “asco e indignación” por la decisión judicial, la que anunció que apelará ante la Corte provincial de Santa Fe.
“Esto nos produce indignación, asco: no murió nadie, nadie manejó mal y los chicos siguen vivos, según la Cámara de Rafaela”, añadió.
El siniestro se produjo el 9 de octubre de 2006 cuando el micro en el que viajaban los alumnos del colegio del barrio porteño de Villa Crespo chocó contra un camión que estaba fuera de control en la ruta nacional 11, cerca de la localidad de Margarita, a 200 kilómetros de la ciudad de Santa Fe.
Los jóvenes regresaban de la provincia de Chaco, adonde habían viajado para realizar tareas solidarias en una escuela rural.
Peritajes posteriores revelaron que tanto el camionero como el acompañante, quienes murieron en el acto, se encontraban alcoholizados.
Levin indicó, en diálogo con el canal de noticias TN, que el grupo de padres de alumnos que encabeza había pedido la inhabilitación de Atamañuk, y el juez Virgilio Palud no sólo le impuso esa restricción durante siete años, sino que lo condenó a tres años en suspenso.
No obstante, la Cámara de Rafaela consideró un año después que el fallo había sido emitido en forma errónea porque no se le había tomado una declaración al imputado.
La concepción que tienen los padres y que figuraba en la condena de primera instancia es que el chofer podría haber hecho algo más para evitar la tragedia.
“Cuando vio el camión podría haber bajado la velocidad y haberse tirado para el lado derecho. Pero como estaba charlando, cuando lo vio encima, lo que hizo fue tirarse para su lado y cubrirse él físicamente”, sostuvo Levin.
Por su parte, Augusto Lasalvia, papá de Justine, una de las víctimas, señaló que la causa prescribió porque pasaron 8 años desde el día del hecho.
“Vamos a ver si cabe la figura de juicio político a algunos de los magistrados del expediente y la instancia que sigue es la Corte provincial y luego la Corte de la Nación”, sostuvo Lasalvia.
