El primero en puerta. La modificación del régimen que regula las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) comienza a tener consecuencias judiciales.
Es que el martes pasado se presentó el primer recurso de amparo contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por Mauricio Macri para modificar el sistema de protección de los trabajadores.
Según informó Ámbito Financiero, el pedido de “per saltum” ante la Corte Suprema de Justicia contra el DNU de Macri fue presentado por el abogado Daniel Igolnicov y lo recibió la Secretaría N° 1 del máximo tribunal.
En este contexto, según distintas fuentes consultadas, se espera que sea el primero de una seguidilla de amparos en el mismo sentido.
A partir de la firma del DNU, la norma establece que todo trabajador debe pasar por una “comisión médica” antes de iniciar cualquier juicio laboral, a modo de instancia previa “de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención”.
Esa comisión será la responsable de determinar si un trabajador puede o no iniciar una acción judicial para conseguir una indemnización por enfermedad o incapacidad.
“Afecta mi derecho de trabajo, velada pero expresamente, al derogar la ley 24.635 que rige el Sistema de Conciliación Obligatoria (Seclo), que es mi medio fundamental de vida”, sostuvo el abogado Igolnicov.
Y agregó: “Quita la competencia del Seclo todos los conflictos vinculados a la ley de riesgos de trabajo, que tenga como víctimas a todos los empleados registrados y asimismo, suprime la primera instancia de la Justicia laboral a su respecto”.
Uno de los reclamos que desató el DNU de Macri es que los abogados laboralistas verían disminuido su trabajo a la mitad.
En su presentación ante la Corte, Igolnicov solicitó al máximo tribunal que considere al DNU una cuestión que reporta “gravedad institucional” por afectar los derechos laborales de los abogados, consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución.
“Esta vulneración al derecho de trabajar no se circunscribe a los conciliadores, sino que abarca a la decena de miles de trabajadores que todos los años, siendo víctimas del incumplimiento de las normas laborales, consiguieron justa reparación por una vía legítima y eficaz y que se viene a derogar por una necesidad y urgencia inventada abusivamente para encubrir la maniobra política de eludir el camino parlamentario”, remarcó el letrado.
Las críticas llegaron también desde organizaciones sociales como la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).
“Lejos de condecir con el supuesto objetivo de «reducir la litigiosidad por accidentes laborales», no hará más que alargar los procesos”, sostuvo la ONG en un comunicado de prensa.
La entidad consideró que, al establecerse la actuación de las “Comisiones Médicas Jurisdiccionales como instancia administrativa previa para el reclamo de un trabajador”, se “valla el acceso a la Justicia de los trabajadores, sector vulnerable y, por lo tanto, en teoría siempre protegido por la ley”.
