El abogado general de Brasil, José Eduardo Cardozo, presentará hoy el alegato de defensa de la presidenta Dilma Rousseff ante la comisión especial de la Cámara de Diputados que analiza si hay mérito para someter a la mandataria a un juicio político con vista a su destitución.
El dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) gobernante y hasta hace poco ministro de Justicia cumplirá el trámite al vencer hoy el plazo legal para presentar los argumentos de la defensa
El subjefe del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, Paulo Teixeira, adelantó que la intención del gobierno es tener al menos dos horas para que Cardozo exponga los argumentos de defensa de la mandataria frente al proceso de destitución que en diciembre le abrió la oposición y aceptó el presidente de la cámara baja, Eduardo Cunha.
La intención del gobierno es pedir la nulidad del proceso de juicio político debido a que posee “vicios de origen” tales como haber incluido en la demanda argumentos sobre el presupuesto de 2014, algo que corresponde al primer mandato de Rousseff.
El presidente de la Comisión de Juicio Político, Rogerio Rosso, del Partido Social Demócrata (PSD), comentó que ofrecerá el tiempo requerido al gobierno de Rousseff para evitar que existan argumentos para judicializar la sesión por eventual incumplimiento del amplio derecho de defensa de la acusada.
Rosso adelantó que quiere acelerar los trámites y terminar el informe de la comisión el lunes 11 de abril para elevarlo lo antes posible al plenario de la cámara, de acuerdo al plan trazado por Cunha, quien pertenece al mayoritario sector del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) que la semana pasada se retiró de la alianza que mantenía con el PT desde 2003.
El gobierno sostiene que no existió violación a la ley de Responsabilidad Fiscal ni en 2014 ni en 2015, sobre todo porque las cuentas del último año mencionado aún no fueron juzgadas por el Tribunal de Cuentas de la Unión.
La defensa llegará en un momento crítico para el gobierno, que debe impedir que la oposición reúna los 342 votos necesarios para elevar el juicio político para votación en el Senado, sobre todo tras el alejamiento del PMDB, al que también pertenece el vicepresidente Michel Temer, apoyado por el sector más poderoso del empresariado para ocupar la jefatura del Estado en caso de que Rousseff sea destituida.
Anteayer, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo que Temer “sabe” que lo que está ocurriendo es “golpismo”, afirmación refutada en un comunicado por el vicepresidente, cada vez más enfrentado con Rousseff.
Pese a que el PMDB rompió con la coalición de gobierno, cinco ministros de esa fuerza se declararon leales a Rousseff y allí radica –además de la negociación con partidos menores– la esperanza del gobierno para erosionar al bloque a favor del juicio político.
Incluso trabaja a favor de Dilma el jefe del bloque de diputados del PMDB, Luciano Picciani, quien se ha convertido en un actor clave para que el gobierno pueda alcanzar el número de 171 votos que permitiría archivar todo el proceso.
La semana pasada, el ministro de Economía, Nelson Barbosa, expuso ante la comisión que las maniobras fiscales no generaron perjuicios para el presupuesto.
“Es como tener 100 reales para gastar en el supermercado y en el medio de la compra alteramos la lista de productos, pero seguimos teniendo los mismos 100 reales para gastar”, ejemplificó el ministro en la sesión para explicar que el gobierno debe tomar decisiones políticas sobre el gasto.
