La Comisión de Seguimiento e Información del Caso Vicentín, conformada en marzo por diputados provinciales de todos los bloques políticos, presentará este miércoles su primer informe sobre la situación de la empresa que será intervenida por decisión del presidente Alberto Fernández.
El informe será presentado a las 11 en uno de los anexos de la Cámara de Diputados, en la ciudad de Santa Fe, y la actividad se replicará el jueves desde las 9 en el bar El Cairo de Rosario. La comisión presentará un informe cada 30 días con los avances de la investigación que llevan adelante.
Encabezada por el diputado del PJ Luis Rubeo, la comisión tiene doce miembros, de los cuales ocho viajaron el mes pasado a Reconquista y Avellaneda para reunirse con el juez en lo Civil y Comercial, Fabián Lorenzini, quien tramita el concurso de acreedores de Vicentín, dirigentes gremiales y los intendentes de Reconquista, Enrique Vallejos, y de Avellaneda, Dionisio Scarpín.
Además de Rubeo, integran la comisión las diputadas Betina Florito (Somos Vida) y María Laura Corgniali (PS); y sus colegas Fabián Palo Oliver (UCR), Rubén Giustiniani (Igualdad), Carlos del Frade (Frente Social y Popular), Ariel Bermúdez (Creo) y Walter Ghione (Somos Vida y Familia), entre otros.
El diputado Rubeo anticipó en declaraciones a El Ciudadano que “los principales puntos que vamos a informar es sobre qué hizo la comisión hasta ahora, todos los contactos que tomamos, la información que fuimos recopilando y vamos a fijar posición sobre cómo va a seguir funcionando la comisión luego de la decisión del gobierno nacional de intervenir la empresa”.
Según Rubeo, el informe no arriba a conclusiones sobre qué ocurrió con la empresa ni sobre los pasos a seguir, sino que se limita a recopilar la información recogida por los legisladores: “Luego haremos una valoración de lo que creemos que debe seguir haciendo la comisión. El informe es una narración de hechos con datos descriptivos de cómo funciona la empresa, quiénes la integran, cuánto debe la empresa y a quién le debe, el listado de acreedores, en eso consiste el informe”.
Desde el entorno de la diputada Florito aclararon que el informe es “netamente técnico” y remarcaron que no todos los integrantes del cuerpo “están de acuerdo ideológicamente”. No obstante, dejaron en claro que los diputados y las diputadas coinciden en que la empresa no debe pasar a manos extranjeras, que es una de las preocupaciones que notaron en sus recorridas por el norte provincial.
La diputada Florito –que integra bloque junto a Amalia Granata– tomó distancia de la medida anunciada el lunes por el presidente: “La decisión del Ejecutivo Nacional me parece un atropello a las instituciones de la democracia; incluso generó una contradicción entre la postura nacional y uno de los miembros del gabinete provincial ya que el ministro de la Producción de Santa Fe (Daniel Costamagna) dijo públicamente que no está de acuerdo con lo decidido por Alberto Fernández”.
Reuniones en el norte
A mediados de mayo, ocho de los doce diputados y diputadas que integran la comisión investigadora del Caso Vicentín se reunieron en Reconquista con el juez Fabián Lorenzini, quien lleva adelante el concurso de acreedores al que se presentó la firma agroexportadora, y con dirigentes de los gremios vinculados a la empresa. En ese encuentro quedó en claro que las principales preocupaciones son sostener las fuentes laborales y ponerle un freno a la extranjerización de los capitales locales.
En aquella ocación, el diputado del Frente Social y Popular Carlos Del Frade destacó “la transparencia” del juez Lorenzini y sostuvo que, tras escuchar los planteos de los sindicatos de aceiteros, textil y de la carne, quedó en claro que la principal preocupación es sostener los 7000 puestos de trabajo que dependen de Vicentín.
“Nos llamó mucho la atención que Vicentín le vendió en diciembre del 2018 el 66,7% de sus acciones de la planta de Timbúes, la más moderna del mundo, al grupo multinacional suizo Glencore”, señaló Del Frade. “Si el mercado de granos pierde a la principal agroexportadora de origen nacional, vamos a tener un problema muy serio por el nivel de extranjerización de este negocio clave para el país”.
El legislador provincial también manifestó sus dudas respecto del préstamo que le dio el Banco Nación a Vicentín en 2019, por un total de 18.370 millones de pesos. “Llama la atención que hasta el 2017 la empresa nunca tuvo un gran endeudamiento; no hay explicación lógica de esta situación”, completó Del Frade.
Rubeo, por su parte, subrayó el impulso y el compromiso de la Justicia y remarcó la necesidad de proteger las fuentes de trabajo, defender la presencia del capital nacional en el estratégico negocio de la exportación cerealera y pidió explicaciones sobre el destino de los más de 300 millones de dólares tomados del Banco Nación durante la administración del gobierno de Mauricio Macri.
Además, los diputados que integran la comisión se reunieron con directivos de la empresa (el empresario Sergio Nardelli y otros integrantes del directorio de Vicentín) y con funcionarios municipales de Reconquista y de Avellaneda.
En ese encuentro, los responsables de la empresa reconocieron una deuda de 1350 millones de dólares, de los cuales 300 millones son con el Banco Nación.
“El Banco Nación fue uno de los pilares de la operatoria de Vicentín desde su fundación en 1928”, les dijeron los empresarios a los legisladores provinciales.
Ante los directivos de Vincetín, los diputados de la comisión de seguimiento dejaron en claro que la prioridad es proteger las fuentes de trabajo (hay 7000 empleos en riesgo) y que no haya una mayor extranjerización del capital de la empresa, una de las principales exportadoras del país.
