La diputada provincial por el Frente de Todos Matilde Bruera presentó en la Legislatura un proyecto de ley que en su artículo primero estable la creación de una comisión bicameral investigadora por la Memoria, la Verdad y la Justicia que tendrá el objetivo de determinar la responsabilidad de “actores económicos, empresarios o empresas, que promovieron, ejecutaron, facilitaron, contribuyeron, se beneficiaron o participaron de alguna forma en los delitos de lesa humanidad en Santa Fe”.
En su artículo tres señala que dicha comisión tendrá como objeto «elaborar un informe con la identificación de los empresarios y/o empresas nacionales, locales y/o extranjeras que tuvieron intervención y/o responsabilidad en la represión llevada a cabo por el terrorismo de Estado. Y agrega que en caso de identificar un posible delito, la comisión deberá formular las denuncias correspondientes a fin de que el Ministerio Público Fiscal avance en la investigación y determinación penal de los actores involucrados».
La Legisladora del bloque justicialista, que proviene del sector de María Eugenia Bielsa, especifica en el artículo sexto que la comisión deberá elaborar un primer informe de avance de la tarea dentro de los 180 días de conformada y hacerlo público.
“Presenté un proyecto de ley para crear una comisión bicameral que se aboque a realizar un informe sobre los casos más paradigmáticos de complicidad, como fueron por ejemplo, los de Acindar en Villa Constitución, Vicentin (Reconquista), entre otros”, puso, a modo de ejemplo, la diputada.
En los fundamentos de la iniciativa se hace un recuento de los casos más conocidos en la Argentina de empresarios y empresas que jugaron un rol decisivo en la represión. Se menciona en la primera situación a Carlos Blaquier, del Ingenio Ledesma, Jujuy. Y entre los segundos a Ford, Mercedes Benz, Techint, Acindar y Vicentin, estos dos últimos en Santa Fe.
Bruera expuso en sus redes sociales que “la vieja denominación «dictadura militar» ha sido reemplazada por «dictadura cívico, militar, empresarial y eclesiástica» a medida que fueron saliendo a la luz distintas complicidades, como las prácticas empresariales de represión a los trabajadores en distintas regiones del país, entre ellas la provincia de Santa Fe”.
Y agregó: “La responsabilidad del sector empresarial en los delitos de lesa humanidad aún no ha sido suficientemente investigada, ni sancionada, y es importante para seguir construyendo memoria verdad y justicia, avanzar en ese sentido”.
