El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó ayer que las empresas exportadoras de cereales y oleaginosas “han interpretado” que “existen condiciones objetivas” para avanzar “en forma inmediata” con la liquidación de la soja, luego del encuentro mantenido entre el gobierno y referentes de las principales empresas exportadoras de cereales y oleaginosas del país. Mientras tanto, representantes de distintos organismos rurales, expresaron su resistencia ante las conclusiones del funcionario, y aseguraron que el gobierno “está leyendo el libro de la realidad al revés”.
Capitanich, quien estuvo acompañado por el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el titular del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, volvió a reclamar ayer a productores agropecuarios vender la cosecha pendiente, al considerar que existen “condiciones objetivas para la liquidación en forma inmediata”.
Según Capitanich, todos los que tienen la responsabilidad de liquidar exportaciones lo deben hacer en solidaridad con lo que hacen los argentinos para darle competitividad al sector”, pidió “pensar no en cuestiones de cada uno sino del conjunto”, y señaló que el gobierno pretende “estimular la creación de bienes y servicios para la generación de empleo, y la mejora continua de salarios”.
Por otra parte, para Capitanich, el sector “tiene asignaturas pendientes”, con el 65% de empleo no registrado, que representa una evasión de $17.000 millones y que hay “600 mil trabajadores rurales que no tienen la posibilidad de contar con una obra social, jubilación, cobertura de riesgo de trabajo”.
Una proyección de las próximas cosechas estima que generará una liquidación de divisas de entre 27 y 29 mil millones de dólares.
Opiniones cruzadas
Luego de la reunión, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) expresó su “repudio” a las declaraciones “agresivas” del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y aseguró que “está leyendo el libro de la realidad al revés”.
“Los productores no especulan, no son avaros y no son monstruos antipatriotas que se levantan todos los días para atentar contra la economía del país y, por ende, contra sus propios hermanos, como quiere hacerle creer el gobierno a la sociedad”, refutó. Asimismo, planteó que es el productor quien más desea vender su producción pero dijo que para eso “se necesitan condiciones estables y una visión de largo plazo, como lo necesitan los comerciantes, los industriales y todos los integrantes de la economía argentina”.
En ese sentido, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Etchevehere, en declaraciones a Radio Mitre, afirmó que la retención de granos “es una cuestión de necesidad y responsabilidad de los productores” ante la posibilidad de perder hasta “un 40 por ciento” de poder adquisitivo durante este año por la escalada de precios.
Mientras, el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, aseguró que “no hay ninguna confabulación” en contra del gobierno por parte del sector agropecuario, y dijo que los productores no venden la soja porque “ahorran en granos”.
Por último, el jefe de Gabinete indicó que tendrán “una nueva reunión de trabajo en el transcurso de esta semana” con los exportadores para analizar puntualmente la situación del maíz.
Un mes flaco de divisas
En momentos en que el gobierno necesita fortalecer reservas, las liquidaciones de divisas de la agroindustria llegaron apenas a 108,9 millones de dólares en la última semana, menos de la mitad del ritmo que venían manteniendo.
Los datos surgen de la última estadística divulgada por la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan un tercio de las exportaciones argentinas. Debido al alto porcentaje de asociados, estas entidades desempeñan un rol clave en el programa cambiario que pretende fijar el gobierno a partir de la flexibilización del cepo a la compra de dólares.
Según las cámaras empresarias, el monto liquidado desde comienzos de año hasta el 31 de enero asciende a 1.069 millones de dólares, y en la tercera semana de enero, aceiteras y cerealeras habían liquidado 266,4 millones de dólares. Sin embargo, esa cifra descendió a menos de la mitad luego de la devaluación anunciada por el gobierno.
Durante la reunión mantenida ayer entre el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich y representantes del sector rural, cerealeras y aceiteras le adelantaron al gobierno que este año liquidarán divisas por un valor de entre 27.000 y 29.000 millones de dólares. La liquidación de divisas está relacionada con la compra de granos que luego serán exportados, ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial.
La mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y los 90 días en el caso de aceites y harinas proteicas.
Proponen crear la Junta Nacional de Granos disuelta por Menem en los 90
Sectores ligados al gobierno nacional impulsan reinstaurar un organismo regulador del comercio agropecuario, similar a la Junta Nacional de Granos creada por el primer gobierno de Juan Domingo Perón y derogada por Carlos Saúl Menem en 1991, para evitar “ataques especulativos del sector cerealero”.
Así lo señaló ayer el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, quien adelantó que propondrá en el Congreso de la Nación la creación de un instituto nacional de comercio agropecuario, una recreación de la Junta de Granos.
El mandatario kirchnerista en un comunicado pidió “recuperar la comercialización de los granos en la Argentina”, aseguró que “viene trabajando desde hace mucho tiempo” con su equipo económico y que la iniciativa, que presentará a la presidenta Cristina Kirchner, está orientada a la “defensa del pequeño y mediano productor” y al “fomento a la producción de granos, cereales y carnes, junto con todas las economías regionales”.
Por su parte, también la senadora oficialista Silvina García Larraburu ya había presentado un proyecto similar, con el objetivo de regular y controlar la producción de cereales, oleaginosas y sus subproductos.
La senadora dijo que durante casi 60 años la Junta Nacional de Granos mantuvo la regulación y producción de oleaginosas, basada en la importancia que este sector tiene para la economía nacional.
Explicó que esta ley busca “desmonopolizar el mercado de granos, tal como lo solicitaron los pequeños productores cerealeros”.
Asimismo, el presidente del Movimiento de Jóvenes Agrarios (Maja) y miembro de Fecofe, Esteban Matta, líder de una agrupación dentro de la Federación Agraria opuesta a la conducción de Eduardo Buzzi, también apoyó “la creación de una agencia nacional de granos que garantice un precio mínimo sostén y por otro lado un precio razonable en cuanto a los niveles exportables”.
De esta forma, el presidente de Maja, manifestó “la necesidad de generar un instrumento que sea público, con participación de sectores privados y cooperativos” y destacó la importancia de “que ese ente tenga la capacidad de intervenir en la comercialización cuando el mercado esté desequilibrado, evitando prácticas oligopólicas y monopólicas”.
