El uso de celulares por parte de personas privadas de la libertad está prohibido en los penales. Su restricción es, principalmente, para evitar que se cometan delitos desde la prisión, como ocurrió tiempo atrás con una ola de secuestros virtuales perpetrados desde cárceles bonaerenses. Sin embargo, los teléfonos móviles son comunes entre detenidos que, gracias a la vista gorda de guardiacárceles, cumplen una función casi vital en el encierro: mantener contacto con sus seres queridos, acaso el único vínculo real con el mundo exterior, derecho que muchas veces se ve limitado por las dificultades propias del sistema penitenciario. Para los internos, la situación es injusta porque aseguran que las comunicaciones se castigan de forma “selectiva” para bajar puntos en la conducta, lo que repercute directamente en la posibilidad de acceder a beneficios como salidas transitorias o laborales. El Ciudadano dialogó con algunos detenidos, quienes explicaron por qué piden legalizar el uso de teléfonos celulares con la única finalidad de llamar a familiares, permiso que se encuentra a prueba en la cárcel de Coronda.
“Nosotras no queremos un celular libre. Ni con cámara. Sólo pedimos registrar el número de nuestros familiares para que las autoridades puedan tomar todas las precauciones necesarias, porque acá nunca se usó para cometer delitos sino para comunicarnos con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos”, dijo una interna de la Unidad Penitenciaria Nº 5 de Rosario, al tiempo que otra agregó: “Nos corresponden dos llamados por semana. De lunes a viernes durante la mañana pasa una asistente penitenciaria y nos toma los pedidos, pero lo más común es que nos digan que no se pudieron comunicar y sabemos que ni lo intentan. También hay un teléfono público que la mayoría de las veces no funciona, y para el que se necesita una tarjeta que tiene un costo y no todas podemos afrontar. Tendrían que legalizar los celulares para hablar con nuestros hijos, porque me muero si no puedo saber cómo están y a veces la desesperación llega a tal extremo que arriesgamos la conducta con tal de saber”.
Crisis de fin de año
La llegada de las fiestas navideñas agrava la necesidad de fortalecer vínculos afectivos y las detenidas esperan que antes de fin de año se realice otra mesa de diálogo con las autoridades para volver a plantear una salida a la incomunicación. “La última reunión fue en marzo pasado y obtuvimos el visto bueno del subdirector de la secretaría de Asuntos Penitenciarios, Pablo Cococcioni, que lo dejó en manos de la directora del penal, Susana Romano. Se lo planteamos varias veces pero ella nunca nos escuchó. Nos dice que no lo quiere hacer porque si recibimos una mala noticia de forma tan directa podemos hacernos daño a nosotras mismas. Pero es muy injusto, porque cuando se va la asistente que está sólo de mañana o los sábados y domingos que no viene, quedamos incomunicadas”, agregó otra joven detenida quien se mostró esperanzada de que se haga otra mesa de diálogo antes de fin de año para volver a proponerlo.
En tanto, otra mujer que es madre de familia dijo que, al igual que ella, muchas compañeras tienen hijos que viven en otras provincias, lo que agrava más aún la relación porque “no nos dan herramientas para que mantengamos lazos”.
Las sanciones por el uso de telefonía celular es uno de los temas que más reclamos cosecha en el penal. En la Unidad Penitenciaria Nº 3 de Zeballos y Riccheri, los internos viven una situación similar, ya que también padecen bajas en los puntos de conducta cuando los que “hacen la vista gorda en el uso de celulares deciden perjudicar” a un detenido, según dijo uno de ellos.
“Si denuncian que te ven hablando por celular te bajan dos puntos, lo que significan seis meses más de encierro para volver a tener conducta ejemplar, y muchas veces te alarga el tiempo de espera para conseguir salidas transitorias”, dijo para agregar: “Las sanciones deberían ser por inconvenientes, peleas, discusiones, pero no puede ser que te castiguen por hablar con tus hijos. Comerte una sanción por eso es lo peor que te puede pasar acá adentro. Deberían poner a prueba la legalización por unos meses como se está haciendo en Coronda”. Y otro fortaleció los argumentos: “Este tipo de sanciones le dan un poder absoluto a los penitenciarios sobre nosotros, porque si uno te agarra bronca se aprovecha para joderte cuando quiere, es una forma perversa de disciplinarte, porque celulares tenemos todos”.
El rol de la mujer
Graciela Rojas, presidenta de la ONG Mujeres Tras las Rejas, recordó que la suspensión de los celulares surgió con los secuestros virtuales en penales masculinos bonaerenses, una realidad ajena a la problemática de las mujeres, “que siguen siendo el sostén familiar aún dentro de las rejas, como siempre ligadas a este rol dictaminado socialmente que la mujer protege, la mujer es madre, la mujer es la que está a cargo”. En ese sentido, Rojas dijo que si bien “en la comunicación ha habido un mal uso con respecto al celular, para las mujeres se vuelve una herramienta, una extensión hacia la unión familiar, la trama en la que se encuentra implicada, la trama familiar que sustentan aún en el encierro”.
Según explicó, en la planta baja de la Unidad 5 hay un teléfono donde se pueden recibir llamados externos de 16 a 18, pero al ser solo dos horas para todas las internas se producen roces porque el tiempo de comunicación es ínfimo. También dijo que hay un teléfono a monedas que las presas pueden utilizar, pero que muchas veces no funciona y que algunas no tienen monedas. “Hay varias cosas que simularían ser un elemento de comunicación pero en la práctica se vuelve una situación difícil de utilizar que no deja de ser, como muchas cosas que el penal ofrece, una falsa solución”, agregó.
La prohibición
Por su parte, Pablo Cococcioni, a cargo de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, explicó que está prohibido el uso de celulares y de todo elemento electrónico no autorizado dentro de los penales. “Obviamente los sistemas de control no son cien por ciento efectivos. Y si se los encuentra se hace un sumario y se aplica una sanción a criterio del director de la Unidad Penal, que puede ser una sanción en suspenso o la baja de la conducta y si el interno no está conforme tiene la posibilidad de apelarlo”.
El funcionario agregó que salvo en casos excepcionales, la sanción no se ejecuta, como el caso de aislamiento o celdas de castigo, ya que las mismas están destinadas para los internos que no pueden convivir en ningún lado: “Las sanciones no se cumplen efectivamente pero tienen la consecuencia de baja de conducta, que repercute en todos los egresos anticipados del régimen penitenciario como el impedimento de salidas transitorias o un obstáculo para obtener la libertad condicional”.
También diferenció dos métodos de requisa para dar con celulares. El de la fuerza bruta, que es una suerte de allanamiento en el lugar que habita el interno, y el inteligente, que se basa en obtener información de dónde están otro tipo de elementos peligrosos. “Es parte de una política de seguridad tomar la decisión sobre cuáles de esos métodos se emplean y qué valores están en juego”, dijo tras inclinarse por el segundo y graficó: “Si en el penal hay 200 celulares y un arma de fuego, voy por el arma”, dijo tras recordar el caso de un penitenciario asesinado en el penal de Las Flores de Santa Fe durante la década del ‘90.
Cococcioni dijo que los celulares están prohibidos en principio porque no tienen el mecanismo de control de la telefonía fija y podrían facilitar algún caso de secuestro virtual, aunque reconoció que son fenómenos que se dieron exclusivamente en penales de Buenos Aires.
