Osvaldo Pellin (*)
Hay gente cuyas esperanzas en el gobierno popular se preguntan por la vigencia de sus expectativas. Aludo en especial a un grupo de compañeros hasta hoy denominados “presos políticos”, en una situación que el presidente llamó “detenciones arbitrarias”.
Esta última denominación saca el conflicto de lo político y lo limita al Poder Judicial. Y este viene a ser, después de Macri, tierra de nadie o de una corporación inabordable, a la que se llega sólo mediante el ejercicio de poderes superiores a los que detentan.
Por más que el Derecho esté en manos de funcionarios venales, encuentre sus precisiones evasivas, con fundamentos entre discutibles e inaceptables, más de un mes y medio después de asumido el gobierno popular sigue habiendo presos políticos.
Y hoy, que como otros días de este tórrido verano me pongo a imaginar cómo estarán esos compañeros, encerrados, hacinados y seguro que enfermándose quizás por la deshidratación y con bizarros cuidados médicos, sin siquiera tener a su alcance una fronda que imaginariamente les aporte un momento de frescura, concluyo que la cárcel, por poco que alguien la haya conocido de vista o en esporádica visita, es una tortura. La libertad es un sueño sobrenatural, después de haber sobrevivido al tormento del encierro.
Para colmo pareciera que lo que se está esperando es que los mismos que adulteraron casi todos los procedimientos, los mismos que participaron en operaciones fraudulentas, los mismos que impidieron la presentación de las pruebas de la defensa o impidieron a los abogados defensores acceder a los expedientes se supone que serán los que reviertan sus opiniones para volver a fallar, y esta vez debería ser a favor de los privados de la libertad.
Un imposible, porque ese revés de la historia los inculpa y los responsabiliza. Muy difícil que esos mismos, llamémosle “jueces” por exagerar un poco, esta vez revean sus malos procedimientos, la obediencia servil que les ordenó Macri sin olvidar su propia parcialidad basada en el odio, y reconozcan no solo la inocencia de esos presos políticos, sino su evidente y alevosa mala práctica.
Están los que, privados de su libertad, carecen de una causa fundada en derecho que lo justifique. Están presos porque la voluntad del ex presidente Mauricio Macri pudo más que la hermenéutica de todos los códigos existentes. Fue el caso de Cristóbal López y Fabián de Sousa, dos años privados de su libertad siendo inocentes.
Está el caso de Luis D’Elía, con una causa que ya debe haber prescrito largamente.
Están Milagro Sala y muchas de sus compañeras, encarceladas mediante procedimientos judiciales viciados de toda legitimidad. Cuatro años presa soportando juicios en cadena, según el antojo de mantenerla recluida del gobernador Gerardo Morales, de Jujuy.
Está Amado Boudou, que demostró en el juicio su inocencia y no obstante el peso vindicativo hacia su apellido lo mantiene encerrado, ya que fue quien demostró que el sistema previsional conducido por el Estado le permitiría a éste ser superavitario, en detrimento de los bancos y las grandes corporaciones.
Está Julio De Vido, que permanece culpable –desde hace pocas semanas con prisión domiciliaria– con pruebas absolutamente invalidadas por la noción de verdad (por caso, un perito copió de internet un texto plagiado que con su firma convirtió en peritaje trucho y por el cual deberá enfrentar un juicio por falso testimonio; pero los efectos de ese falso testimonio son aun válidos para la parcialidad invencible de los jueces que manejaron su causa).
Y están presas personas con nombres menos rutilantes, por ejemplo debido a la causa de los “cuadernos”.
¿Quién será el encargado de estudiar cada una de estos expedientes para que advierta con fundamentos que convenzan a los jueces y a las múltiples apelaciones, que son arbitrarias? Mientras eso no ocurra se estará insistiendo en la privación de la libertad de estas personas como si todas hubiesen sido condenadas.
Ya sabemos que son presos políticos, y lo son porque hubo una flagrante violación de la independencia de los poderes del Estado con la finalidad de castigarlos privándolos de la libertad. Algo así como: castigo privado, reclusión pública.
Porque fue expresa la voluntad del gobierno de entonces en el sentido de que merecían la cárcel, basado en que la Justicia había sido desplazada hacia la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, todo aplaudido por la prensa militante de la alianza PRO-UCR, que fijó la sentencia en la mayoría de los casos.
¿Tiene esta legalidad la suficiente dignidad para ser acatada? Todo parece indicar que no.
Hablar entonces de “detenciones arbitrarias” termina siendo nada más que un eufemismo que obliga al gobierno popular rápidamente a incidir para que de este asunto hablemos en base a la verdad de los hechos, y no según la voluntad de recalcitrantes opositores al peronismo que detentan el Poder Judicial sin honrarlo.
No le pedimos al presidente Alberto Fernández que obre con la misma discrecionalidad que Macri, aunque tuviese razones para hacerlo porque en la mayoría de los casos está claro que se han vulnerado garantías constitucionales y que es una verdadera vergüenza que se sigan violándose en la medida en que, en pleno sistema democrático, hay dirigentes políticos privados de su libertad a través de procedimientos espurios y en base al manejo discrecional de la prisión preventiva.
No estamos pidiendo que el presidente actúe reactivamente porque está claro que desea encuadrar su voluntad institucional basada en el derecho, intentando cortar la cadena de arbitrariedades para que nunca más haya estas intromisiones del Poder Ejecutivo en el Judicial, ni un Poder Judicial que actúa condicionado por el humor y a solicitud del Poder Ejecutivo. Pero hagan algo, porque los presos aún están ahí, presos.
(*) Médico. Ex diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino, afiliado después al Partido Socialista y colaborador de Guillermo Estévez Boero. De vaconfirma.com.ar
