La conducción de Cambiemos de la Cámara de Diputados redoblará sus esfuerzos para acordar con el massista Frente Renovador y el bloque justicialista los dictámenes de Presupuesto y de la limitación de los superpoderes, que el oficialismo buscará sancionar en la sesión que se celebrará el 2 de noviembre.
A la luz de los consensos que está terminando de enhebrar el gobierno con los mandatarios provinciales sobre responsabilidad fiscal, distribución de recursos y ganancias, el oficialismo avanzará con los acuerdos que permitan firmar los despachos que se debatirán en el pleno del cuerpo.
La intención de Cambiemos es terminar hoy con la ronda de consultas con la exposición del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y continuar con las negociaciones con el massismo y el justicialismo para acordar las reformas al proyecto de presupuesto, y sobre superpoderes.
El presidente de la comisión de Presupuesto, el macrista Luciano Laspina, afirmó que la intención del oficialismo es “avanzar con los acuerdos” con la oposición para tener los dictámenes consensuados, y vaticinó: “Seguramente el jueves estaremos firmando los despachos”.
Las conversaciones se hacen entre Laspina, el jefe de la bancada del PRO, Nicolás Massot, el massista Marco Lavagna, el justicialista Diego Bossio y, cuando es necesario, se suman el titular del interbloque Mario Negri y el titular del cuerpo Emilio Monzó.
Superpoderes
Además del Presupuesto, discutirán el proyecto que pone limite a la facultades extraordinarias que tenían los gobiernos desde 2006, cuando se eliminaron los topes para poder reformular el Presupuesto. En este sentido, el proyecto oficial propone acotar a un 10 por ciento del Presupuesto la posibilidad de reasignar recursos por parte del Poder Ejecutivo durante el ejercicio 2017, con lo cual le pondría un límite a una potestad que, desde 2006 hasta ahora, fue ejercida sin techo.
Ministerio Público Fiscal
La Cámara de Diputados tratará este miércoles en el recinto el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, el cual sufrirá modificaciones respecto del dictamen de mayoría aprobado el martes pasado en un plenario de comisiones. El cambio más sustancial será la eliminación del requisito que establece que para convertirse en titular de una Procuradoría el fiscal general debe cumplir con cinco años de antigüedad. El oficialismo sacó cuentas y verificó que con esta cláusula casi la totalidad de los magistrados a cargo de las procuradorías especializadas deberán cesar en sus funciones.
