La Legislatura provincial le dio sanción definitiva al presupuesto 2019 y el gobernador Miguel Lifschitz podrá iniciar su último año de gestión con la principal herramienta financiera aprobada. El proyecto se votó este jueves, con cambios respecto de la redacción original, en la Cámara de Diputados. Luego fue girado al Senado donde recibió sanción definitiva.
A diferencia del presupuesto nacional, que prevé un fuerte ajuste del gasto público, el cálculo de gastos y recursos elaborado por la provincia implica un fuerte aumento de la inversión pública tanto en obras como en las áreas sociales.
Se trata de un presupuesto record: se estima Santa Fe en 2019 tendrá recursos corrientes por 267 mil millones de pesos (una suba del 49% respecto a 2018) y gastos corrientes por 234 mil millones pesos (45% más que el año en curso). De esas variables se desprende un ahorro económico de casi 33 mil millones de pesos.
Para el año próximo los gastos de capital (obra pública) superarán los 42 mil millones de pesos. Es el 15% del total de gastos previstos por la provincia. Durante el debate legislativo, el oficialismo remarcó que se trata de una “política anticícilica” que apunta a generar actividad y empleo, a contrapelo del presupuesto nacional 2019 que incluye un recorte del 50% de la obra pública respecto del año en curso.
Las áreas que recibirán mayor cantidad de recursos son Educación y Seguridad: entre ambos ministerios suman más del 40% del total del gasto de la administración central. Salud y Desarrollo Social también crecen en participación. Los fondos destinados a políticas de género crecerán un 57% y el presupuesto de la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones subirá un 60%. Por el contrario, bajarán las partidas para la Legislatura y el Ministerio de Gobierno.
En el recinto, el diputado socialista Joaquín Blanco lo definió como “un presupuesto equilibrado y solvente” y remarcó que Santa Fe es la provincia con menor nivel de deuda. Por eso se incluyó en el presupuesto una autorización para que el Ejecutivo pueda negociar créditos con el Fondo de Desarrollo Francés y el BID y financiar obras de infraestructura con esos recursos.
Blanco también remarcó la vigencia de la cláusula gatillo, por la cual ningún trabajador público perderá poder adquisitivo frente a la inflación, y el aumento de las partidas para atender las demandas de los sectores sociales más desprotegidos: “Nos hicimos cargo de la creciente demanda social”.
El diputado de la UCR-NEO Jorge Henn valoró que “este proyecto se ha gestado con serias dificultades ya que enfrenta el ajuste más brutal que se conozca en democracia” y agregó: “A pesar de que la Nación nos ha traspasado gastos a los gobiernos provinciales a través de la eliminación de los subsidios al transporte, estamos manteniendo la prioridad en Seguridad y Educación y dándole más partidas al gasto social, además de continuar con la obra pública”.
Durante el debate en la Cámara baja los distintos bloques acordaron eliminar un inciso del artículo 31 referido al financiamiento del déficit de la obra social Iapos. Desde la oposición, el diputado del PJ Luis Rubeo pidió que el gobierno envíe un proyecto específico para tratar ese punto durante el período extraordinario de sesiones.
En la Cámara de Diputados el proyecto se aprobó con 24 votos positivos del Frente Progresista, nueve votos en contra de la izquierda y sectores del PJ y 14 abstenciones de otros sectores justicialistas y del interbloque Cambiemos. Minutos más tarde, en el Senado, el tema se trató en forma express y quedó aprobado por unanimidad.
