La Municipalidad anunció que acatará el fallo judicial que obliga a que la mitad de los fondos asignados a las obras votadas por los vecinos a través del Presupuesto Participativo se distribuyan de acuerdo con el Índice de Carencia de cada distrito. Es por eso que desde la Secretaría General anunciaron que ya el próximo viernes 22 se reunirá una comisión para “resolver algunas contradicciones que tiene la normativa”, y avanzar luego en su aplicación. “Vamos a respetar esta decisión de la Justicia y posiblemente hagamos una sugerencia al Concejo Municipal para modificar lo que sea necesario, con el objetivo de que se respete lo que realmente es el espíritu de la ordenanza”, señaló el secretario general de la Municipalidad, Jorge Elder.
“Hay una normativa que establece que se debe armar una comisión para poder fijar el denominado Índice de Carencia. Es por eso que nos reuniremos el próximo viernes para resolver algunas cuestiones. Esto ya lo teníamos decidido. Ocurre que hay algunas contradicciones, ya que el espíritu de la norma establece que en los distritos donde hay más necesidades debería asignarse más plata, pero no dice cómo se hace ese índice. Lo que sí se dice es que la comisión lo tiene que armar tomando cinco temas como son vivienda, trabajo, salud, educación y género”, explicó el funcionario.
“El tema es que cuando uno establece un índice lo tiene que reflejar de acuerdo a la población que vive en ese territorio. Acá los distritos que más carencias tienen son el oeste, sudoeste y sur y en ellos no vive la mayor cantidad de gente. Para que se entienda: si en los seis distritos de la ciudad viviera la misma cantidad de gente la cosa sería distinta. Pero, por ejemplo, en el distrito centro, que no es el más carenciado, vive la mayor cantidad de ciudadanos. Hay que agregar, además, que los datos que tenemos son del último censo. Otra contradicción que tenemos para hacer el índice, ya que tenemos que jugar con datos de nueve años atrás. El tema es que en el centro tenemos cerca de 200 mil personas versus las 120 mil de otros distritos, y a la hora de ponderar cualquier indicador paradójicamente le da al centro una distribución mayor que a cualquier otro distrito”, puntualizó Elder.
De igual modo, salta a la vista que, aunque resida más población, los problemas de vivienda, trabajo, educación o salud entre bulevares no son los mismos que se padecen en zonas de la periferia. Análogamente, un sémaforo en Córdoba e Italia aparece como más necesario que en Liniers y Zuviría, por caso.
Al ser consultado sobre qué porcentaje de los proyectos aprobados en el Presupuesto Participativo se terminan llevando adelante, Elder explicó: “Este año pusimos en todos los distritos un mapa con todos los proyectos que se hicieron y también los que no se hicieron en estos ocho años de Presupuesto Participativo. Realmente la aceptación de los vecinos fue altísima y vimos que en estos ocho años se hicieron más de 700 proyectos. En cuanto a porcentajes, en marzo, teníamos el 74 por ciento ejecutado, un 6 o 7 por ciento que estaba en ejecución y un 12 por ciento que faltaba ejecutar. Por eso consideramos necesario explicarles a los vecinos qué pasaba y por qué no se hacían porque esto es parte de un proceso de participación democrática”.
Más adelante, el secretario general de la Municipalidad realizó una breve defensa del sistema de participación implementado en el municipio. “De estos ocho años de Presupuesto Participativo en la ciudad hemos establecido un verdadera forma de participación ciudadana. Seguramente es mejorable, corregible, pero realmente se trata de una experiencia inédita en la Argentina. Somos una de las pocas ciudades que tiene esto en Latinoamérica. En ese sentido, este año nos hemos propuesto mejorar y nos está yendo muy bien, con un gran resultado. En marzo de este año, en la primera ronda, hemos tenido un 60 por ciento más de gente que ha participado en relación a otros años”, indicó.
Cabe recordar que el fallo judicial surge de la sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, a partir de una presentación que en el marco de la ley 10.000 de intereses difusos realizara el abogado Roberto Sukerman, en febrero del 2009. En el recurso, el profesional había planteado también otro reclamo a la Municipalidad, en este caso respecto al cumplimiento de otro aspecto de la ordenanza, que determina que el monto destinado al presupuesto no debe ser menor de un año al otro.
En su decisión, los camaristas indican que la inexistencia del Índice de Carencia es una grave omisión, dado que “no sólo hace frustrar el funcionamiento de un sistema de participación, sino que además afecta uno de los instrumentos destinados a promover la igualdad material y de oportunidades”.
