Un proyecto que restringe el dictado de medidas cautelares contra el Estado avanza en el Congreso, impulsado por legisladores del Frente para la Victoria que buscan apurar su tratamiento para que la iniciativa se convierta en ley.
Se trata de una propuesta de la diputada kirchnerista Diana Conti, que dispone una serie de modificaciones al Código Civil y Procesal de la Nación.
La iniciativa oficial establece que antes de dictar una medida cautelar contra cualquier organismo del Estado, el magistrado debe citar a una audiencia a las partes y a posibles terceros afectados.
“La convocatoria a una audiencia de parte para los supuestos en donde el interés público comprometido así lo exige constituye una herramienta que le servirá al juez para formar su convicción sobre los requisitos de procedencia de la medida cautelar. Estos requisitos fortalecen este instituto”, explicó Conti.
Según el proyecto, un magistrado solamente podrá dictar una medida cautelar contra el Estado siempre y cuando “no afecte el interés público comprometido ni genere mayores perjuicios que su no otorgamiento”.
Al respecto, distintos legisladores y constitucionalistas se manifestaron a favor y en contra de la iniciativa oficial.
El diputado Pablo Tonelli, del PRO, consideró que “en principio, el proyecto es razonable “, pero sostuvo que “habría que precisar mejor (en la iniciativa) ese requisito de interés público comprometido”.
Asimismo, el jefe del bloque de diputados del radicalismo, Ricardo Gil Lavedra, también se manifestó a favor de regular el régimen de medidas cautelares, pero advirtió que se debe “evitar recaer en un efecto contrario, como obstaculizar una vía expeditiva, como debe ser una acción de amparo”.
En tanto, el diputado Gustavo Ferrari, del Frente Peronista, dijo: “No se puede descontextualizar este proyecto de la coyuntura política actual. Claramente afecta el principio de igualdad ante la ley a favor de quien es el más poderoso en cualquier litigio, el Estado”, expresó.
A su vez, el abogado y diputado denarvaísta bonaerense Mauricio D’Alessandro subrayó que “la actual Ley de Amparo fue dictada en la época de Juan Carlos Onganía, pero el proyecto de Diana Conti es todavía más duro y restrictivo que el de aquella dictadura”
“Es una barbaridad jurídica y avasalla claramente los derechos constitucionales de las personas e instituciones”, dijo el diputado al referirse al proyecto de Conti.
“Esta iniciativa va claramente a contramano de la declamación kirchnerista de apoyo y defensa a los derechos humanos y promueve en forma burda el totalitarismo”, argumentó el legislador.
Para el abogado constitucionalista Gregorio Badeni la iniciativa oficial “es un proyecto riesgoso”.
“Los daños que el Estado puede ejercer sobre un particular suelen ser irreparables, por lo que no parece muy razonable que se impongan trabas en desmedro de los derechos de los individuos”, dijo en declaraciones a un matutino porteño.
