Esteban Guida y Rodolfo Pablo Treber
Fundación Pueblos del Sur (*)
Especial para El Ciudadano
Una pregunta se escuchó recurrentemente desde que el presidente Alberto Fernández anunció el arreglo con los acreedores privados de la deuda pública externa argentina: ¿Es un arreglo bueno o malo para el país?
En rigor de verdad es una pregunta que encierra una trampa, puesto que la respuesta dependerá de la posición en que se ubique quien quiera contestarla. Porque por experiencia sabemos que en un país donde la cincha por el poder es un juego predilecto y el interés nacional contrasta sistemáticamente con la voluntad del poder real, lo que para algunos es un acierto, para otros puede resultar una condena.
De concretarse el arreglo anunciado, ciertamente el gobierno logra reducir parcialmente el requerimiento de divisas para el pago de los servicios de la deuda (capital e intereses) externa y en moneda extranjera (ya que misma oferta se la hace a los tenedores locales de deuda en moneda extranjera) hasta el año 2024. Esto es lo que se presenta como un gran logro para el país. Sin embargo, para no “cantar victoria antes de la gloria” hay que esperar la negociación con el Fondo Monetario Internacional, puesto que los vencimientos concentrados en los próximos años producto del cuanto menos ilegítimo acuerdo celebrado por gestión de Mauricio Macri son muy importantes y la Argentina carece de recursos para afrontarlos, aun contando que el acuerdo anunciado por Fernández se ejecute exitosamente.
Pero si quienes intentan responder a la pregunta son argentinos que aman a su Patria y piensan el bien para las futuras generaciones, considerarán que cualquier compromiso que el país asuma con el extranjera será efectivamente exitoso si permite administrar soberanamente sus recursos y reorientar su esquema productivo para alcanzar bienestar nacional; o sea, no sólo seguir teniendo financiamiento para hacer crecer las exportaciones sino alcanzar el desarrollo económico sostenible con justicia social. Esto es clave, puesto que ya son varios (locales) los que celebraron la posibilidad de que Argentina vuelva al mercado de capitales para tomar deuda con el fin de seguir financiando la fuga de capitales a costa de perpetuar el subdesarrollo y la injusta pobreza de los argentinos.
Por lo tanto, la orientación de la respuesta a la pregunta del principio no puede eludir el punto central del análisis de la deuda externa argentina, la que, lejos de apalancar el desarrollo económico, ha servido históricamente para cercenar sus reales posibilidades de vivir dignamente con lo propio y reorientar el destino del trabajo y la riqueza con destino foráneo.
Ejemplo claro de ello es que la emisión exagerada de deuda externa en Argentina ha transcurrido durante gobiernos alineados con el poder económico financiero global. La experiencia indica que el otorgamiento de empréstitos ha funcionado como parte de un dispositivo de dominio, aplicado con la complicidad de actores locales que operaron, con o sin democracia, en dirección contraria al interés nacional. Porque lo realmente valioso para los organismos multilaterales de crédito no es el retorno monetario de intereses sino el poder político que obtienen sobre los gobiernos presentes y venideros. La cuestión de fondo no es por plata, es por territorio, recursos naturales y trabajo; es por la generación de riquezas y el mantenimiento de las relaciones de poder.
Por eso, la verdadera pregunta que debemos hacernos, es si el endeudamiento externo ha sido un instrumento para someter al país al dictado del poder financiero global, puesto que al responderla llegaremos a la inexorable conclusión de que lo mejor que podemos hacer es librarnos de ella.
Ciertamente, realizar esta ineludible y esencial tarea, resulta complejo y condicionado por factores políticos internacionales. Pero será imposible si no emprendemos un proyecto de industrialización que se proponga prescindir del flujo internacional de capitales y reubique al país (aunque lenta y paulatinamente) en un sendero de independencia económica.
Aparece aquí el famoso problema de la restricción externa, que plantea una incógnita aparentemente insalvable. Son justamente los que propugnaron el liberalismo económico quienes ahora se ven incapaces de resolver un problema que está en la misma raíz del modelo librecambista, aplicado por la fuerza en Argentina. La salida no puede omitir que tamaña empresa sólo podrá realizarse con la participación organizada del conjunto de los argentinos; una participación que sea el resultado de una toma de conciencia nacional respecto al origen y proyección del modelo argentino para el desarrollo nacional; que determine una nueva conducta económica popular y un nuevo Estado al servicio del interés nacional.
Porque lo que hizo grande a la Argentina, en distintos momentos de su historia, es haber comprendido que no hay, ni habrá, un futuro de prosperidad como colonia subordinada. Al contrario, en el camino a recuperar la soberanía, el conflicto con el imperio de turno es y será inevitable.
La actual situación de dependencia económica y política, que sumerge al Pueblo en el absurdo de la pobreza y hambre en tierras de abundancia, no da lugar a medias tintas ni tibiezas. La Patria, libre de sus cadenas, es enormemente rica. Con decisiones de fondo no hay conflicto imposible de resolver.
Y para aquellos que dicen que esta posición resulta utópica y de imposible aplicación, valen algunos ejemplos prácticos que hablan de una inmediata acción:
aproximadamente la mitad de las importaciones argentinas corresponden a manufacturas de baja complejidad (juguetes, textiles, plásticos, indumentaria, autopartes, electrodomésticos, metales, cosméticos, etcétera) cuya sustitución resulta altamente factible. Esto puede generar un mercado para la pequeña y mediana empresa argentina con un horizonte de nacionalización de mano de obra estimado en 3,6 millones de puestos de trabajo, lo que permitiría liberar 34.000 millones de dólares;
si hace falta financiamiento, hay que pensar en uno de los sectores más beneficiados de la liberación total del comercio exterior, como es la oligarquía exportadora de granos y cereales. Sin romper acuerdos internacionales y respetando los límites fijados por la OMC (Organización Mundial de Comercio), se pueden llevar las retenciones a las exportaciones de materias primas sin valor agregado al 35%. Esto generaría un ingreso extra aproximado a las arcas estatales, de 10.000 millones de dólares anuales;
los máximos ganadores del saqueo neoliberal fueron los bancos y sus empresas transnacionales asociadas. El Banco Central de la República Argentina tiene que centralizar la administración de recursos financieros del país para recuperar su función reguladora. Así, reorientar el ahorro nacional y frenar la sangría de divisas por fuga de capitales, que sólo en los últimos cuatro años, representó más de 86.000 millones de dólares.
Como queda a la vista, el conflicto no es el monto de la deuda sino la subordinación política al poder que posee el control del comercio exterior y la banca, y que impide “poner la manguera a chorrear para adentro”.
Y si alguno piensa que esto es imposible, podrá esperanzarse recordando la propia historia argentina: en el año 1946 se nacionalizó el Banco Central, se reguló el sistema bancario argentino, y se nacionalizó el comercio exterior agropecuario. De esta forma, y aunque sufrió el bloque económico por mantenerse al margen del orden mundial impuesto por Estados Unidos en Breton Woods, comenzó con el rescate de la deuda externa hasta cancelarla totalmente en 1952, logrando hacia 1954 una posición acreedora con el mundo y un grado de industrialización y pleno empleo como nunca antes, ni después, en su historia.
Solo cuando cortemos la dependencia al extranjero podremos instalar un orden económico que se encuentre subordinado al interés social; nunca antes. La Patria, libre de cadenas, todo lo puede. De nosotros depende.
(*) fundacion@pueblosdelsur.org
