La Cámara de Garantías de Morón ordenó que se le conceda arresto domiciliario al carpintero Ramón Altamirano, uno de los detenidos por el crimen de la niña Candela Rodríguez, ocurrido en agosto pasado en la localidad bonaerense de Villa Tesei.
La defensora del imputado, María Florencia Srur, aseguró que el tribunal concedió la medida «porque no hay peligro de que Altamirano se fugue, no tiene antecedentes penales y no va a entorpecer la investigación».
La sala III de la Cámara revocó de esta manera un fallo del juez Alfredo Meade que había denegado una morigeración de la prisión que Altamirano viene cumpliendo desde hace seis meses.
Srur explicó que la Cámara ordenó que la prisión domiciliaria se haga efectiva en siete días, pero adelantó que junto con el abogado Matías Morla presentará un hábeas corpus para ese plazo se acorte a tres días.
Si bien no se difundió el fallo, la defensora aseguró que los camaristas tuvieron en cuenta el análisis de ADN que determinó que Candela no estuvo secuestrada en la casa del carpintero, situada en Charrúas 1081, de Villa Tesei, tal como había declarado un testigo de identidad reservada.
Esta decisión se suma a la adoptada el jueves pasado, cuando la Cámara de Morón le concedió la excarcelación extraordinaria a Gladys Cabrera, la dueña de la casa donde habría estado secuestrada Candela.
Los camaristas determinaron que esa medida se haga efectiva una vez que quede firme esta decisión, es decir, luego de que el fiscal del caso, Marcelo Tavolaro, decida si la apela o no.
Candela fue vista con vida por última vez el lunes 22 de agosto de 2011, cuando esperaba a unas amigas para ir a la reunión del grupo de boy scouts al que pertenecía.
Su cuerpo apareció en un descampado el 31 de agosto dentro de una bolsa, a 30 cuadras de su domicilio.
Además de Altamirano y Cabrera, por el caso están detenidos Leonardo Jara, sindicado como quien engañó a la niña para llevarla cautiva; Héctor «Topo» Moreyra, acusado de instigar el crimen; Hugo Bermúdez, supuesto autor material; y Alberto Espínola, Gabriel Gómez y Guillermo López, acusados de aportar «logística».
