Lucía Demarchi
A casi seis meses del inicio del primer juicio oral y público que se sigue en Rosario por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar contra cinco represores en los Centros Clandestinos de Detención La Calamita, Quinta de Funes, Fábrica Militar Domingo Matheu, Escuela Magnasco y La Intermedia, comenzó ayer la etapa final del proceso. Los alegatos fueron expuestos, en primer término, por la abogada Ana María Figueroa, representante legal de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, quien solicitó “penas de prisión perpetua y efectiva, a cumplir en cárceles comunes e inhabilitación perpetua y absoluta para todos los cinco imputados”, mientras que por la tarde fue el turno de las abogadas de Hijos, Ana Oberlin y Nadia Shujman.
Después de 33 años de sombras, comenzó la última etapa del primer juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Gran Rosario, ya que los represores Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Amelong, Walter Pagano y Eduardo “Tucu” Constanzo comenzaron a escuchar los alegatos en los juicios por delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas, tormentos y desaparición física, cometidos en los centros de detención conocidos como Quinta de Funes, Escuela Magnasco, La Intermedia, La Calamita y en la Fábrica Militar de Armas Portátiles Domingo Matheu, durante la dictadura.
“La impunidad no oculta el crimen, lo agiganta”, dijo la letrada Ana María Figueroa, representante de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, al comenzar a desarrollar su alegato.
Además, la abogada expresó que uno de los motivos por los que los cinco imputados, Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Amelong, Walter Pagano y Eduardo Constanzo, deben ser juzgados, es que “al momento de los hechos existía un derecho vigente que fue violado”.
En su discurso, Figueroa hizo referencia a varios tratados internacionales que hablan, entre otras cosas, de los crímenes de lesa humanidad y del genocidio: “El genocidio es un delito tanto en la guerra como en la paz, e implica destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”.
“Puede tratarse de la matanza de miembros del grupo; provocar lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros del grupo; sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno grupo; y el traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”, citó la abogada, haciendo referencia a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, firmado por los países miembros de Naciones Unidas en el año 1948.
En este sentido, también remarcó que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. “Son delitos de lesa humanidad; no sólo tienen que ver con las víctimas y sus familias, tienen que ver con nosotros como sociedad, tienen que ver con la raza humana”, señaló Figueroa.
Para la letrada, “el Ejército con su accionar puso en riesgo a toda la sociedad”. Y remarcó: “Aquí no hubo una guerra ni sucia (como afirmó Guerrieri), ni de baja intensidad (como lo consideró Amelong). Lo que hubo fue una cacería: estos hombres se erigieron como dueños de la vida de todos”.
Además, Figueroa hizo referencia al testimonio prestado el año pasado por Horacio Ballester, presidente del Cemida (Centro de Militares para la Democracia Argentina), quien expresó que “el Ejército se alzó contra los que a su juicio atentaban contra el modelo nacional y cristiano”.
En este mismo sentido, durante su testimonio Ballester remarcó que “nadie está obligado a cumplir órdenes ilícitas”, en relación al tan gastado argumento de la obediencia debida utilizado por los imputados.
En otra parte de su alegato, Figueroa dijo: “Siempre supimos que desde la Constitución Nacional de 1853 teníamos las herramientas para hacerles frente; no obstante nos dijeron una y otra vez que no ante las presentaciones, hasta llegar a instancias internacionales, donde finalmente se nos escuchó”.
“El corporativismo militar es una forma de garantizar la impunidad. No queremos denigrar a las FFAA con estos juicios, sólo queremos que los militares que no cumplieron su deber y adoptaron la doctrina de la seguridad nacional sean juzgados”, aseguró la representante legal de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, quien al término de su exposición –que duró poco más de cuatro horas– pidió “penas de prisión perpetua y efectiva, a cumplir en cárceles comunes e inhabilitación perpetua y absoluta para todos los cinco imputados”.
En un segundo turno alegaron las abogadas de Hijos, Ana Oberlin y Nadia Shujman, en representación de Alicia Gutiérrez, Eduardo Toniolli, Fernando Dussex, Cecilia Nazábal y Olga Moyano.
“Ante el caudal de pruebas producidas a lo largo del juicio, los testimonios de los sobrevivientes, los documentos aportados, las declaraciones de dos represores como Constanzo y Bueno (quien está detenido en Brasil desde septiembre del año pasado) no cabe para nosotros otra pena que la cadena perpetua para los cinco imputados”, adelantaron días atrás las letradas, quienes al cierre de esta edición seguían exponiendo sus alegatos.
