Desde comienzos de 2009, las mujeres detenidas que tienen hijos menores de cinco años o cursan embarazos pueden acceder a la prisión domiciliaria, beneficio del que ya gozaban las personas con enfermedades graves o mayores de 70 años. Sin embargo, el logro obtenido en materia de derechos humanos con la reforma de la ley no contempla ningún medio de subsistencia económico para mujeres sin recursos que son cabeza de familia y que terminan burlando el beneficio por la misma necesidad que las llevó a delinquir.
Así lo expresó Graciela Rojas, presidenta de la ONG Mujeres tras las Rejas, que tildó la reforma como un “avance”, dado que “el hogar es el mejor lugar para una criatura, una madre o un enfermo”, pero remarcó que “esa ley buena y progresista tiene su dificultad en los hechos reales y en la concreción”. Es que, según Rojas, si bien en un 99 por ciento de los casos los jueces otorgan la prisión domiciliaria, no existe “ningún subsidio, ni acompañamiento, ni política social para que una mujer con su hijito menor de cinco años, o embarazada o las que padecen una enfermedad grave” puedan hacer frente a los mínimos gastos de subsistencia sin salir de su casa.
“¿Cómo pensamos que una madre va a sustentar a sus niños? ¿Cómo una persona con una enfermedad grave va a estar detrás de la puerta de su casa, que es una reja, sin la posibilidad de poder proveerse los elementos indispensables para subsistir. Deberíamos retrotraernos más atrás y pensar que las mujeres que pueblan los penales, en general, son mujeres pobres. Además de la falta de recursos y de preparación tampoco tienen un contexto que las pueda sostener económicamente”, manifestó.
Al respecto Rojas dijo que cuando las “mujeres salen de la cárcel vuelven al mismo lugar que las expulsó, que las obligó a transitar por el delito. Entonces hay un atravesamiento muy importante, grave y profundo, que es el desconocimiento del contexto del cual proviene el 90 por ciento de las mujeres que delinquen”. En ese sentido dijo que hay varios caminos que se podrían tomar, como otorgar un subsidio por única vez para que las personas que transitan ese tipo de conflicto puedan iniciar una pequeña empresa desde su hogar, como la venta de cualquier mercadería que se pueda comercializar desde una casa. También sugirió que se incentive la oferta a empresas que puedan delegar parte de su trabajo para que las internas realicen desde sus viviendas. “Hay una gran gama de posibilidades, lo que necesitan es que se arbitren los medios para que económicamente puedan hacer la cadena de sustentación. Si le damos una herramienta que les permita ingresar al espacio de lo social, un espacio que muchas no conocen, sería una forma de construir ciudadanía”, concluyó.
