Miguel Duhalde*
Reducir el concepto de “privatización educativa” a la cantidad de estudiantes que concurren a las escuelas privadas es, como mínimo, una inconsistencia analítica tal, que le quita validez, confiabilidad y rigurosidad a cualquier planteo o afirmación que se haga sobre el tema. Salvo que se tenga la intencionalidad lisa y llana de instalar una falacia más en el largo camino que el pensamiento de la derecha viene transitando desde hace mucho tiempo en contra de la educación pública y de las políticas de inclusión socio-educativas.
Este parece ser el caso de notas periodísticas publicadas últimamente, que sencillamente se dedican a renovar en la esfera mediática los ataques contra las organizaciones sindicales y/o los gobiernos nacionales y populares utilizando algún tema educativo. Son notas que forman parte del modus operandi que eligió la derecha a los efectos de mostrar al público su supuesto “interés” por la educación.
Desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), y en el marco de la campaña Mundial que lleva adelante la Internacional de la Educación en contra de la privatización educativa, investigamos sistemáticamente este fenómeno, observando que las tendencias privatizadoras proliferaron y ganaron terreno a escala regional y mundial durante las últimas décadas, desplegándose de modos variados y combinando estrategias de muy diverso tipo.
Por lo que no es suficiente analizar este proceso haciendo una simple sumatoria sobre la cantidad de estudiantes y escuelas públicas o privadas, ya que existe una diversidad de actores e intereses en juego en el campo educativo que orientan la política y que se posicionan en la esfera pública, validando nuevos discursos y, en muchos casos, inhabilitando a los actores estatales. Es por ello que hablamos de estas tendencias haciendo referencia tanto a la privatización endógena (“en” la educación pública), como a la privatización exógena (“de” de la educación pública).
Una falta de rigurosidad investigativa que sorprende
Es decir, que para comprender el fenómeno en toda su complejidad, es necesario estudiar cómo se dio la apertura de los servicios de educación pública a la participación del sector privado (tercerización), como así también, discernir sobre cómo se fue dando el proceso de incorporación de ideas, métodos y prácticas del sector privado a fin de hacer que el sector público se asemeje cada vez más a una empresa.
Entonces, el fenómeno de la privatización no es sólo la composición de la “matrícula”, sino que además tiene que ver con las políticas de transferencias de recursos del Estado hacia el sector privado (subsidio), las definiciones presupuestarias, los actores privados que juegan en el ámbito educativo, la subordinación de las políticas de formación a los requerimientos de las evaluaciones estandarizadas como Pisa, la adopción de valores del mercado para la gestión pública, el papel de las grandes corporaciones en los sistemas educativos nacionales, entre otras cuestiones.
Hecha la aclaración conceptual, nos detenemos en una nota periodística, que titula con grandilocuencia “La gran privatización kirchnerista” (diario Clarín 11 de abril pasado), y presenta una serie de reflexiones que evidencian una falta de rigurosidad investigativa que sorprende. En primer lugar, esta nota refiere al “Kirchnerismo”, pero toma como período analítico los años 2004-2020, como si no hubiese habido “Macrismo”.
La nota expresa: “Dato: en la Argentina, entre 2004 y 2020, los alumnos de primaria de escuelas privadas crecieron un 22 por ciento. Hoy son 230.000 más. En cambio, los que estudian en estatales disminuyeron un 9,1 por ciento. De 3,9 millones que eran en 2004, presidencia de Néstor Kirchner, pasaron a 3,5 millones en 2020. Y agrega: “En los años del tantas veces declamado Estado presente, la educación se privatizó como nunca”.
Permanente ataque, denostación y menosprecio de “lo público”
Al respecto, es necesario aclarar que la idea de “Estado presente” en educación, en el período 2003-2015, se explica por hechos como establecer a la educación como un derecho (Ley 26.206 año 2006), aboliendo la definición de educación como un servicio, tal como fue definida en los años 90 y poniendo como objetivo central a la educación inclusiva de los sectores históricamente excluidos del sistema.
El “Estado presente” también se define en la Ley de Financiamiento Educativo (sancionada en 2005), que estableció el 6 por ciento del PBI, como inversión del Estado para la educación. Y también se ve en programas de política educativa como la obligatoriedad de la educación secundaria, el “Conectar igualdad”, las Becas “Progresar”, el “Plan Fines”, los programas socio-educativos, el Programa de Formación Docente permanente, gratuito y en ejercicio, el reconocimiento legal de la Paritaria Nacional Docente, etc.
El Estado presente se define por este tipo de políticas y no por el crecimiento de la matrícula en escuelas de educación privada. Pues sobre este crecimiento también influyen una variedad de factores que van más allá de la intervención del Estado.
Sin embargo, desde la década del 40 (7 por ciento de estudiantes en escuelas privadas) hasta la actualidad (25 por ciento de estudiantes en escuelas privadas) el crecimiento de la educación privada en Argentina y en toda América Latina no paró de crecer (a excepción de Bolivia, donde existe un proceso inverso).
Es más, el único momento en el que se produce un estancamiento en dicho crecimiento es a partir de 2008. Y los condicionantes que explican el crecimiento de la matricula privada son de distinta índole, como preferencias religiosas y/o ideológicas, oferta educativa más específica, escuelas privadas con jornada completa, falta de vacantes en educación pública, capacidad económica de las familias. Como acotación, hay que tener en cuenta que, tal como lo menciona un informe del Banco Mundial (BM), “entre los años 2002 y 2012, la clase media en Argentina se duplicó en la última década, destacándose además como el país latinoamericano con el mayor aumento de su clase media como porcentaje de la población total”.
A estos diversos condicionantes descriptos por investigaciones académicas existentes sobre la temática, hay que complementarlos, en perspectiva analítica, con lo que ha significado el permanente ataque, denostación y menosprecio de “lo público” –y de la “educación pública” en particular–, que se sostiene sistemáticamente desde los sectores conservadores de la derecha para desprestigiarla y, de esa manera, influir en la opinión pública y en la subjetividad de las familias a la hora de la elección de la escuela donde mandar a sus hijos.
Este intento por desprestigiar la escuela pública no queda sólo en el terreno discursivo y en los ejercicios mediáticos, sino que objetivamente también se apoya en las políticas de ajustes que, en los distintos períodos neoliberales, desfinancian constantemente a la educación pública, desmantelando todos los programas de inclusión socioeducativa y reduciendo el presupuesto educativo a excepción de los subsidios destinados al sector privado.
*Secretario de Educación Ctera
