Dos militares retirados del área Inteligencia fueron procesados por su presunta participación en el robo a los Tribunales de Rosario en 1984 de varios cuerpos de una investigación por crímenes de la última dictadura, aunque uno fue desligado del expediente por «incapacidad sobreviviente».
Así lo informó hoy el fiscal de la Unidad de Investigación de delitos de Lesa Humanidad, Alfredo Villatte, quien anunció que recurrió la decisión del juez federal 3, Carlos Vera Barros, sobre la suerte procesal de uno de los imputados.
El juez Vera Barros procesó al coronel retirado Luis Américo Muñoz, ex segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, y a su superior de entonces, Héctor Fructuoso Funes, integrante del Estado Mayor del Comando del Cuerpo de Ejército II con sede en Rosario.
Según la resolución, los militares fueron procesados como coautores de robo calificado por el uso de armas, privación ilegítima de la libertad y encubrimiento agravado por el tipo de delitos precedentes.
Hace una semana, la Cámara Federal de Rosario confirmó que el robo a Tribunales debe considerarse un delito de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible.
«Los hechos investigados son conexos a delitos de lesa humanidad, en tanto que habrían sido cometidos para garantizar la impunidad de los autores de violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos durante la última dictadura», sostuvo el tribunal de alzada.
El robo a los Tribunales provinciales de Rosario ocurrió el 8 de octubre de 1984 a la madrugada.
Entonces, un grupo de personas redujo a la guardia del edificio y se llevó varios cuerpos de un expediente iniciado ese año para investigar presuntas responsabilidades penales de personal de Inteligencia del Destacamento 121 de Rosario.
La información había sido secuestrada en allanamientos ordenados por el Juzgado de Instrucción 10 de Rosario en domicilios de personal civil de inteligencia y, supuestamente, involucraba a otros miembros.
Según la resolución, Muñoz fue procesado por haber ejecutado dicha operación especial de inteligencia como Jefe del Destacamento Inteligencia 121 de Rosario, en cumplimiento de las órdenes recibidas a través de su cadena de mandos y con personal a su cargo.
En tanto, a Funes se le endilgó haber «preparado –personalmente o por intermedio de personal a su cargo– los planes y órdenes para la reunión de información, procesamiento de dicha información y su transformación en la inteligencia necesaria para definir los «blancos» a ejecutar».
¿El gran simulador?
El fiscal Villatte dijo que un día después firmar los procesamientos, el juez Vera Barros «suspendió el proceso en relación a Muñoz por padecer una supuesta incapacidad sobreviniente» sin darle intervención a la Unidad de Lesa Humanidad.
Según el fiscal, «la psiquiatra que dictaminó en favor de la exclusión del proceso de Muñoz es quien había sido su médica personal y actualmente es la terapeuta de su esposa, lo que comprometía su objetividad y justificaba que se declarara nulo su dictamen».
Además, reveló que durante un allanamiento realizado en la vivienda de Muñoz se secuestró un papel con instrucciones que, a criterio de la Fiscalía, «indudablemente refieren al modo en que debía comportarse Muñoz para simular una supuesta imposibilidad de comprender y así manipular el resultado de la pericia».
«Más llamativo aún –continuó el fiscal– es que el contenido del dictamen de la perito psiquiatra señala haber encontrado durante el examen realizado a Muñoz similares signos reveladores de incapacidad mental que aquellos reseñados en la nota hallada en su casa».
