El Juzgado de Instrucción 12ª, a cargo de Mónica Lamperti, resolvió procesar al destituido juez Alejandro Martín como coautor en los delitos de “estafa, de asociación ilícita, defraudación y falsedad ideológica” en la causa donde se investiga el retiro de dinero de cuentas del Banco Municipal que mantenían depósitos judiciales. El ex magistrado, que también resultó procesado por “prevaricato”, no fue considerado, sin embargo, jefe de la asociación ilícita tal como había pedido la Fiscalía. Por su parte al martillero Oscar Kovalevski, quien ya estaba procesado como “organizador” de la asociación ilícita que extraía dinero de cuentas judiciales que por distintas razones estaban prácticamente paralizadas –no registraban movimientos durante largo tiempo, incluso años– se le mantuvieron los cargos y se le sumó el de “falsificación de documento público”, en función de nuevos elementos de prueba que se hallaron en su computadora. Los abogados de ambos ya apelaron los procesamientos.
Martín, quien se desempeñaba como juez de primera instancia de Distrito en lo Civil y Comercial Nº 17, fue destituido en octubre pasado. El Tribunal de enjuiciamiento aplicó para el comportamiento del magistrado las figuras previstas en la ley 7.050 y sus modificatorias 11.115 y 12.949, referidas a las causales de remoción de los jueces, sancionándolo por “ignorancia manifiesta del derecho o carencia de alguna otra aptitud esencial para el ejercicio de la función judicial, reiteradamente demostrada; incumplimiento reiterado de las obligaciones del cargo impuestas por la Constitución, leyes o reglamentos, acordadas o resoluciones judiciales, o infracción de sus normas prohibitivas”.
Acusado de asociación ilícita, estafas reiteradas, defraudación y falsedad ideológica, entre otros delitos, por apropiación de dinero que se encontraba “congelado” en cuentas judiciales en el Banco Municipal, Martín había sido suspendido de sus funciones y la jueza Lamperti había pedido su desafuero y había procesado al secretario de su juzgado, Ricardo Lavaca, al martillero Kovalevski, y a los abogados rosarinos Luciano García Montaño y Jorge Heter, quienes fueron condenados a tres años de prisión y fueron suspendidos temporalmente de sus cargos a través de un juicio abreviado. El monto de las presuntas maniobras investigadas asciende en principio a un millón de pesos, pero la investigación continúa se sospecha que puede ser mucho mayor.
