Una mujer conocida como Mamu, su mano derecha y una de sus hijas fueron procesadas por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual por el juez Marcelo Bailaque del Juzgado Federal 4, quien les dictó la prisión preventiva y las embargó por 200 mil pesos en el marco de la resonante causa que investiga el accionar de una red delictiva en San Lorenzo. A su vez, los otros tres detenidos a principios de este mes recibieron la falta de mérito y recuperaron la libertad, explicó el fiscal a cargo del caso, Claudio Kishimoto.
La resolución del magistrado se dio a conocer este martes y alcanza a Miriam Soto, conocida como Mamu y sindicada como la líder de la organización, su mano derecha Marisa V. y una de sus hijas: Valeria María de los Ángeles G., quienes fueron procesadas por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Bailaque les dictó la prisión preventiva a las tres. En tanto, Diego S., Franco S. y Solange Celeste G., la otra hija de Mamu, recibieron la falta de mérito y recuperaron la libertad. Estas seis personas fueron apresadas e indagadas a principios de octubre tras un operativo del personal de Gendarmería, quienes también allanaron la base de operaciones de la banda: un drugstore de Oroño al 800, en San Lorenzo. En la causa, Mamu está apuntada como quien dirigía una banda de al menos 12 personas. En dicha oportunidad, desde el fuero federal detallaron que si bien el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, no fue citado a indagatoria, sigue vinculado a la investigación tras sospechas de amparar o encubrir parte de las actividades ilícitas.
El expediente menciona a Mamu como la integrante de la banda que toma las decisiones, atiende a los clientes y administra el dinero de las actividades ilícitas. Las investigaciones incluyen a sus hijas –también detenidas– como colaboradoras de primera línea junto a Marisa V.
Para los fiscales Claudio Kishimoto, de la Fiscalía Federal 2 de Rosario, junto a Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), la organización funcionaba desde al menos febrero del año pasado.
Inicio de la causa
El Juzgado federal 4 lleva adelante la investigación disparada por una denuncia radicada en San Nicolás: una joven relató que fue captada por una mujer a la que identificó por su apodo, Mamu. Dijo que se había separado de su pareja en un contexto de violencia de género y recaló, en la búsqueda de un empleo, en el negocio de San Lorenzo. La denunciante apuntó que desde allí se organizaba un negocio ilegal de prostitución y venta de drogas prohibidas. Agregó que incluía a transportistas encargados de llevar a los clientes –la mayoría desde el puerto sanlorencino– y a las chicas hasta tres hoteles también bajo sospecha de integrar la organización. En el proceso de averiguaciones judiciales aparecieron además testimonios sobre la participación de miembros de fuerzas de seguridad –un policía provincial y un miembro de la Guardia de Infantería– y una posible complicidad del gobierno local con la banda, en este caso como “protector” y garante de impunidad. Las presunciones de encubrimiento llegan hasta la cabeza del Ejecutivo local: Raimundo.
Según los testimonios, en el drugstore de Oroño al 800, de San Lorenzo, se comercializaba droga –aunque este delito no fue corroborado aún– y se acordaban los llamados pases a través del pago de copas, mientras que en tres hoteles de la ciudad se concretaban los servicios sexuales. Ambas actividades, sostiene la pesquisa, tenían su tarifa en dólares, habida cuenta de que sus clientes eran extranjeros embarcados que llegan a los puertos de la zona norte del Cordón Industrial.
Para la pesquisa, había un aceitado sistema de transporte llevado adelante por taxistas, pero también contaba con protección del funcionario, describieron en dicha oportunidad.
