El juez procesó, además de a Martínez Rojas, a Juan Carlos Blander, Gabriel Martín Moraut, Henry Omar Castro Vargas, Carlos Alberto Ruiz Díaz, Carlos Roberto Antivero, Marcelo Mauricio Caña, Pablo Javier Batista, Diego Javier Chaves, Esteban Oscar Díaz, Rodrigo Ezequiel Roldan, Juan Carlos Moreno, Ovidio Leonardo Ramírez, Omar Osvaldo Ontivero, Alejandro Agustín Marostica Spahn y Juan Zacarías Sosa. Según el magistrado, todos ellos “invadieron el inmueble sito en la calle Amenábar 23″ de la ciudad de Buenos Aires «violentando los cerrojos de acceso y cambiando las cerraduras», para después expulsar del interior a Norma Fernández, Gabriel Agüero y Nahuel De Lima, «despojando de tal modo a los trabajadores de la Cooperativa de Trabajo Por Más Tiempo Limitada de la posesión del mismo”.
“El despojo –añade la resolución, de unas 80 páginas– fue cometido mediante violencia y amenazas dirigidas a los nombrados Fernández, Agüero y De Lima que se encontraban en el momento de la intrusión cumpliendo funciones laborales dentro del inmueble, a quienes profirieron frases tales como: «Tomátelas, tomátelas por las buenas o si no te vas a tener que ir por las malas»; «Bájese que se va», y «Andate a la mierda», las cuales resultaron intimidantes para los nombrados”.
Aquella madrugada, la redacción de Tiempo fue escenario del peor ataque a un medio de comunicación en la Argentina desde el regreso de la democracia. De Lima sufrió “puntapiés en el tórax y abdomen que le causaron las lesiones consignadas en la historia clínica labrada en el Hospital Rivadavia”.
El rol del comisario Azzolina es central en la reconstrucción de lo ocurrido. Los integrantes de la patota explicaron que habían sido contratados por Martínez Rojas a través del policía, a quien conocían porque con la empresa All Acces realizaban la seguridad privada del Hipódromo de Palermo en coordinación con personal de la comisaría 31° de la Policía Federal Argentina, que posee jurisdicción en el lugar.
“Ello permite suponer la existencia de una relación de mayor cercanía entre Martínez Rojas, Azzolina y el personal policial de la comisaría 31°”, sostuvo el juez.
Cuando se cumplió el primer aniversario de aquella salvajada, Federico Trofelli escribió en Tiempo: “El copamiento del edificio de Amenábar 23, en Colegiales, era el último escollo que le restaba sortear a Martínez Rojas para hacerse definitivamente de Radio América y eliminar a la cooperativa Por Más Tiempo. Visto a la distancia, no hay dudas de que la compra de ambos medios era un fraude planificado por Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, quienes buscaban ganar tiempo y desgastar la protesta de los trabajadores que intentaban la continuidad laboral o, al menos, ser indemnizados”.
El premio de ese combo (unos 400 trabajadores del diario y la radio en la calle sin indemnización) para el ignoto correntino era la licencia de la radio. El estafador ya había tomado la planta transmisora por la fuerza, cometiendo graves delitos federales, y nadie le había puesto un freno.
Los íntimos contactos de Szpolski, Garfunkel y Martínez Rojas con los peores hombres de los servicios de inteligencia garantizaban el accionar mafioso. La policía, la Justicia y parte del oficialismo no fueron ajenos a esta estrategia. Como ejemplo, basta decir que los empresarios cobraron hasta el último peso de pauta (decenas de millones) por parte del gobierno de Mauricio Macri. Si bien era una deuda contraída por el gobierno de Cristina Fernández, el macrismo ni siquiera cuestionó el pago a quienes acababan de vaciar un grupo de medios.
La madrugada de ese 4 de julio, Martínez Rojas, Blander y unos 20 delincuentes más esperaron el peor momento de la tormenta que caía sobre Buenos Aires para romper la puerta de emergencia de la radio. Minutos antes, habían parado a un patrullero de la comisaría 31ª para advertir que iban a cometer la maniobra delictiva. Sin un papel que acreditara la propiedad o el alquiler del lugar, la policía le dio cobertura para manejarse con holgura: una vez dentro, los intrusos echaron a golpes a los tres trabajadores que pernoctaban, tal como lo había dispuesto el Ministerio de Trabajo de la Nación, y resguardaban los elementos de trabajo. Nahuel De Lima, que cuenta con una grave discapacidad motriz, fue el más afectado”.
El único sobreseído por los sucesos de aquella madrugada fue el cerrajero Guillermo Carrasco. El juez estableció: “No surgen pruebas que permiten acreditar que el nombrado formó parte del plan criminal investigado en autos, con el conocimiento y la voluntad realizadora requerida por los tipos penales analizados a lo largo del presente resolutorio. Por el contrario, debe destacarse que el relato efectuado por el nombrado al momento de declarar no deja dudas en cuanto a su falta de participación en los hechos investigados, habiendo brindado detalles de cómo los mismos se desarrollaron que claramente hablan de su ajenidad con los mismos”.
