Este viernes por la mañana, la Justicia federal de Rosario informó el procesamiento de Jorge Alberto Menegozzi por el delito de administración fraudulenta, en calidad de “partícipe necesario”. Se trata de la causa que investiga los delitos económicos cometidos durante la última dictadura contra La Vigil (Gaboto 450), la histórica institución ubicada en barrio Tablada, en la zona sur de la ciudad. Es la primera vez que procesan a un civil en esta causa.
La historia del saqueo contra La Vigil empezó el 25 de febrero de 1977 cuando policías, agentes de la Marina, contadores y abogados entraron al edificio y decretaron una “intervención normalizadora”. El operativo estuvo bajo el mando de Agustín Feced, jefe de la policía local. Esa intervención estuvo vigente hasta bien entrada la democracia: hasta 2013.
Menegozzi es contador y fue el tesorero de la intervención desde el año 1977 hasta el año 2005. Roberto Frutos, de la gestión actual de La Vigil, explicó a este medio: “Estuvo 28 años, al 2005 prácticamente no tenía actividad pero sí tenía fondos remanentes y junto con el entonces interventor, liquidador, que era Emilio Echen, un abogado, todavía disponían de fondos remanentes que utilizaban prácticamente a su antojo porque no había ningún tipo de control de ninguna instancia estatal ni judicial. En 2005 él renuncia porque un año antes se había formado la asamblea para recuperar Vigil: ahí empezamos a activar y a denunciar”.
A Menegozzi lo consideran “uno de los máximos responsables civiles de todo el proceso liquidatorio de Vigil”, por eso esta noticia los tiene muy contentos y expectantes.
La Vigil era una de las instituciones culturales más importantes de Argentina y de América Latina: antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976, tenía 20 mil socios y 60 mil libros; en menos de veinte años, una enorme comunidad había sido construida desde el armado de una vecinal hasta la construcción de salones para jardín de infantes, escuela primaria y secundaria, editorial propia, una sala de teatro, una biblioteca, campo de deportes, hasta un observatorio astronómico. Fueron muy conocidas las rifas que se vendían por todo el país para sostener el trabajo de La Vigil. El robo del lente de un telescopio de origen alemán, uno de los pocos en el mundo, fue uno de los robos más importantes contra la institución.
Ya intervenido el espacio, el 10 de mayo de 1977 empezaron los secuestros: ochos miembros de la comisión directiva estuvieron detenidos como desaparecidos y fueron torturados durante meses. Cuando los soltaron lo hicieron bajo el régimen de “libertad vigilada”.
Cuando se reabrieron las causas de lesa humanidad en esta jurisdicción, la Justicia dividió el expediente de Vigil en dos: por un lado, lo que consideró “delitos contra las personas” (secuestros, torturas); por otro, los delitos económicos. Las querellas siempre se opusieron a esta medida, que en efecto dejó de lado los delitos económicos, una pata tan difícil de juzgar a pesar de los más de 350 juicios que se hicieron en Argentina desde 2006.
Los secuestros fueron investigados y juzgados en la megacausa Feced. La investigación de los delitos económicos venía encontrando varios obstáculos por eso esta noticia se sintió como un enorme logro y una bocanada de aire fresco en un contexto de serios ataques contra esta agenda judicial.
Gabriela Durruty, abogada querellante por Apdh, dijo a este medio: “Para probar la administración fraudulenta de los bienes de Vigil que fueron desguazados, no sólo apelamos a numerosísimos testimonios, que se dieron en el juicio oral donde se ventilaron los delitos contra la comisión directiva y contra la comunidad de Vigil; sino además la expertise técnica del equipo del economista Sergio Arelovich para poder rastrear y ponerle un número, un monto, una valoración, una evaluación a todos los bienes de los que fue despojada la Vigil. Además, hubo una fiscalía que nos acompañó mucho en esto, a cargo de Federico Reynares Solares. Es un avance importante en materia jurídica y simbólica”.
Tanto Durruty como Frutos destacaron que esta resolución se dé en un contexto de ataques diarios a esta agenda, también teniendo en cuenta la absolución de todos los acusados en la causa Villazo, ocurrida en noviembre de 2025 y que también incluía la pata civil de la represión ilegal aunque no por delitos económicos sino porque el la responsabilidad de empresarios en delitos como secuestros y torturas.
El trabajo sostenido del equipo jurídico de Apdh desde su constitución como querellantes en la causa tuvo como fruto la noticia de este viernes. Además, fue fundamental el trabajo de investigación de Natalia García, docente e investigadora de la Facultad de Humanidades y Bellas Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). “Nos ayudó a reconstruir mucho de la trazabilidad de los bienes que había tenido Vigil, algo que fue muy difícil debido a los años y debido a que estos delitos llevan en su modo comisivo la procura de la propia impunidad”, explicó Durruty.
Los hechos específicos por los que se procesó a Menegozzi, que en noviembre del año pasado había sido citado a indagatoria, son “maniobras financieras irregulares”, es decir se lo acusa de haber realizado informes financieros con irregularidades, carentes de información suficiente y sin documentación de respaldo (como órdenes de pago o cheques) que los avalaran. También se lo acusa de haber facilitado maniobras contra el patrimonio de la institución a lo largo de los años y que en su rol de tesorero en vez de custodiar y controlar las cuentas colaboró con el accionar ilícito de los interventores.
La resolución judicial, además, subraya que estos delitos se dieron en un contexto de crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado argentino entre 1976 y 1983.
“Es un logro impresionante, es un logro colectivo donde se sumaron numerosas voluntades para tratar de avanzar en la parte más difícil de las responsabilidades de la dictadura que tienen que ver precisamente con los delitos económicos. Siempre supimos que de mínima correspondía el delito de administración fraudulenta”, sintetizó la abogada.
