Problemas para el concejal y precandidato a intendente de Santo Tomé, Ángel Piaggio: la Justicia lo procesó por malversación de fondos durante su última gestión a cargo del Ejecutivo municipal (2003-2007) y embargó sus bienes por 100 mil pesos. Orlando Pascua, el juez que lleva la causa –abierta a partir de una denuncia del actual mandatario, el radical binnerista Fabián Palo Oliver–, consideró que existen pruebas suficientes para estimar que se cometió el delito y procesó al kirchnerista Piaggio –quien buscará retomar el gobierno de su ciudad por la lista del Frente para la Victoria– por los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según publicó ayer el portal Santo Tomé al Día, a Piaggio se lo investiga por “desviar fondos por la suma de 777.736,40 pesos”. La Cámara de Apelación había fijado un plazo para que el juez se expidiera con relación a la causa contra el ex intendente. Ese plazo se cumplió el último lunes, pero la semana pasada –el miércoles 27– Pascua procesó a Piaggio por malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes en el marco de la causa que investiga su accionar entre 2003 y 2007. La presentación inicial, a cargo de Palo Oliver en representación del municipio, fue sostenida por una auditoría encargada a la Universidad Nacional del Litoral por el actual jefe comunal como principal prueba.
La decisión ordenada el 27 de abril por el Juzgado en lo Penal Correccional de la Tercera Nominación, a cargo de Orlando Pascua, contempla además un embargo por la suma de 100 mil pesos a los bienes del actual concejal santotomesino y precandidato para las primarias del 22 de mayo. Piaggio había prestado declaración indagatoria “bajo la imputación de haber dado una aplicación diferente de aquella a la que estaban destinados a fondos administrados durante su gestión como intendente de la ciudad de Santo Tomé”, dice el fallo redactado por la Secretaría del Juzgado en lo Penal Correccional de la Tercera Nominación.
El juez Pascua señaló que los elementos probatorios reunidos son “mérito suficiente para estimar que se cometió el hecho por el cual el imputado pudo tener responsabilidad penal como autor”. Y agrega, sobre la situación de Piaggio: “Decláreselo procesado por los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículos 260 y 248 del Código Penal). Trábese embargo en sus bienes hasta cubrir la suma de cien mil pesos ($ 100.000) librándose la correspondiente orden al oficial de Justicia”.
En el escrito judicial se enumera el origen de los fondos a los que Piaggio habría dado una aplicación diferente de aquella a la que estaban destinados. Hay fondos provenientes del Ministerio de Trabajo de la Nación, dentro del “Plan integral para la promoción del empleo Más y Mejor Trabajo”, para la realización de cursos –que nunca se realizaron– por la suma de 46 mil pesos. El convenio por el cual el municipio de Santo Tomé recibió ese dinero data de 2005.
También hay fondos recibidos por la ciudad enviados por el gobierno de la provincia, entonces a cargo de Jorge Obeid, para una obra de pavimento flexible dentro del Programa Obras y Equipamiento de Municipios y Comunas por 169.203,92 pesos. Hay otros fondos, provenientes del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento para la obra de agua corriente del barrio Las Vegas, por la suma de 25.866,09 pesos. Y hubo dinero proveniente del gobierno nacional –por resolución 87/07– con destino a la adquisición de equipamiento de bombeo por 100 mil pesos.
En tanto, la Justicia también detectó el desvío de fondos provenientes de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo con destino a la obra de cloacas del sector sudoeste de Santo Tomé por 316.691,25 pesos. Y fondos provenientes del Ministerio de Asuntos Hídricos de la provincia con destino a la obra de colector Balcarce, por la suma total de 195.537,27 pesos.
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